site builder

La actividad política del doctor Antonio Parra se inicia con la Revolución Juliana el 9 de Julio de 1925, que creó el Banco Central del Ecuador, dictando importantes leyes monetarias, aduaneras y tributarias.

Fue designado por la Junta Provincial del Gobierno de la Revolución Juliana como concejal del cantón Guayaquil donde se destacó el voto en contra del doctor Parra al contrato con la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. Posteriormente fue Secretario de la Gobernación en la época del doctor Carlos Coello.

Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1944-1945, en representación de la Provincia del Guayas. Tuvo participación importantísima tanto en la redacción de los artículos relativos a temas internacionales en la nueva Constitución, así como en la defensa del Archipiélago de Galápagos (oposición a su alquiler a los Estados Unidos por 99 años), en la devolución de los bienes a los ecuatorianos y extranjeros que fueron puestos en las listas negras durante la guerra, y en muchos otros temas.

Participó en las Comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente sobre Economía de Problemas de la Pos Guerra; Finanzas y Bancos; Comercio; y Relaciones Exteriores. La Comisión de Relaciones Exteriores a la que más se dedicó, estuvo integrada, además, por los señores Dr. Francisco Arízaga Luque, Dr. Manuel Elicio Flor, Dr. Alfonso Larrea Alba, Dr. Carlos Cueva Tamariz, Dr. Armando Espinel Mendoza, Dr. Alfonso Zambrano, Dr. Abel Romeo Castillo, Dr. Gabriel Cevallos García, Modesto Larrea Jijón, Enrique Gil Gilbert, Coronel Carlos A. Pinto y Teniente José María Plaza Lasso. 

He escogido, para reproducir las intervenciones e informes que he considerado más importantes sin respetar un orden cronológico, incluido un artículo del Dr. Manuel Medina Castro.

Concejal y Secretario de la Gobernación


La actividad política de mi padre se inicia con la Revolución Juliana, que apoyó desde el periódico “La Idea”, que editaba junto con sus amigos Colón Serrano Murillo, uno de los más importantes socialistas del Ecuador, y Teodoro Alvarado Oleas, político y empresario de éxito, a más del respaldo personal y político que, junto con otros jóvenes de entonces, dieron a la revolución, nacida como consecuencia de los sucesivos gobiernos liberales, producto del fraude electoral, al servicio de la banca costeña, en especial del Banco Comercial y Agrícola, el verdadero poder económico y político.

El 9 de julio de 1925 en Guayaquil, un grupo de oficiales jóvenes, entre los que se destaca el mayor Ildefonso Mendoza, se levantaron en armas contra el poder injusto y corrupto imperante. No quisieron tomar el poder y conformaron una Junta Provisional de Gobierno integrada, entre otros, por los guayaquileños Doctores Francisco Boloña, eminente médico; Pedro Pablo Garaicoa y Francisco Arízaga Luque, exitosos abogados, el último de los cuales era mi tío abuelo, hermano de mi abuela materna.

La Revolución Juliana intentó acabar con la Banca abusiva y corrupta, que luego vimos renacer. Creó el Banco Central del Ecuador, dictando importantes leyes monetarias, aduaneras y tributarias.

La Junta Provisional de Gobierno designa a mi padre Concejal del cantón Guayaquil, junto con personalidades como la el Dr. José Darío Moral, época en que se debatió y suscribió, con el voto en contra de mi padre y el del Dr. Moral, el contrato con la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc.

Cuando el Dr. Moral dejó la Presidencia del Consejo Cantonal de Guayaquil para ocupar la Gobernación del Guayas, mi padre lo acompañó como Secretario de la Gobernación. Al poco tiempo muere el Dr. Moral, y lo sustituyó el Dr. Carlos Coello, que ratificó a mi padre.

Cuando el Dr. Isidro Ayora dejó el gobierno, luego de cinco años y medio de Jefe de Estado, afrontando la interpelación y censura de su Ministro de Gobierno, Dr. Julio E. Moreno, y la sublevación del batallón Zapadores del Chimborazo, nombró Ministro de Gobierno, encargado de todas las carteras, al Coronel Larrea Alba, y renunció ante el Congreso, que encargó el Gobierno al Coronel Larrea Alba, Ministro de Gobierno, conforme a la constitución vigente en esa época.

El Coronel Larrea Alba, encargado del poder, formó su gabinete con personalidades de la época: Ministro de Relaciones Exteriores designó al señor Modesto Larrea Jijón; al Dr. Angel Modesto Paredes, Ministro de Educación; al Coronel José Antonio Gómez González, Ministro de Defensa; al Dr. Andrés F.Córdova, Ministro de Obras Públicas; y, a mi padre, a quien nombra Subsecretario de Gobierno, encargado de la Cartera más importante.

Sufragando en Elecciones de Universidad de Guayaquil


Corría el año 1933. El desgobierno era total. Había muerto el Presidente, hombre del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, cuando se convoca a la VII Conferencia Internacional Americana, a celebrarse en Montevideo.

El Dr. José Vicente Trujillo, gran amigo de mi padre, que siempre lo ayudó, que conocía el entusiasmo de mi padre por la política internacional y su pasión por el derecho internacional, sobre muchos de cuyos puntos tenían interpretaciones opuestas, llamó a mi padre desde Quito, y le propuso ser uno de los Delegados a la Conferencia. Mi padre aceptó y marchó de inmediato.

No recibió instrucciones de Cancillería porque prácticamente no había gobierno. En el viaje -nos contaba mi padre-, llevó algunos libros y pensó mucho, ordenando sus ideas.

Los Delegados ecuatorianos procedieron con libertad y se repartieron las Comisiones. Esa libertad de actuar le dió libertad para exponer sus ideas. Y expuso la doctrina de la solidaridad obligada de los pueblos hispanoamericanos, que elaboró y presentó con ocasión de su tesis doctoral. Expuso el derecho de los pueblos latinoamericanos para concesiones mútuas, como excepción a la aplicación de la claúsula de la nación más favorecida. Defendió a Cuba y resaltó, desde esa época, la necesidad de defender los precios de las materias primas.

>Ministro de Cobierno de Velasco Ibarra


El Dr. José María Velasco Ibarra, elegido Presidente para su primer mandato, también hispanoamericanista convencido, felicitó a mi padre por su actuación en Montevideo y “haber presentado teorías que honran al país y defienden a Hispanoamérica”, manifestándole el deseo de entrevistarse a su regreso a Guayaquil.

Consejero de la Embajada


Se entrevistaron, le ofreció la Cartera de Educación y lo invitó para que lo acompañara, formando parte de la Delegación, en el viaje que como Presidente Electo haría a Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Mi padre aceptó el Ministerio, asi como acompañarlo a la gira presidencial.

La gira a Colombia fue todo un éxito. Gobernaba el país hermano el gran Alfonso López Pumarejo. El Dr. Velasco Ibarra pidió a mi padre que hablara en Bogotá, en el Hotel Colón, en una reunión organizada por El Tiempo de Bogotá.

Mi padre, que siempre fue especialmente cariñoso con sus hijos, me envió, teniendo apenas unos meses de vida, un “telegrama” anunciándome que hablaría en Bogotá.

Luis Enrique Osorio, uno de los jóvenes intelectuales colombianos de mayor prestigio, comentó la intervención de mi padre en un extenso artículo publicado en El Tiempo de Bogotá, de agosto 20 de 1934, que tituló “La Doctrina Parra Velasco”, que publico in extenso en el capítulo correspondiente a la “Doctrina Parra Velasco.

Luis Enrique Osorio manifestó que “uno de los más francos éxitos ideológicos que se ha registrado durante el año” en la capital colombiana, “fue el obtenido en el foyer del Colón por el joven intelectual guayaquileño Antonio Parra Velasco, consejero de la Embajada de Velasco Ibarra, cuando EL TIEMPO le invitó a exponer su doctrina internacional”.

“Aunque en este altiplano somos bastante áticos y nos pegamos más de la forma que de la audacia mental -continuó-, y aunque a lo largo de medio siglo nos hemos concretado más al pulimento de la idea localista que al esbozo de los grandes ideales, la palabra recia del expositor, impulsada más por la fuerza creadora y por la vehemencia del litoral que por la mesura retórica, cautivó a los mismos retóricos.” “Sonó como un yunque el alma del auditorio cuando Parra Velasco martilló a todo músculo de forjador social las frases medulares de su doctrina”

“Parra Velasco es un guayaquileño”, dijo Luis Enrique Osorio, o “Guayaquil es la ciudad que encarna la cultura del trópico, frente a la cultura de transición de los altiplanos andinos.” “Me atrevería a llamarla la hija legítima de Angostura.” “Si los gobiernos férreos han amordazado el espíritu de aquella urbe del Orinoco donde se redactaron las bases del grancolombianismo, Guayaquil resultó una depositaria fervorosa y celosa del principio bolivariano.”

Mi padre tuvo un indiscutido éxito. Al acto asistió el Dr. Velasco con su comitiva, además del Presidente de Colombia, y gran cantidad de políticos e intelectuales colombianos. Fue una jornada triunfal.

Guardo una muy extensa correspondencia con mi padre, y entre toda ella tengo, con especial cariño, el telegrama que me envió siendo yo un infante de menos de un año, en el que me anunciaba la Conferencia, que reproduzco en este libro, en artículo de Luis Enrique Osorio.

Innovación en la educación



El Presidente Electo, Dr. José María Velasco Ibarra, inició otra gira, esta vez al sur, acompañado de una selecta comitiva. La primera escala fue Lima. Tuvieron gran exíto. La oratoria fogosa del Presidente hizo vibrar las masas. Se dirige al pueblo limeño desde los balcones del Hotel Bolívar. Hubieron muchas atenciones pera el futuro Presidente Ecuatoriano e intercambio de fraces con el Presidente Benavides, sobre la necesidad de llegar a un acuerdo final y mejorar las relaciones. Siguieron a La Paz, Bolivia, que se encontraba en guerra con Paraguay (la Guerra del Chaco). Mi padre estaba preocupado porque mi hermano Paco estaba enfermo. En Santiago de Chile se enteró, que mi hermano se encontraba muy grave (con bronconeumonía.), y de inmediato se embarcó en un pequeño avión -cedido gentilmente por el Ministerio de Defensa de Chile-, rumbo a Guayaquil. Llegó tres días después. Le dejó una nota al Presidente Velasco explicando la situación, y excusándose de regresar así, intempestivamente.

En la posesión del Dr. Velasco Ibarra se destacó la oratoria elegante y clásica del Dr. José V. Trujillo, Presidente del Congreso, tan distinta a la oratoria fogosa, apasionada, emotiva y profunda del Dr. Velasco Ibarra. El Presidente Velasco designó Ministro de Gobierno al Dr. Alberto Ordeñena Cortez; de Hacienda a Don Víctor Emilio Estrada; y de Educación Pública a mi padre, que trató de innovar la educación, modernizándola. Trajo como asesor a Luis Enrique Osorio -educador, escritor, ensayista y hombre de teatro colombiano, con quien había entablado una muy buena amistad que duró hasta la muerte de Luis Enrique Osorio y continuó con su familia-. Instauraron las Repúblicas Escolares, de las que se habló mucho, para que la juventud se acostumbre a la democracia desde niños, eligiendo entre ellos diputados, presidente, etc., de tal manera que en el futuro defendieran la democracia. Se inició la construcción de muchos colegios fiscales, así como se renovaron las gestiones para el resurgimiento de la Escuela Politécnica, clausurada por Veintimilla, etc.

Duró poco en el Ministerio de Educación. Las discrepancias surgieron porque el Dr. Carrión Toral, a quien mi padre había nombrado en un importante cargo del Ministerio, atacaba al gobierno; y porque se negó a cancelar al Lic. Colón Serrano Murillo, profesor del Vicente Rocafuerte, en ese entonces también Diputado, no sólo porque era su gran amigo sino porque tenía pleno derecho, como diputado y como ciudadano, de opinar como quisiera.

El licenciado Colón Serrano Murillo, ilustre ecuatoriano, fue uno de sus más entrañables amigos. En carta que dirigió a un amigo, del 30 de marzo de 1978, le decía:

“Un buen amigo mío, y muy ilustre compatriota nuestro, el Licenciado Colón Serrano Murillo, ha ido a esa, con la esposa, para tratarse y probablemente operarse en el Jackson Memorial Hospital. Se aloja en el hotel adscrito a ese hospital. Mucho le agradecería si pudiera visitarlo y ayudarlo en lo que esté a su alcance. A Colón Serrano le debe nuestra Patria muchos servicios, muy especialmente el haberse pronunciado con extremadamente elocuencia en el Congreso Nacional que conoció del caso Bonifáz, en contra de la aprobación de la idoneidad de ese señor para Presidente de la República, ya que se había proclamado peruano toda su vida. La elocuencia y el patriotismo de Colón, decidió la votación y se salvó la República de ese bochorno. Vinieron después “los cuatros días” y corrió sangre en Quito…… Gracias anticipadas.

Del Ministerio de Educación pasó al de Hacienda, cartera que ocupaba el banquero y político guayaquileño Don Víctor Emilio Estrada Sciacaluga. Al poco tiempo renunció al Ministerio de Hacienda e inmediatamente se trasladó a Guayaquil. El Presidente Velasco Ibarra le insistió que se quedara, pero la decisión fue definitiva. En cada estación del tren se acercaba el Gobernador o el Jefe Político, a pedirle en nombre del Dr. Velasco que regresara. Todo fue en vano..

Paco, mi querido hermano, fue el segundo de los Parra en ocupar un Ministerio y, por coincidencia, en el último Gobierno del Dr. Velasco. Ocupó la cartera de Salud Pública.

Caracas, Diciembre 21 de 1950

Sr. Dn. Colón Serrano,

Guayaquil.

Mi querido Colón,

Hace algunos meses te escribí, para cumplir con el penoso deber de expresarte mi condolencia por la muerte de tu hijito. No era una condolencia de cortesía, sino un mensaje muy sentido que trataba de traducir los sentimientos de nuestra vieja amistad, para mí de mucha significación. Me apenó hondamente tu sufrimiento.

No te guardo resentimiento por no haberme contestado, porque yo sufro del mal que te atribuyo: el de no ser muy afecto a la correspondencia, y dejar siempre para otro momento que juzgamos más propicio para escribir a los amigos, momento que al fín no llega nunca. Pero en cambio, -como yo-, sabes querer a tus amigos, que están presentes en tu espíritu y a quienes das tu amistad verdadera.

Más esta carta no ha tenido por objeto reclamarte contestación a la mía, sino renovarte la expresión de mis sentimientos de vieja amistad, y desearte, para tí y los tuyos, unas felices Pascuas y un próspero año nuevo, aunque bien comprendo que tu duelo reciente, – tan íntimo-, será un obstáculo invencible para que mis votos puedan cumplirse.

Siempre te recuerdo con el cariño de siempre y guardo en mi memoria los gratos momentos de nuestra ya ida juventud, pasados juntos en esa. (Por ejemplo, ese viaje en bote a Sabanillas, con Teodoro y Panchito Campos, y tu canción acompañado de tu guitarra; o ese otro incidente de una guitarra que motivó la indignación de cierto oficial de policía. . . . )

Cumplí mis 50 años (¿quien creyera? . . . . ) hace pocos días y con esa ocasión congregué alrededor mío, – espiritualmente- , a mis mejores amigos: allí estabas tú, en primera línea.

Recibe, mi querido Colón, un abrazo muy afectuoso de tu viejo e invariable amigo.

Ministro de Gobierno de Antonio Pons


Caído el Dr. Velasco [“me lancé contra las bayonetas”, fue su célebre frase para explicar el derrocamiento] asumió el poder su Ministro de Gobierno, el joven médico guayaquileño Dr. Antonio Pons, conforme a la constitución vigente. El Dr. Pons ofrecía a mi padre, una y otra vez, la cartera de Educación. Mi padre se negó a aceptarla. Intervino el Dr. José Vicente Trujillo, su amigo al que tanto debía, que le insistió que aceptara, argumentando que en realidad fue el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, quien, desde el Senado, destituyó al Dr. Velasco; que el Gobierno del Dr. Pons estaba lleno de arroyistas, y que él -el Dr. Trujillo-, necesitaba a alguien de su confianza en ese gobierno. Mi padre aceptó, consciente que ello lo enemistaría con el Dr. Velasco Ibarra. No podía negarse a un pedido de quien siempre y tanto lo había servido, siempre desinteresadamente. Terminado el gobierno del Dr. Pons, mi padre se reintegro a la Universidad, a su cátedra de Derecho Internacional Público y Privado, y al ejercicio de su profesión de abogado.

Perseguido político


Mi padre fue amigo del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, que expresaba que había sido uno de los alumnos más brillantes que había tenido. Pero el Dr. Arroyo, al contrario que el maestro Trujillo, era exclusivista, maniqueo, y exigía incondicionalidad, todo lo cual se oponía al carácter de mi padre. Arroyo, más que amigos tenía áulicos. Nunca comprendió la estrecha amistad de mí padre con Trujillo que, por el contrario, nunca pidió exclusividad y menos incondicionalidad. Siempre fue noble en ese sentido, y aun cuando muchas veces sus ideas eran distintas, siempre se respetaron.

El ejercicio profesional también enfrentó a mi padre con el Dr. Arroyo del Río. Fueron constantes los enfrentamientos. Uno de los últimos fue cuando mi padre, amigo del señor Carlos Pérez Noriega, asumió su defensa en un desagradable caso de bienes en depósito. El gerente del almacén de depósito de Don Carlos Pérez Noriega, se percató que las cajas dejadas no contenían los bienes declarados. Sólo habían piedras. Fue un juicio duro, complejo, que los enfrentó con dureza.

Pero quizás el mayor distanciamiento fue el del problema territorial con el Perú, aunque mi padre siempre comprendió que la situación en 1941 y 1942 fue especialmente compleja, desde la absoluta inferioridad militar, y que al firmarse el Protocolo de Río de Janeiro, se dejó constancia clara del uso de la fuerza

El Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río encarceló y desterró a mi padre. Quedamos solos y con pocos recursos.

Un día se le presentó el intendente de policía y le comunicó que debía salir del país o que se lo trasladaría a Quito, al Panóptico y sería desterrado. Mi padre no aceptó el extrañamiento voluntario. Nadie, dijo, lo podía obligar a exiliarse voluntariamente. Lo detuvieron de inmediato, y luego de unos días, que lo mantuvieron en los calabozos del cuartel de los “Carabineros”, de madrugada, lo trasladaron a Quito.

El viaje en tren obligaba a pernoctar en Riobamba. Tuvo un trato cordial con el pesquisa (policía secreto) que lo acompañaba. Le dió toda clase de facilidades, y le permitió que llegara a un hotel, donde pudo comer racionalmente, asearse y dormir cómodamente, antes de ingresar al Panóptico en Quito. Llegados a Quito, el mismo pesquisa (policía secreto) le permitió alojarse en el Hotel Majestíc, donde después de un buen baño con agua bien caliente y una comida ligera se acostó a dormir. A la una de la madrugada, aproximadamente, le tumbaban la puerta y de inmediato entraron cuatro o cinco policías y lo llevaron al Panóptico. Un amigo anónimo, sin duda allegado al Gobierno del Dr. Arroyo, le hizo llegar un colchón y una cobija. Lo tuvieron algunos días detenido en el Panóptico, hasta que lo embarcaron en un bus interprovincial, con otros presos políticos, y con el correspondiente salvoconducto, los dejaron en la frontera colombiana.

En Cali vivió casi un año, solo, con muy escasos recursos. Sorpresivamente, un buen día, el gobierno decretó amnistía para los presos políticos y los desterrados.

Dos veces perdió su biblioteca, y ambas por incendio. La primera fue en los años cuarenta, cuando un avión (el Diablo Rojo) cayó en el edificio donde mi padre tenía su estudio (Calles Chile, entre las de Clemente Ballén y 10 de Agosto). La segunda se perdió en el incendio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, localizada en la esquina de Pichincha y Aguirre.

Pocos años ejerció la abogacía. Fue gran abogado. Entre sus casos más famosos está el juicio colusorio en defensa de los propietarios de un valioso predio contiguo a Guayaquil, en lo que hoy se conoce como cerro azul, demanda que no firmó –en su lugar lo hizo su primo Dr. Gustavo Domínguez Buchelli- porque ya había sido designado Embajador en Venezuela; la defensa del Banco Central del Ecuador, Sucursal Mayor de Guayaquil, por un pagaré; y un juicio penal, como acusador de un crimen de gran resonancia social.

Ministro de Relaciones Exteriores


Fue Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador en el Gobierno del ilustre guayaquileño Don Carlos Julio Arosemena Tola. La política internacional del Ecuador, durante esa época, se inspiró en los preceptos constitucionales y los intereses nacionales, ésto es en la solidaridad y colaboración con los pueblos Hispanoamericanos, procurando “la prosperidad y el progreso del Ecuador, armonizando sus intereses con los intereses generales de Hispanoamérica”, en el ámbito continental, y en el universal, colaborando con los fines y objetivos de la Organización de las Naciones Unidas, manteniendo “cordiales relaciones con todos los pueblos de la tierra”

La política internacional del Ecuador, durante el Ministerio de mi padre, se sustenta, en definitiva, en su doctrina de la solidaridad obligada de los Estados Hispanoamericanos, conforme a la cual esos Estados se encuentran unidos por un vínculo jurídico de solidaridad, que proviene de una serie de factores de orden moral, racial, cultural e histórico, que no depende de la voluntad de los gobiernos ni de los pueblos, que se ha producido en una forma natural, a medida que esos pueblos nacieron a la vida independiente.

Tres de los temas más sobresalientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de mi Padre se tratan en capítulos específicos: La Conferencia Económica Grancolombiana; su participación en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, en 1948; y la defensa de la equidad de los precios en el Comercio Internacional y las preferencias aduaneras.

En el ejercicio de la Cancillería visitó la mayor parte de los países de América.

El período comprendido entre fines de 1964 y1965 fue de agitación política. A fines de 1961, el Dr. José M. Velasco Ibarra se declaró dictador y dispuso la prisión del Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, el Vicepresidente de la República que en esa época Presidía el Congreso Nacional que, con el respaldo popular y de las Fuerzas Armadas, de la cárcel (el Panóptico) pasó al Palacio y asumió el poder. En julio de 1963, un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas traicionaron al Ilustre Presidente y lo destituyeron. Asumieron el poder, con una mezcla de desafueros y desaciertos. Pasaron a la historia con el calificativo que les irrogó el ilustre ex Presidente Arosemena Monroy: los coroneles de la traición. Esa nefasta dictadura se prolongó unos pocos años más.

El 20 de julio de 1965, desde Cuenca, entrevistaron a mi padre sobre la situación política de entonces, cuando aún gobernaban “los coroneles de la traición”. Mi padre declaró -en lo que se conoce como “la declaración de Cuenca”-, que “los acontecimientos últimos han reafirmado el criterio de que hay en el país un firme deseo de que cese, cuanto antes, la gestión política de las Fuerzas Armadas, y de que se proceda, sin demora, a la organización de un régimen constitucional, sobre la base de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. De otro lado, parecen haber claros indicios de que los altos dirigentes de las Fuerzas Armadas han tomado conciencia de esa realidad, y con espíritu elevado, se preparan a reformar los planes políticos formulados, con el fin de acoger los anhelos de la colectividad. Creo, por tanto, que nos acercamos a una etapa de cambios políticos fundamentales, realizados de manera ordenada y pacífica, y dentro del marco de los principios auténticamente democráticos del pueblo ecuatoriano, evitándose así los graves peligros que han venido amenazando la paz interna de la República y retardando su progreso.”

Puño en alto


Discurso de Antonio Parra Velasco con motivo de la entrega del busto del Dr. José Vicente Trujillo

El Dr. José Vicente Trujillo fue como lo tengo dicho, uno de los mejores amigos de mi padre. Lo ayudó en su juventud, cuando más lo necesitaba. El maestro Trujillo fue uno de los hombres más importantes del país, siempre generoso y noble. Mi padre le rindió un justo homenaje, instalándose su busto en la Avenida que lleva su nombre, en una urbanización que hicimos en sus tierras.

Amigo y Guia


Mi padre que presidió el Comité Pro-Monumento al Dr. José Vicente Trujillo, y pronunció el siguiente discurso, con ocasión de la entrega del busto en bronce del maestro Trujillo:

Señor Alcalde de Guayaquil,

Distinguido Auditorio:

Honda emoción me embarga de encontrarme aquí, ante la efigie del Maestro y noble amigo y de contemplar de nuevo, gracias a la magia del arte, su semblante sereno, su amplia frente henchida de pensamiento, su mirada diáfana y profunda expresión fiel en su alma grande y generosa, y en los labios sonrisa afable, con un leve asomo de escepticismo tolerante: emoción también por tener que cumplir el honroso y delicado encargo de los distinguidos Miembros del Comité de interpretar sus sentimientos de admiración y afecto por el Dr. Trujillo al igual que los de tantos otros conciudadanos de esta ciudad y de toda la República, que han contribuido a rendirle al Maestro el merecido homenaje de este momento.

Asomarse, siquiera brevemente, a la vida de un hombre sabio e ilustre como lo fue el Dr. José Vicente Trujillo, uno de los ecuatorianos más grandes de este siglo, no es tarea fácil.

Pensador y filósofo, educador iluminado, estadista de visión universal, internacionalista y diplomático de renombre, orador excelso, todo lo fue el Dr. Trujillo de manera preeminente, a la vez que fue varón de hondo sentido humano, de espíritu abierto a todas las ideas, humanistas puro, comprensivo de las grandezas y debilidades del alma, hombre a quien nada de lo que atañe al hombre lo era ajeno.

Mente clara y sin prejuicios, la suya. A la brillantez intelectual unía un criterio equilibrado que le permitía alcanzar la justa apreciación de las cosas y comprenderlo todo con espíritu ilustre.

Prestó invalorables servicios al país, en diversos campos de la actividad pública.

Su obra de educador

Tal vez el mejor título a la gratitud de sus conciudadanos, sea su obra de educador. Es invalorable su labor en el antiguo Colegio Vicente Rocafuerte como Catedrático y como Rector, en la época de oro de ese ilustre Plantel, al que elevó a la categoría de verdadera Universidad, por lo elevado y selecto de la enseñanza y el extraordinario prestigio alcanzado.

¿Quién de sus alumnos no recuerda con gratitud y añoranzas sus luminosas clases de Filosofía.?

Nuevo Sócrates, enseñaba a sus discípulos a pensar con independencia, descubriendo la verdad por sí mismo, sin sumisión a dogmas ni a sectarismos.

Supo suscitar valores humanos, exhortarlos, empujarlos hacia el éxito, sin egoísmos ni mezquindades… De sus discípulos hizo hombres, alentando en ellos nobles ambiciones espirituales.

Más tarde, prosiguió su obra fecunda en la Universidad, en las Facultades de Derecho y de Filosofía, y en la Escuela de Diplomacia.

En la esfera de las relaciones internacionales, su actuación fue de extraordinaria importancia.

Canciller de la República, de los más ilustres, desempeñó con lucimiento excepcional delicadas misiones y representaciones diplomáticas.

Fervoroso defensor de nuestro patrimonio territorial, le dolía la suerte amarga de nuestra Patria, herida por la injusticia.


Respetado en la ONU



En la ONU.

En las Naciones Unidas se le respetaba por la elevación de sus concepciones y la solidez de sus conocimientos. En verdad, en el Foro Mundial representó no sólo al Ecuador, sino también, moralmente y de hecho, por su talento y prestigio, a todos los pueblos hispanoamericanos cuyos intereses solidarios defendió con firmeza.

Le correspondió propiciar y afianzar la Constitución del Grupo Latinoamericano.

Fue también él quien, con visión universitaria, impulsó la fecunda política de entendimiento y colaboración entre los países subdesarrollados del llamado Tercer Mundo, y recordó a los Estados poderosos los deberes de justicia que les impone la moral Internacional, trabajando así, filósofo y humanista, por el afianzamiento de los ideales de solidaridad humana.

Excelso orador fue, como antes dije, y de los más grandes que ha tenido el Ecuador y la América Hispana.

Su oratoria no era la solemne, insustancial y de fáciles recursos de los retóricos, ni la violencia de los demagogos.

La suya fue oratoria de ideas y de armonía estética, realzada por el timbre melodioso de su voz.

Su voz – me parece estarla escuchando- era de contextura y belleza varoniles, imbuida de innata musicalidad.

Era cual instrumento de misteriosas resonancias que se adaptaba, en cada instante, a los cambiantes impulsos de su emoción.

En veces, cobraba tonalidades metálicas. Otras, semejaba la vibración de cuerdas invisibles al contacto de un arco de prodigio.

Y en la plaza pública, era órgano potente, de acordes de variable amplitud y hondura, que penetraban en lo más profundo de las conciencias.

Sus discursos

Algunos de sus discursos han quedado indeleblemente gravados en el recuerdo: el de Cuenca, por ejemplo, ciudad ilustre a la que dejó consagrada para siempre como “la Ciudad de Paz”, y ese otro, de exaltada defensa de Esmeraldas, su ciudad natal, dado en el Congreso de la República, en cuyo recinto se escuchó tantas veces su palabra directriz y encauzadora, en defensa de los altos intereses nacionales.

Y también -por qué no mencionarlo? -su discurso el 15 de Noviembre, luctoso Noviembre inolvidable- cuando por primera vez, en el Ecuador y en la América Hispánica, hace ya más de medio siglo, las clases trabajadoras reclamaron abiertamente condiciones de vida más dignas.

Ese discurso de defensa de una causa considerada justa – discurso de admonición y a la vez de llamamiento a la serenidad y a la concordia-, no pudo terminarlo…

No pudo terminarlo, porque lo interrumpió la Muerte, suprema dominadora de todo lo humano, la Muerte que llegó de súbito dando alaridos de metralla por boca de los Mausers de soldados enloquecidos del Marañón.

Día aciago para el Maestro, pero que no pudo doblegar la reciedumbre de su espíritu hecho para sobrellevar todas las vicisitudes.

Su alma grande se sobrepuso a la adversidad y prosiguió, entero, su ruta generosa de servicio, de estudio y de embellecimiento de su mundo interior, hasta que, pasados los años, cerrará sus ojos para siempre, tranquilo, sin temores ni angustias, con la conformidad del Justo y la serenidad de los sabios antiguos.

Me es honroso, Señor Alcalde, hacer entrega a Ud. del monumento al Maestro.

Discurso en Lima, con ocasión de los actos conmemorativos de la cuádruple Alianza y el Combate del Callao

Mi padre Antonio Parra Velasco, fue designado Jefe de la Delegación ecuatoriana a los actos conmemorativos de la cuádruple alianza y del Combate Naval del Callao, de mayo 2 de 1866. Pronunció el siguiente discurso:

Dos de Mayo de 1.866, ex­celsa gloria del Perú, de los pueblos de la Cuádruple A­lianza y de todo el Mundo Hispanoamericano! Hecho militar de trascendental significación histórica con el que culminó el vigoroso impulso de solidaridad hispanoamericana que guió la acción de nuestros pueblos y se expre­só en fecundas realizaciones jurídicas y en actitudes de comprensión y generosidad fraternales, que bien podemos añorar porque no se han re­petido en los cien años transcurridos desde entonces!

El Congreso Americano de 1.864, con su obra notable, y el combate naval del Callao, con su heroísmo ejemplar, fru­to fueron de ese espíritu de solidaridad, de ese ímpetu i­dealista, de esa irresistible fuerza moral surgida de la misma entraña del pueblo hispanoamericano, de ese senti­miento profundo de justicia y dignidad que nos unió en la defensa de nuestros derechos amenazados por la acción injusta de una gran nación de nuestra estirpe, momentáneamente ofuscada, quizá por el recuerdo de un Imperio perdido, si bien conservado incólume en la esfera inmaterial del sentimiento y de la cultura.

Resalta los Ideales Bolivarianos


Por entonces, no obstante ocasionales distanciamientos y controversias heredada del pasado, tenían aun vigencia real, a lo largo y a lo ancho de nuestra América Hispánica, los ideales bolivariano de unión y confederación, encaminados a la integración de nuestras patrias y a la defen­sa de nuestras soberanías, amenazadas por la creciente influencia dominadora de las grandes potencias, incitadas en sus ansias de expansión por nuestra dispersión y nuestra debilidad. Y es de justicia reconocer que al Perú le co­rrespondió, en ese brillante período de nuestra común his­toria, ocupar lugar destacado en la realización de esa polí­tica, por su fe en los princi­pios rectores de nuestro común destino y por el idealismo vi­sionario las vastas concepcio­nes y el espíritu americanista de los ciudadanos eminentes que dirigían su política internacional, por todo lo cual esta Ilustre ciudad de Lima tiene entre sus glorias la de haber sido la sede de los más importantes Congresos Internacionales de aquel tiempo.

Es la época en que el Canciller Juan Antonio Ribeyro, al convocar a la reunión del Congreso Americano, proponía como programa de acción, entre otros puntos, “declarar que los pueblos americanos forman una sola familia, ligados por los mismos principios y por idénticos intereses, a sostener su independencia, sus derechos autonómicos y su existencia nacional”, “dictar todas las medidas y aceptar todos los principios que conduzcan a la conclusión de todas las cuestiones sobre limites que son” -decía- en casi todos los Estados americanos, “causa de querellas internacionales de animosidades y aún de guerras, tan funestas a la honra como a la prosperidad de las naciones” y “dejar irrevocablemente abolida la guerra sustituyéndola con el arbitraje”; y en que el mismo Canciller, en las instrucciones que le daba a don Benigno Vigil, Encargado de Negocios en Buenos Aires, le decía: “Deberá V. S. tener pre­sente, que por la uniformidad de sus principios y por la co­munidad de sus intereses, las Repúblicas del Continente americano se encuentran colocadas en condiciones peculiares que establecen entre ellas una solidaridad de hecho y una mutua conveniencia que es de alta importancia sea reconocida por todas y elevada en lo posible a la categoría de un principio fijo de su política internacional”. “La seguridad el progreso material y mor­al de cada una de ellas des­cansa en está solidaridad, necesaria como natural y V. S. la defenderá en principio y la apoyará siempre que se presente la ocasión”

Es la época en que el insigne Canciller José Antonio Barrenechea se esforzaba por vigorizar la Cuádruple Alianza, procurando darles a los sentimientos de fraternidad que la inspiraban un contenido económico y político permanente, y trataba de solucionar con justicia y equidad los problemas que distanciaban a nuestros pueblos; y en que, con los Plenipotenciarios de Ecuador, Chile y Bolivia sentaba las bases del Tratado sobre Principios de Derecho Internacional, incluyendo entre las garantías de paz, la cláusula según la cual “Las Repúblicas Contratantes obedeciendo a sus antecedentes sociales, a las exigencias de la actualidad y a los principios que se proponen implantar en América declaran que jamás recurrirán a las armas, y la guerra nunca será entre ella el medio de hacerse justicia ni de obligarse al cumplimiento de lo pactado”.

Es la época en que el mismo eminente estadista doctor Barrenechea, refiriéndose a las negociaciones llevadas a cabo con el Ecuador, para la celebración de un Tratado de Amistad y Comercio, decía a su Gobierno, con altura moral poco común:

“Yo deseo que pase para el Perú la época en que se creía que el Arte Diplomático estaba destinado a sacar para sí, con engaño, las mayores ventajas, con perjuicio de la otra Parte Contratante. La verdad es lo que hay de más claro en este mundo; y el Plenipotenciario ecuatoriano ha sido tan capaz de percibirla en provecho de su patria como el peruano más interesado en la prosperidad de la suya”

Rindiendo tributo a su espíritu de auténtica fraternidad y de justiciera comprensión, la Universidad de Guayaquil honró, hace pocos años, la memoria de José Antonio Barrenechea, incluyendo su efigie austera, como representante del Perú, en el mural que, a la gloria de Bolívar y para exaltar el pensamiento internacional del Padre de la Patria­, fundado básicamente en el concepto de solidaridad hispanoamericana, exorna el Paraninfo Universitario: allí aparece el Libertador rodeado de los fieles a su política de Unión y confraternidad, -guerreros y estadistas, pensadores y juristas-, y allí está Barrenechea, junto a Rodó, y a Vasconcelos, y a Ugarte, y a don Antonio Varas, y al boliviano José de la Cruz Benavente, que también se destacó en el Congreso de Lima, y propuso, en nombre de su ilustre Patria, la adopción del principio de la Comunidad de Ciudadanía en la América Hispánica.

Tiempos de grandeza moral, de idealismo desbordante, de fe inquebrantable en los destinos de nuestro gran pueblo hispanoamericano!

El Ecuador estuvo entonces, como está siempre, en el puesto de honor que le corresponde cuando se trata de la defensa de los altos intereses morales y materiales de nuestras patrias.

Estuvo al lado del Perú y de las demás Repúblicas hispanoamericanas, participando, en los Congresos de Lima, con sus mejores hombres, en el común esfuerzo por estructurar jurídicamente la Comunidad Hispanoamericana, habiéndolo representado en el Congreso de 1864, esa figura cimera y ejemplar que fue Vicente Piedrahita, cuya sagacidad, patriotismo y decisión por la causa americana, aparecen nítidamente de las Actas respectivas.

Consta, en efecto, de las Conferencias protocolizadas, que tan pronto como Piedrahita llegó a Lima y se incorporó al Congreso, se solidari­zó, a nombre del Ecuador, con el contenido de la nota envia­da el 31 de octubre de 1.864, al Almirante Pinzón, para ex­presarle que la ocupación de las Islas Chincha afectaba a toda América, y pedirle su desocupación y entrega al Pe­rú; y consta asimismo, que conocida la respuesta del referido Almirante, de 2 de noviembre, propuso Piedrahita y así se resolvió, que los Gobiernos representados en la ¡Asamblea se dirigieran al Gobierno de España con el fin de “declararle la solidaridad” con el Perú y “de recabar la restitución de las islas de Chincha, cuyo secuestro”, -se decía-, “es una causa de profundas perturbaciones; debiendo expresarse además cuáles son las circunstancias que hacen del conflicto hispano-peruano un peligro continental y cuáles son los intereses legítimos que vulnera”

“La independencia; sobera­nía y honra de los Estados” -manifestó Piedrahita, en esa ocasión-, “se defiende con la justicia que las consolida, con las virtudes que las ilustran, ¡con los intereses encadenados que las sostienen!, y con las acciones que estén a la altura de las necesidades, de las ideas y de los sentimientos generosos en que ellas se fundan”.

Y cuando, en la Conferencia del 4 de enero de 1 865 el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú informó al Congreso Americano del Proyecto de Tratado que había sometido el Almirante Pareja, y pidió la opinión de los Plenipotenciarios americanos, Piedrahita expresó, en nombre del Ecuador, su opinión adversa al tratado.

Refiriéndose a la retención que pretendía hacer España de las islas en garantía del cumplimiento de las obligaciones que asumía el Perú, dijo Piedrahita que tal condición era “de carácter odioso para las Partes Contratantes” y que entrañaba “un vejamen innecesario, una ofensa estéril que afectaría, si se estipulase, la tranquilidad, la confianza y los intereses del Continen­te, sublevando contra ella la opinión pública de América”.

El Gobierno del General Pezet, no obstante el criterio ad­verso del Congreso America­no, consideró del caso firmar el Tratado, ocurriendo, enton­ces, lo que había previsto y anunciando Piedrahita: se sublevó la opinión pública americana y la conciencia nacional del Perú! Y triunfante la Revolución Restauradora, Gobierno del Perú proclamó la invalidez del Tratado Vivanco-Pareja, por haber sido impuesto al Perú por la coacción y la violencia, y ser contrario a la voluntad nacional y a la dignidad del país.

Había sonado la hora de la acción militar para contener las osadas incursiones de la escuadra española, y el Ecua­dor, en tal emergencia, estuvo nuevamente al lado del Pe­rú y de Chile.

Firmada por estos países la Alianza Defensiva y Ofensiva, el Ecuador se apresuró en adherir a ella, haciéndolo luego Bolivia, con lo que quedó constituida la histórica Cuádruple Alianza -“Desde el Cabo de Hornos hasta Guayaquil, Jorge Basadre-, la escuadra española no tenía dónde abastecerse ni descansar”.

Y llegó el glorioso Dos de mayo, y, una vez mas, estuvo el Ecuador con el Perú y su pueblo: hombres del Ecuador, residentes en Lima y el, Callao se unieron a los ciudadanos del Perú y de otros países hermanos, para resistir a los cañones de la escuadra de España, y luchar y morir por los altos intereses de la América toda.

La sangre ecuatoriana se regó junto con la del Perú en esa memorable jornada

Y puesto que hoy estamos, en cierto modo, pasando revista de presencia a esos muertos heróicos, permítase que el Ecuador llame también a los suyos, siquiera aquellos cuyos nombres se han salvado del olvido, y que conteste por ellos Muertos heróicamente en defensa “del Perú y del honor de Hispanoamérica”:

Coronel Miguel Zamora, a­yudante del comandante del Séptimo cañón de la Batería “Chacabuco”; Teniente Cipriano Lanas, sirviente de la Batería Chacabuco; Subteniente Manuel Dionisio Cortez, sirviente de la Batería Chacabuco; ciudadano Abel Ordóñez; sirviente de la Batería Chacabuco; Ciudadano Juan de Dios Elizalde, herido en la Torre de la Merced; ciudadano Roberto Espinosa, herido en la Torre de la Merced.

Y es de justicia recordar también los nombres de aquellos que se distinguieron en la lucha, aun cuando no les tocó la suerte de caer en esa gloriosa jornada:

Teniente Coronel Martín Lautaro Lamota, Comandante del Séptimo cañón de la Batería “Chacabuco”; Teniente Favio Solórzano, sirviente en “Chacabuco”; Ciudadano Abelardo Cucalón sirviente en “Chacabuco”; Teniente Vicente Rinajero, sirviente en “Zepita”; Subteniente Luciano Carcelén sirviente en “Zepita”; Capitán Felipe Gutiérrez, sirviente en “Zepita”; Ciudadano Pedro Mariño, sirviente en la Torre de La Merced; Ciudadano Mariano Rodríguez, sirviente en la Torre de La Merced; Capitán Antonio Mesías y Noboa, sirviente en la Batería del Pueblo; ciudadano Manuel Merino, subteniente en la Batería del pueblo; Ciudadano José Félix Luque, Cónsul del Ecuador, organizador y jefe de tres compañías de voluntarios ecuatorianos, condecorado por los altos servicios prestados al Perú el 2 de Mayo; Carmen Garcés de Reyes, heroína ecuatoriana que recorría las Baterías, durante el fuego del combate, animando a los soldados y auxiliando a los heridos; Juan Montalvo, cuando el Ecuador entró a formar la Cuádruple Alianza aplaudió esa decisión en “El Cosmopolita”, con estas palabras: “Ha hecho muy bien el Gobierno en formalizar esa Alianza que, aun cuándo no existiese en las formas diplomáticas era viva y efectiva en todos los corazones”.

Han pasado cien años, y respecto del Ecuador de hoy puede decirse lo mismo que expresaba Montalvo en 1866: está viva y efectiva en todos los corazones la Alianza con todos los pueblos hispanoamericanos en orden a la defensa de nuestros comunes intereses.

El huracán de la historia con sus acontecimientos, algunos de ellos hechos de tragedia y dolor, barrió hace mucho tiempo el pacto de la Cuádruple Alianza, pero para el Ecuador subsiste la obligación de solidaridad para con las Repúblicas hermanas, en virtud del mandato de su propia conciencia, traducido en la disposición constitucional que dice:

“El Ecuador, dentro de la comunidad mundial de naciones y para la defensa de sus comunes intereses territoriales, económicos y culturales, colaborará especialmente con los Estados iberoamericanos, a los que está unido por vínculos de solidaridad e interdependencia, nacidos de la identidad de origen y cultura. Podrá, en consecuencia, formar con uno o más de dichos Estados, asociaciones que tengan por objeto la defensa de tales intereses “.

Excelentísimo señor Presidente:

Interpretando los sentimientos de las distinguidas Delegaciones Especiales, formulo votos fervientes porque resurja y se fortalezca en todo el Mundo hispanoamericano el espíritu de solidaridad y confraternidad que inspiró a nuestros pueblos hace un siglo, el espíritu del 2 de mayo, de modo que tenga significación plena la expresión del gran poeta ecuatoriano que tanto amó y sirvió al Perú, Numa Pompilio Llona, cuando escribía con exaltación patriótica en 1875, en su Canto al Perú, en conmemoración del Combate del Callao:

“De la Historia en el Cielo, el Dos de Mayo cual otra Cruz Austral resplandeciente, hasta el futuro proyectó su rayo”.

“Gloria al Perú, que en trance sin segundo fue de América Arcángel prepotente y el campeón del porvenir del Mundo”.

Guayaquileños deben oponerse a la ampliación del Malecón

Hace muchos años se intentó ampliar el Malecón Simón Bolívar, con la intención de utilizar, para la venta, parte de las áreas resultado de la ampliación. Mi padre fue contrario a esa pretensión. En una entrevista consta su opinión, que dice:

El ex-Canciller de la República, Dr. Antonio Parra Velasco, cuestionó el proyecto de ampliación del Malecón Simón Bolívar, calificándolo al mismo como “insensato”, toda vez que considera que al reducirse el ancho del río Guayas se estará destruyendo una de las más grandes bellezas naturales que tiene esta ciudad.

El río Guayas, agregó, representa y forma parte de la historia guayaquileña, sin embargo, dijo, todo lo valioso que la naturaleza le ha dado a este puerto, por la acción depredadora del hombre se va perdiendo paulatinamente y la ciudad va quedando desprovista de su marco ecológico.

Defiende la belleza del Rio Guayas


Según el doctor Parra Velasco, los argumentos que han sido presentados por el cabildo porteño para reducir el ancho del río Guayas “no son válidos, ya que el propósito que se persigue con ello -explicó- es obtener recursos vendiendo los nuevos espacios y construyendo avenidas y parques, todo lo cual no compensa de ninguna manera el valor de la belleza natural del citado río que ha “sido orgullo de esta ciudad, de sus anteriores generaciones y ojalá de las futuras”.

Recordó, así mismo, que hace muchos años se pretendió construir un muelle en la orilla del río, en el sector de la Avda. Olmedo, comenzando a construir la obra una compañía que invirtió mucho dinero. Sinembargo, añadió, en el momento menos pensado el caudal del río arrasó prácticamente con lo que se había ejecutado y los pilotes que habían sido colocados se aflojaron, hasta que, finalmente, la fuerza de la corriente del agua se los llevó, sin que se supiera más de los mismos y, lógicamente, del muelle que pensó construirse.

Para concluir y al tiempo de indicar su seguridad de que el gobierno no avalizará la ejecución del proyecto en mención, el Dr. Antonio Parra Velasco instó a los guayaquileños a expresar su desacuerdo con la construcción de esa obra que, insistió, de realizarse destruirá la belleza natural e histórica del río Guayas.

Don Vicente Lecuna fue uno de los más ilustres venezolanos contemporáneos, historiador, Bolivariano insigne y como tal no sólo defendió el auténtico pensamiento del padre de la Patria, sino, también, “la verdad histórica” de Guayaquil, ofendida con una supuesta peruanidad.

Mi padre gestionó y obtuvo, para felicidad de todos, que el muy Ilustre Municipio guayaquileño enalteciera la figura del ilustre venezolano, [cuyo busto se encontraba en nuestro viejo malecón, hoy en las modernas instalaciones de “Guayaquil 2000”] y lo declara ciudadano Honorario de Guayaquil.

En recuerdo de éste hecho, que los guayaquileños y ecuatorianos, en general debemos perennizar, reproduzco el acuerdo, una carta que mi padre dirigió al egregio Lecuna y un cruce de telegramas entre Don Vicente Lucuna y el Dr. Rafael Mendoza Avilés, Alcade de Guayaquil.

Que el eminente Historiador venezolano Sr. Dr. Dn. Vicente Lecuna ha dedicado importantes estudios a la Historia de Guayaquil, especialmente en lo relativo a la célebre entrevista entre el Libertador Bolívar y el General San Martín.

Que el Sr. Dr. Vicente Lecuna ha defendido la verdad histórica y sostuvo públicamente la nacionalidad de Guayaquil, interviniendo, al efecto, en la polémica que se produjo, hace pocos meses, en Caracas, entre el Embajador del Ecuador, Sr. Dr. Antonio Parra Velasco, y el Embajador del Perú, Sr. Dr. Eduardo Garland Real.

Que es deber de la Institución reconocer los méritos y exaltar la labor de los hombres que profesan la verticalidad de la Historia Americana, poniendo de relieve los altos valores del Espíritu.

Acuerda:

Declarar al Sr. Dr. Dn. Vicente Lecuna Ciudadano Honorario de Guayaquil;

Invitarlo a visitar la Ciudad para rendirle el tributo de aprecio que su obra ha merecido;

Enviar el original de este Acuerdo al Dr. Lecuna; y Publicarlo por la prensa.

Dado en la Sala de Sesiones del M. I. Consejo Cantonal en Guayaquil, a 23 de julio de 1953.

Dr. Rafael Mendoza Avilés Dr. Julio Pimentel Carbo

Alcalde Municipal Secretario Municipal

Carta de Antonio Parra Velasco a Vicente Lecuna

Guayaquil, Julio 16 de 1953.

Sr. Dr. Dn. Vicente Lecuna,

Caracas.

Mi querido Doctor y amigo,

Lleno de íntima complacencia le doy la grata noticia, que sin duda, la conoce ya Usted por noticias cablegráficas, de que el Ayuntamiento de Guayaquil ha dictado, en la Sesión Solemne del día de ayer, realizada con motivo de la conmemoración de la Fundación de la Ciudad, un Acuerdo declarándolo a Usted, Ciudadano Honorario de Guayaquil, e invitándolo a visitar este histórico puerto “para rendirle el tributo de aprecio que su obra ha merecido”.

Remito a Ud. un recorte tomado del diario El Telégrafo, que contiene, en primera página, el Acuerdo en referencia.

No deje Ud. de venir, mi querido Doctor, cuando sus importantes ocupaciones, y su salud lo permitan. Podría Ud. viajar en barco, directamente desde la Guaira a Puná, donde irían a recibirlo las Autoridades y sus amigos y admiradores. La Compañía Italiana, que cuenta con excelentes naves, hace escalas en La Guaira y en Puná. Ese viaje, por mar, podría significar para Ud. un descanso. De Guayaquil, si su salud se lo permitiera, podría Ud. ir a Quito, por tren, deteniéndose en Riobamba, para admirar el Chimborazo. Todo esto, en caso de que no le fuera posible viajar en avión. Deme a conocer su resolución favorable, para cooperar con el Ayuntamiento de modo que pueda aprovechar su estadía en esta tierra que es suya, de la mejor manera.

No necesito decirle cuanto lo recuerdo y cuan grande es mi gratitud por la ayuda generosa que se dignó Ud. brindarme, con ocasión de la polémica que me vi en el caso de sostener con el Señor Embajador del Perú, lo cual hizo Ud. no obstante los graves quebrantos de salud que, por entonces, padecía. Tampoco puedo olvidar las nobles expresiones de adhesión a mi Patria, que siempre escuché de sus labios.

Reciba mi querido Doctor, los mejores recuerdos de su amigo, que mucho lo aprecia y admira.

Antonio Parra Velasco.

Mi dirección: Apartado No 758, Guayaquil.

Cablegrama de Don Vicente Lecuna

Caracas 10 de agosto de 1953

Ilustre Concejo Cantonal de Guayaquil

El Ecuador celebra el aniversario más glorioso de nuestra independencia en recuerdo de la primera manifestación de amor a la libertad dada por nuestra América Española, hago votos sinceros por la prosperidad de esta hermosa ciudad y de todos los componentes del ilustre concejo cantonal

Agradecido compatriota.

Vicente Lecuna.

Cablegrama del Dr. Rafael Mendoza Avilés, Alcalde de Guayaquil

Guayaquil, 11 de agosto de 1953

Vicente Lecuna

Caracas

Agradezco nombre mi ciudad emocionada felicitación compatriota glorioso día libertad americana celebramos ayer Ilustre Concejo Cantonal tiene profunda fe ideal americanista sostenido mentalidades vigorosas como usted siguen gloriosa tradición abnegados padres de la patria..

Dr. Rafael Mendoza Avilés

Alcalde Municipal de Guayaquil

Nuevo cablegrama del Alcalde de Guayaquil

Guayaquil 3 de octubre de 1953

Dr. Vicente Lecuna,

Caracas

Nombre Municipalidad Guayaquil hónrome invitarlo se digne concurrir fiestas nueve de octubre para que reciba personalmente el homenaje de reconocimiento y gratitud va a tributarle este municipio a nombre pueblo guayaquileño viaje podría Ud. hacerlo por vía Panamá ruégole confirmación a efecto situar pasajes correspondientes atto. Saludo.

Alcalde de Guayaquil

Cablegrama de Don Vicente Lecuna

Caracas 17 de febrero de 1954

Al Ilustre Consejo Cantonal de Guayaquil

Guayaquil – Ecuador

Hallándome gravemente enfermo me despido de ustedes y de todos mis amigos ecuatorianos a quienes he amado como compatriota.

Vicente Lecuna.

Antonio Parra Velasco fue designado miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya el 7 de mayo de 1959, y se mantuvo como tal, hasta su muerte (28 de octubre de 1994)

La Corte permanente se sustenta, básicamente, en los convenios de la Haya sobre solución pacífica de los conflictos internacionales, celebrados el 29 de julio de 1899 (Ecuador se adherió), y del 18 de octubre de 1907 (Ecuador la suscribió).

Como Presidente de la Sociedad Bolivariana de Guayaquil, pronunció las siguientes palabras a un grupo de jóvenes portadores de la Antorcha Bolivariana:

La antorcha que lleváis adelante representa el espíritu de Bolívar que quiso, para nuestros pueblos, independencia, libertad y justicia.

Y también unidad, porque para Bolívar su Patria no era sólo la Venezuela de su nacimiento, ni la Grancolombia que él fundó en Angostura, sino toda la América Hispánica, desde México a la Patagonia, porque para él, nuestros países constituyen una nación de Repúblicas.

Bien está, por tanto, que se le honre y recuerde, en el Ecuador y en toda América, como año del bicentenario de su nacimiento, llevando a cada una de nuestras patrias, esta antorcha simbólica de la libertad y la unión.

Llevadla pues, jóvenes estudiantes, a lo largo del territorio ecuatoriano con el afecto y respeto del Ecuador, para que llegue al final de la jornada a la ciudad natal de Bolívar, a la gentil Caracas, cuna de la Libertad, como él con justicia la llamó.

Siempre atento a sus amistades


Mi padre fue muy cumplido con sus amigos. En la carta que transcribo analiza, en breves brochazos, el libro que le enviara uno de ellos.

Caracas, Diciembre 10 de 1950.

Sr. Dr. Dn. Próspero Morales Pradilla.,

Calle 12 Norte No. 6-30.

Cali.

Muy distinguido amigo,

Hace varios meses fué muy grato para mí recibir su libro “Mas Acá”, con una amable dedicatoria.

Pude contestar enseguida, agradeciendo el envío. Pero preferí esperar para leer el libro, y luego escribir al buen amigo.

Ahora lo he leído, y por eso le escribo. Mejor dicho, lo he acabado de leer, lectura realizada poco a poco, de manera a saborear cada página y cada capítulo. De ese modo, he estado en su compañía, oyéndolo conversar; escuchando sus agudas observaciones con el mismo agrado como lo hacía cuando me era dado encontrarlo en esta Capital, y gozar de su charla salpicada, a cada instante, de ideas interesantes y de conceptos llenos de originalidad y de profundo valor.

Su libro vale mucho. Ha creado Ud. en Ricardo Vatel, un personaje de profundo sentido humano, cuya angustia ante los problemas que se presentan al hombre de nuestro tiempo y de nuestros países, es la angustia de que padecemos muchos. Ha pintado Ud. con mano maestra, el drama psicológico de nuestra juventud hispanoamericana, a la vez que la gran comedia en medio de la cual el drama se produce. Innumerables son las frases y los conceptos que me han emocionado, y que ahora constan marcados al margen de las páginas, como suelo hacerlo cuando la lectura me cautiva.

Le agradezco, pues, mi querido amigo, por el valioso y amable obsequio, y, al pedirle me perdone por el atraso en hacerle llegar mi agradecimiento, le ruego que no deje de enviarme cuanto nuevo libro publique. Especialmente, me agradaría recibir “Perucho” y “La Colombia que yo conozco”.

El original de esta carta va a Cali, a la dirección que Ud. me dejó, y una copia a El Tiempo, en Bogotá, porque me ha dicho nuestro buen amigo el Dr. Gaviria que Ud. está colaborando en ese importante diario. Ojalá llegue a sus manos.

En alguna otra oportunidad le escribiré acerca de lo que hasta ahora se ha logrado en cuanto a colaboración económica grancolombiana, pues bien recuerdo el vivo interés de Ud. en ese problema. Por ahora le estoy enviando a Bogotá (al cuidado de El Tiempo) un ejemplar de la revista Prontuario Jurídico, de esta Capital, en la que han dedicado unas cuantas páginas a reseñar los progresos alcanzados en ese aspecto. Ojalá le parezca interesante.

Hago votos porque Ud. se encuentre bién en unión de su esposa (a quién le ruego presentar mis respectos) y de sus hijitos.

Reciba un cordial saludo de su afectísimo amigo,

Antonio Parra Velasco.

Carta de Don Próspero Morales Padilla

Bogotá, Diciembre 20 de 1950

Señor Doctor

Antonio Parra Velasco.

Caracas.

Mi estimado Embajador:

Gratísima sorpresa me causó su carta del diez próximo pasado, recibida junto con el interesante ejemplar de “El prontuario jurídico”, en donde se advierte su influencia idealista y noble. Inmediatamente escribí para “El Tiempo” la nota, cuyo recorte le adjunto, que le ruego interpretar como un modesto aporte a su obra y no como manifestación de mi descaecido lenguaje periodístico.

Sus conceptos sobre “Mas Acá” me ha enorgullecido. Es muy placentero para un modesto escritor, como yo, contar con lectores de su inteligencia y de su bondad. Mil gracias, nobilísimo embajador!

Mucho lamenté no poder conversar con usted cuando estuvo en Bogotá, durante el mes de agosto próximo pasado. Pero, precisamente en esos días, estaba yo a la sombra de las circunstancias, para emplear un eufemismo que Ud. sabrá entender. Espero que, en ocasión más placentera, tenga yo el privilegio de volverlo a escuchar, para recibir sus lecciones de fraternidad grancolombiana y de fe en América.

Desgraciadamente, no puedo remitirle, por carencia de esos libros. “Perucho” y “La Colombia que yo conozco”. En cambio, le estoy enviando, por correo ordinario, dos libracos míos que aparecieron en este año: “In………………., una necesidad de Colombia” y “Cianuro y otras bebidas”. Este último está integrado por doce cuentos deshilvanados, que, Ud., tendrá que perdonarme.

Debo manifestarle también que en “El Tiempo” he adelantado una constante campaña a propósito de los ideales grancolombianos, por cierto glosados en “El Universal”, de Caracas, por el señor José González. Además, por mi conducto, están a sus órdenes las columnas de ese diario. Ojalá tenga tiempo de utilizarlas para bien de nuestras patrias.

Mi señora se une a mí para desearle, en compañía de los suyos, unas felices pascuas y un venturoso 1951.

Reciba el atento y cordial saludo de su devoto admirador,

Prospero Morales Padilla.

Entre los documentos de mi padre tengo una ponencia que presentó, como miembro de la Delegación del Ecuador sobre “el problema indígena y la economía iberoamericana”, de abril 19 de 1940, en Conferencia sobre el tema, celebrado en México.

No he logrado obtener información sobre el título de la Conferencia o reunión, pero estoy seguro que no debió tratarse de algo oficial, porque mi padre no hubiera aceptado ser Delegado del Gobierno. despótico de entonces, ejercido por el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, que lo persiguió y llegó a desterrarlo.

Aparentemente la Conferencia se reunió en Pázcuaro México. El planteamiento de mi padre está precisamente relacionado con su doctrina. La ponencia dice:

El Problema Indígena



El problema indígena y la economía iberoamericana

Se ha dicho en este Congreso que la situación desfavorable del indígena, en los países Hispanoamericanos, obedece a la estructura económica semi-feudal de nuestros Estados y, en general, a la política económica interna seguida, equivocada e injusta.

Y tal es la verdad, pero solamente una verdad parcial, porque la situación del indígena en nuestros países es el resultado tanto de la estructura económica semi-feudal de los Estados Hispanoamericanos, -estructura que mira a la economía interna de cada Estado-, como de su estructura económica semi-colonial, estructura que mira al aspecto externo de la economía, es decir en cuanto a las relaciones de cada economía estatal con las demás economías del Mundo.

Hay, en efecto, una política económica interna, que se refiere a las condiciones económicas imperantes al interior de cada país, que mira a la organización económico-social del conglomerado humano que forma el Estado, que se preocupa de la riqueza y de su reparto, de la producción y sus formas, del trabajo y sus condiciones, en una palabra que establece las condiciones económicas en que se desenvuelve el medio social. Y hay también una política económica externa, es decir que considera a la economía de cada Estado, como un todo, en cuanto a sus relaciones con las demás economías de los otros Estados, política que mira, sobretodo, a la forma y condiciones del intercambio de las riquezas de los grupos humanos, es decir, al comercio internacional.

La deplorable situación en que se encuentra el indígena en Hispanoamérica obedece, a mi manera de ver, tanto a la estructura económica semi-feudal, que caracteriza, en lo interno, a nuestros Estados, -concentración de tierras, injusto reparto de la riqueza, explotación sistemática del indígena, limitación de sus derechos humanos, falta de protección por parte del Estado, privación de tierras, aguas, crédito, falta de caminos, de técnicas, etc…..-, resultado de una política económica interna equivocada, como a la estructura económica semi-colonial que nos caracteriza en lo externo, y que hace a nuestros países esencialmente dependientes de los grandes Estados altamente industrializados del Mundo, resultado, en parte, de una política económica externa equivocada.

En este Congreso nos estamos preocupando de aconsejar medidas, muy acertadas por cierto, para solucionar el problema del indio en el primero de los aspectos anotados, es decir en el que mira a la economía interna de cada Estado; hemos aconsejado medidas encaminadas a quebrar la estructura semi-feudal de nuestros Estados: que se le proporcione al indígena tierras, agua, crédito, caminos, ayuda técnica, moral y material del Estado; que se respeten sus características sociales; que se adapten a las comunidades indígenas sistemas cooperativos modernos; que se proteja al indio en su biología, en su economía, en su cultura, en sus derechos dentro de la comunidad nacional.

Pero tengo la impresión de que hemos omitido el aspecto externo del problema, que no hemos hecho nada. Quebrar también, en beneficio del indio, la estructura económica semi-colonial de nuestros estados, aconsejando también medidas de política económica externa como hemos aconsejado medidas de política interna.

Esa omisión es la que me propongo salvar, sometiendo a la consideración del Congreso unas breves observaciones acerca de ese aspecto externo del problema, examinando en qué consiste esa estructura económica semi-colonial, cómo afecta a nuestras economías, cómo repercute desfavorablemente sobre las masas trabajadoras y en especial, sobre la población indígena y qué medidas podrían arbitrarse para cambiar esa situación desventajosa.

La estructura semi-colonial de nuestros Estados se caracteriza por el hecho de que son esencialmente productores de materias primas para fomento de los países altamente industrializados y, a la vez, consumidores de los productos industriales que dichos países manufacturan, con nuestras mismas materias primas. Esa es la doble cadena que, en la vida económica internacional, nos ata a los grandes Estados industrializados del Mundo, situación que se refleja en la pobreza general de nuestros pueblos, en la miseria de nuestras clases trabajadoras, y, de manera preferente, en la masa de la población indígena, que proporciona la mayor parte del elemento humano de trabajo: asalariados de la agricultura, la minería y la industria, sometidos a salarios de hambre.

La razón de ser de esa doble dependencia económica está en el hecho de que cada uno de nuestros Estados Iberoamericanos cuenta tan solo con un mercado interno pequeño, para el desarrollo de su economía.

Bien sabido es que la potencialidad económica de los países está en relación con el mercado interno de que pueden disponer para el desarrollo de sus industrias. No cabe gran industria sin un gran mercado interno que le de vida. Esta es una verdad fundamental que hemos olvidado los iberoamericanos.

Y ocurre que, constituyendo cada uno de nuestros Estados sólo un pequeño mercado económico desligado de los demás por las murallas aduaneras, ninguno puede contar con una industria lo suficientemente desarrollada como para consumir siquiera una parte apreciable de las materias primas que produce. Y como no tenemos en cada uno de nuestros Estados, mercado interno para nuestras materias primas, nos vemos forzados, para sacarles a nuestras riquezas naturales siquiera un mínimo provecho, de entregarlas a la explotación de empresas pertenecientes a esos grandes países industrializados, para que ellos, que tienen grandes mercados de consumo, y consecuentemente grandes capitales sean quienes las exploten, casi en su provecho exclusivo. Y así nuestras riquezas naturales pasan al dominio de los países altamente industrializados. Y así nuestras economías iberoamericanas resultan depender económicamente de esos países altamente industrializados, que disponen de nuestras riquezas naturales y nos imponen sus productos manufacturados.

Por otra parte, contando dichos países con un vasto mercado interno, pueden desarrollar una gran industria, la cual está en la posibilidad de competir con la industria nacional de cada uno de nuestros Estados, no tan solo en los demás Estados Iberoamericanos, sino aún dentro del mercado interno nacional, a pesar de la defensa de las tarifas aduaneras elevadas.

La industria nacional, pequeña de suyo, sólo soporta la desigual competencia extranjera y se defiende de ella a costa de imponer precios altos al consumo interno, es decir, encareciendo el costo de la vida y reduciendo los salarios, aplastando así al trabajador entre dos pesos económico; al elevado costo de la vida, y los bajos salarios. Y tal situación crea otro vinculo de dependencia económica que soportan nuestros Estados y se traduce en pobreza general, pública y privada, y en miseria del asalariado indígena.

Qué medidas son aconsejables para cambiar esas condiciones económicas desfavorables que gravitan sobre nuestros pueblos?

Pues si la pequeñez de cada uno de nuestros mercados internos es causa primordial de nuestra desfavorable situación económica, procedamos a formar un gran mercado interno común, unificando nuestras economías parciales, permitiendo que circulen libremente nuestras riquezas, dando recíprocamente preferencias a nuestros productos, sirviéndonos mutuamente de mercado para la expansión de nuestras industrias.

Para formar ese mercado interno común se requiere que las tarifas aduaneras sean abolidas en nuestras relaciones comerciales mutuas, para que se incremente el intercambio y circule la riqueza, y para que cada producto nuestro esté protegido, dentro de la unidad económica así formada, contra la competencia desigual de los productos manufacturados por los Estados altamente industrializados.

El amplio mercado común dará nacimiento a grandes industrias en nuestros países, las cuales consumirán una parte importante de nuestra materia prima, y dará trabajo bien remunerado a nuestros trabajadores. Y así, paulatinamente, conquistaremos nuestra independencia económica, en función de la necesaria interdependencia universal.

El establecimiento de la Unión Aduanera Iberoamericana, mediante la supresión absoluta de las barreras aduaneras es la meta deseable. Hasta tanto se logre realizar ese elevado propósito, por lo menos deben nuestros Estados concederse recíprocamente un trato aduanero preferencial y exclusivo que vaya fomentando paulatinamente el intercambio de nuestros productos y desarrollando nuestra riqueza común.

En el aspecto contemplado, es evidente que la situación de los Estados Unidos de América es absolutamente distinta de la que caracteriza a los Estados Hispanoamericanos, puesto que dicho país se encuentra en un alto grado de industrialización, debido precisamente a que cuenta con un vasto mercado interno.

El punto esencial, que he creído del caso someter a la consideración de este Congreso, es el de que el problema económico del indio, en Hispanoamérica, no debe ser considerado y resuelto únicamente en sus aspectos particulares, examinándolo solamente en sus condiciones específicamente indígenas, aislándolo, por así decir del problema económico global, sino que debe ser considerado también, necesariamente, en relación con todo el progreso económico de nuestros pueblos, conjuntamente considerado, en virtud de que, en verdad, la situación económica general de cada uno de nuestros países repercute, directa e ineludiblemente, en la economía indígena.

La clamorosa situación que soporta el indígena, en nuestros países, constituye en muchos casos tan solo la extrema agravación de un estado de pobreza y de postración económica que, de manera general, gravita sobre todas nuestras clases trabajadoras, y sobre la gran mayoría de la población, cualquiera que sea su característica étnica, tanto más que, con frecuencia, el mestizo asalariado se encuentra en iguales condiciones de miseria que el indio.

Para conseguir, como decía elocuentemente el Lcdo. Lombardo Toledano, “desenvolver los propios recursos de nuestros países para poder participar en la vida internacional de un modo más ventajoso y más progresista”, no tan solo es necesario conseguir la emancipación económica interna de nuestros indígenas, sino también la externa de todo el conglomerado social, como conjunto solidario, no tan solo es necesario destruir el semifeudalismo en que vivimos, sino también el semi-colonialismo que caracteriza a nuestras relaciones económicas internacionales,

Conclusiones

De todas las consideraciones expuestas, puede llegarse a las siguientes conclusiones, que someto al examen del Primer congreso Indigenista Interamericano:

1) Que en los Estados Hispanoamericanos, el problema económico, social y cultural del indio guarda intima relación con la estructura económica semi-colonial que caracteriza a dichos Estados, esencialmente productores de materias primas para fomento de los países altamente industrializados y consumidores de los productos que dichos países manufacturan;

2) Que la referida estructura económica semi-colonial se conserva debido, sobretodo, a la política comercial que siguen dichos Estados en sus relaciones mutuas, consistente en la imposición de tarifas aduaneras elevadas que entraban su comercio recíproco, creando, en cada Estado, un mercado interno pequeño que no permite un amplio desarrollo agrícola e industrial, política que favorece la competencia de los países altamente industrializados y anula el beneficio de las grandes riquezas naturales que dichos Estados Hispanoamericanos poseen, colocándolos en situación de dependencia económica frente a los países que están en una etapa mas avanzada de evolución económica;

3) Que la formación de un amplio mercado interno en dichos Estados Hispanoamericanos, mediante la concesión recíproca de preferencia aduaneras exclusivas, al fomentar el intercambio de sus productos y favorecer su desarrollo industrial, les permitirá liberarse de su actual dependencia económica semi-colonial, y aprovecharse ellos mismos de la mayor parte de sus riquezas naturales, situación que se traduciría, de manera natural, en el mejoramiento económico, social y cultural de sus poblaciones indígenas, elevando su standar de vida;

4) Que, en el aspecto contemplado, la situación de los Estados Unidos de América es distinta de la que corresponde a los Estados Iberoamericanos, puesto que dicho País cuenta con un vasto mercado interno y se encuentra en un alto grado de industrialización;

5) Que, en consecuencia, es aconsejable que los Estados Hispanoamericanos, como medio de propender al mejoramiento económico, social y cultural de la población indígena, adopten recíprocamente una política comercial que establezca un trato aduanero preferencial entre dichos Estados, trato preferencial cuyo límite deseable es el establecimiento de la Unión Aduanera Iberoamericana.

Pátzcuaro, Nich. Abril 19 de 1940.

Durante muchos años, hasta que el señor Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río llegó al poder, en Guayaquil –y entiendo que en todo el país- se instauraron batallones de reserva, para la defensa del territorio nacional frente a la pretención peruana.

Mi padre fue Comandante de las Reservas, junto con muchos otros guayaquileños, hoy injustamente olvidados, que formaron parte de esos batallones de reservas, integrados por patriotas de otros tiempos.

Entre los documentos que guardo está la lista del Batallón Rocafuerte N° 6, que estaba al mando de mi padre, que tiene el interés de la meticulosidad de los datos: nombre, dirección y lugar de trabajo.

A continuación doy los datos de unos pocos de los miembros del Batallón Rocafuerte N° 6:

Arteta Mentes, Andrés, Luque N° 1303 (Tipografo, Imprenta El Mosquito)

Arroba, Manuel , Calicuchima y Coronel (Comerciante Colón 106)

Cepeda, Héctor, Luque 810 (Contador-Sociedad Continental)

Cordero, Enrique Raúl, Ballén y 6 de Marzo (Jornalero-Abordo)

Cassinelli O. Víctor M., Luque y Morro N°1010, (Comerciante)

Cabrera, José Manuel, Boyacá y Luque (Albañil-Compañía Italiana)

Calderón, Adalberto, Rumichaca N°1000 (Radio Operador Rama Naval)

Díaz, Gilberto, Aguirre y Noguchi 750 (Joyero)

Espinoza, Felipe, Hurtado y Tulcán 1001 (Fletero)

Flores Luis, Padre Solano y Sta. Rosa (Pintor)

Franco, Bolívar, Tulcán N° 1017 (Chofer)

Guerrero, Manuel, Vélez N° 414 (Radio Técnico L.A. Cordovez N°307 y 309)

Gabino M., Augusto, Hurtado N°105 y Quito (Empleado-Oficina del Cable

Hinojosa, José M, Aguirre N°1409 (Empleado-Fábrica de Calzado)

Haro, Medina, Villamil y A. Calderón (Mecánica-Almacén Arcenal)

Játiva, Antonio, Luque y Esmeraldas 1808 (La Iberia)

Licoa Díaz, Dario, Aguirre y Andrés Marín 404 (La Previsora)

Landívar, José L., Av. Del Ejército 1606 (Capitán de Marina)

Luna, Sixto, Santa Elena y Ballén (Comerciante-Sta. Elena y Ballén)

Mera O., Angel, C. Ballén 1708 (Peluquero-Malecón 1208)

Moncayo N., Marcos, Rocafuerte e Imbabura (Chofer)

Martínez, Víctor, Vélez y Sta Rosa (Carpintero)

Murillo, Luis A., Quito y Colón s/n (Plomero)

Macias Z., Tomás, Macote N°1207 (Comerciante)

Noboa, Bolívar, Luque N° 816 (Sastre-Luque N°816)

Plaza C., Segundo, Sta. Elena y Vélez 1004 (Ferrocarril del sur)

Plaza, Alberto, Machala y Luque (Empleado-Cía Frutera Sud Americana)

Pareja P., Simón E., Esmeraldas N°1212 (Continental Banana)

Plaza L., Aparicio, Vélez N° 518 (Estudiante- La Universidad)

Rivera P. Guillermo, Vélez 1709 y Ríos (Zapatero)

Rugel M., Gilberto, Ayacucho N° 920 (Mecánica- Bus N° 747)

Ruiz, Francisco, Fco. de P. Icaza y Boyacá (Comercio ambulante)

Suárez, Manuel, Machala N°1014 (Panadero)

Suérez, Humberto, Luque N° 804 (Empleado- Botica Maulme)

Thome, Adolfo, Ballén y Sta. Elena (Empleado Cervecería Nacional)

Torres, Gilberto de la, Luque y Esmeraldas 1800 (Zapatero)

Vivar A., Augusto, Garaycoa N° 927 (Cía de Cervezas Nacionales)

Villagómez, Miguel, Esmeraldas y Bolívar (Comerciante- ambulante)

Yulán, Pedro, Aguirre N° 1514 (Comerciante, Aguirre 1423)

Zurita, Segundo T., San Eduardo (San Eduardo)

Zúñiga, Rafael, Noguchi y Aguirre N°518 (La Colmena)

Canto a Guayaquil


El 9 de octubre de 1944 la Asamblea Nacional Constituyente, de la que mi padre era miembro, se trasladó a Guayaquil para rendir homenaje a la ciudad y su pueblo, ocasión en la que mi padre, designado para tomar la palabra, leyó su “Canto a Guayaquil”. Sólo tengo los borradores del poema, en los que mi padre tiene distintos términos para determinados versos, por lo que me he guiado por los que considero más apropiados, conforme al poema, dejando constancia de esas dudas mediante notas. Mi padre hizo cambios en años posteriores, especialmente en la década de los ochenta.

Descargar

Bandera Hispanoamericana

Como símbolos de su pensamiento hispanoamericano, y de la unión de la Nación Hispanoamericana, mi padre creó una bandera y un himno. El himno se tocó, por primera vez, en París, con ocasión del homenaje que Francia rindió al General Miranda, con motivo de su Bicentenario. 

Partituras

La letra del himno dice:


HIMNO HISPANOAMERICANO

Patria Grande, esperanza del mundo.
Una y Grande te habremos de hacer…!
Una y Grande, una y fuerte,
Una y Libre por siempre serás.
Que se agiten tu sabana,
Y tu pampa, y tu montaña,
Y tu mar, y tus hombres en legión

Toda la Patria ya vibra,
Llego el momento sagrado de la Unión…

Para vivir, hay que ser fuertes…
Para vivir, hay que luchar
Unión o Muerte
Es nuestro grito triunfal
Resuelta a formar la Unión
Pueblos hermanos formamos
Una sola nación…
Una sola nación… 


Ya muy anciano, y a menos de un mes de su muerte, Antonio Parra Velasco absolvió, por escrito, una consulta sobre el proyecto Puyango-Tumbes, hecha por el señor doctor Héctor Villagrán Lara, Presidente del Frente Nacional contra el referido proyecto y de la Comisión de Derecho Internacional del Colegio de Abogados del Guayas.

La comunicación de mi padre, dice:

Señor Doctor
Héctor Villagrán Lara
Presidente Nacional contra el Proyecto Puyango-Túmbez
Presidente de la Comisión de Derecho Internacional del
Colegio de Abogados del Guayas.
Ciudad.

Señor doctor:

Absuelvo, en los siguientes términos, la consulta escrita que en relación a dicho proyecto se ha dignado Ud. hacerme:

Para su validez, el convenio Puyango-Túmbez debería ser previamente aprobado por el H. Congreso Nacional. Tal aprobación seguramente no habrá de darse, por contener tal convenio disposiciones que afectan a la soberanía. La ejecución de este convenio, con o sin la aprobación del H. Congreso, sería de graves consecuencias para la República, en varios aspectos.

De Ud., muy atentamente,

Antonio Parra Velasco.
Guayaquil, septiembre 29 de 1994. 

Uno de los puntos más importantes tratados en la Asamblea Nacional Constituyente fue el relativo a la posibilidad de delegar al Poder Ejecutivo parte de las atribuciones del Poder Legislativo.

En la Asamblea Constituyente de 1944, se presentó un proyecto de Decreto, mediante el que se creaba una “Comisión Legislativa de Emergencia”, con la finalidad que esa Comisión, en la que el Poder Ejecutivo participaría, legisle.

El proyecto de decreto decía:

La Honorable Asamblea Constituyente

Considerando:

Que la situación general del país reclama la inmediata expedición de Decretos-Leyes que continúen la obra de reconstrucción nacional iniciada con eficacia por el actual Gobierno, y que constituye el postulado máximo de la Revolución de Mayo;

Que la Asamblea Constituyente, en su afán de disminuir al menor tiempo posible el período de sus sesiones, ha resuelto contraer la mayor parte de sus actividades a la elaboración de la Carta Política del Estado, lo que le impide conocer otros asuntos que necesitan una atención inmediata y urgente.

Decreta:

Una cuestión trascendente


Primero.- La creación, de una Comisión Legislativa de Emergencia, del seno de la Asamblea Constituyente, compuesta de Representantes de cada uno de los bloques políticos, que la componen, Conservador, Liberal, Socialista, Vanguardista, Comunista, Frente Democrático, de los Diputados no afiliados o ningún Partido , de un Diputado funcional (cuando se trate de un asunto relacionado con los intereses del respectivo organismo delegante) para que, en unión del Ejecutivo, formule y expida los Decretos-Leyes necesarios para la reconstrucción del país en sus diferentes aspectos.

Segundo.- La Asamblea Nacional revisará los Decretos-Leyes expedidos en la forma indicada, siempre que los solicitare unánimemente, cualquiera de los bloques políticos enumerados, y en una sola discusión.

Tercero.- Esta Comisión actuará hasta que entre en vigencia la Nueva Carta Política del Estado.

Mi padre intervino en los debates con varios discursos, manifestando -siempre según sus notas en mi poder-, lo siguiente:

Señor Presidente,

La moción que se discute es de mucha importancia.

Expresada con franqueza, implica el problema de saber si esta Asamblea Nacional le confiere o no al señor Doctor Velasco Ibarra poderes extraordinarios (me repugna, Señores, el término “omnímodos”!), poderes que rebasen y superen los que las constituciones democráticas de América confieren al poder ejecutivo en un régimen político presidencial, si le hemos de conceder al Señor Presidente de la República, a más de los poderes ejecutivos, el poder de juzgar, y el poder de legislar, ahora, cuando está reunida la Constituyente Nacional.

El asunto que en estos momentos se debate no es uno de momentánea importancia, de transitoria utilidad, es por el contrario, cuestión de trascendencia esencial para la vida de la Patria, que repercutirá sin duda alguna en el espíritu nacional, que gravitará quizás pesadamente en los destinos futuros de la República.

Estamos discutiendo, en efecto, una moción con tan profundo contenido doctrinario, que de su votación depende la definición del verdadero contenido de la revolución que realizó el pueblo Ecuatoriano el 28 de mayo, por medio del brazo y del espíritu del pueblo de Guayaquil, y del Ejército Nacional, pues ese pueblo y ese ejército no hicieron otra cosa que traducir el anhelo de la República entera, cansada de farsas, de desorden, cansada de la explotación, cansada de la ignominia y cansada del despotismo.

La votación de esta moción implica determinar si la revolución de mayo fue hecha o no en favor de la democracia y del orden legal, si se la hizo o no para restaurar el imperio de la Ley, y destruir el sistema del despotismo y la arbitrariedad.

Yo estaré, Señores Diputados, por la moción, porque no obstante los grandes merecimientos del Dr. Velasco Ibarra, creo que conferirle poderes extraordinarios, constituiría una lamentable contradicción en los propósitos, y una quiebra prematura de los principios, defraudándose así el profundo anhelo del pueblo ecuatoriano. Quizás el pueblo no lo entenderá hoy, pero si mañana.

No es una cuestión de miedo, como lo dijo ayer con elegancia tribunalicia, con frase galana y con fuego en la expresión, pero equivocadamente, el distinguido periodista Señor Benites.

No es una cuestión de miedo, sino de principios. Tenemos que ser fieles a los principios, si queremos que la Patria se salve. Es la traición sistemática a los principios, lo que ha sumido a la Patria en la postración en que ahora la encontramos. Ciudadanos, escritores, gobernantes, legisladores, hemos sido infieles a los principios, y por eso es que la Patria agoniza. Los partidos tienen postulados, pero esos postulados no se cumplen…

Yo no proclamo el lema de que los principios se salven, aunque la Patria muera, Señores. Yo digo: salvemos los principios para que la Patria se salve!

Y es principio básico del Derecho Constitucional que en la Asamblea Nacional reside la plenitud de los poderes soberanos, emanados de la voluntad de la Nación, y que esos poderes son, por su naturaleza misma, indelegables, ni pueden ser autolimitados.

Y ese principio fundamental debe ser respetado, si queremos que empiece a regir en nuestra Patria la democracia auténtica.

Algunos argumentos, por cierto respetables, se han planteado en el sentido contrario.

Ha dicho el señor Benites que hay gran diferencia entre los Congresos que le dieron facultades a Arroyo y la Asamblea Nacional, porque la Asamblea, disfrutando del poder, si puede delegar esos poderes, parcialmente, al Dr. Velasco Ibarra.

Grave error!

La Asamblea ha sido elegida para que ella misma, -en unidad-, proceda a cumplir su elevado cometido: estructurar jurídicamente a la República; organizar los poderes del Estado; sentar las bases de la organización social y política del Estado.

Y esos poderes son indelegables, porque si los delega ha dejado de ser ella misma.

¿Se dirá que ya delegó los poderes ejecutivos? No delegó!. Simplemente organizó trasitoriamente ese poder.

¿Y qué razones se aducen para pretender que esta Asamblea viole los principios esenciales de su propia existencia?

A fe mía, que ningún argumento de peso ha sido expresado en este recinto, que haga inclinar la razón hacia la negativa de la moción propuesta.

Fundándose en Aristóteles, el eminente periodista señor Benites sostuvo que hay que diferenciar los Gobiernos de sus finalidades: el Gobierno que no labora por el bien, y el Gobierno que se propone servir los más elevados intereses de la Patria.

Pero no reside allí la cuestión debatida. No se trata de saber en qué consiste un buen Gobierno. Todos los Gobiernos pretenden que su propósito es servir a la Patria. Se trata de saber si una Asamblea Constituyente en los tiempos democráticos en que vivimos, puede o no legítimamente, delegar parte tan esencial de sus poderes, -como es el de legislar-, en el poder ejecutivo, aun en el caso, que por fortuna ocurre en el Ecuador ahora, consentido por todos los presentes, de que ese poder ejecutivo abriga los más nobles propósitos para el resurgimiento de la Patria, y que lo preside uno de los hombres más eminentes de Hispanoamérica.

No es válido el argumento de que todos estamos convencidos que el Dr. Velasco Ibarra hará uso patriótico de esos poderes extraordinarios.

Eso mismo decían los Legisladores de la época de Arroyo del Río, y quizás algunos lo pensaban sinceramente.

Ningún argumento sólido y respetable he oído, pero sí numerosos sofismas, algunos de ellos urdidos con extremada habilidad.

Que la obra revolucionaria está por realizarse, decía el Señor Saad.

Que hay infinidad de problemas nacionales que deben ser resueltos inmediatamente, y que la Asamblea no podrá entrar a resolverlos porque ella misma se ha autolimitado, al resolver que se dedicará exclusivamente a expedir la nueva Carta Fundamental.

Doble error!, Señores Diputados.

El primero, porque la obra revolucionaria puede y debe llevarla a cabo la Asamblea misma, como en verdad la llevará a cabo!

La Asamblea no será un obstáculo a la obra del Dr. Velasco Ibarra. ¿Qué impide al Dr. Velasco Ibarra enviar a la Asamblea sus proyectos de ley, y entonces la Asamblea los estudiará y expedirá con la rapidez que el caso requiera?

Ese es el procedimiento democrático: que el Ejecutivo proponga, insinúe. Que la Asamblea, soberana, resuelva y expida los decretos y las leyes que han de plasmar esa obra revolucionaria de reorganización y de progreso, que el país necesita. No se trata de darle vacaciones al Poder Ejecutivo.

Así se obtendrá otra ventaja: la iniciativa en el mejoramiento social y político de nuestra Patria no se derivará únicamente del Ejecutivo, sino que también esta misma Asamblea podrá ser fuente fecunda de iniciativas para el progreso y engrandecimiento de la Patria.

El mismo Señor Saad nos ayudaría con sus proyectos y sus iniciativas…

El segundo error es este: pretender que la Asamblea ya no puede hacer otra cosa que la Constitución, porque ella se ha autolimitado. Y por eso se quiere conferirle poderes extraordinarios al Ejecutivo.

Grave error, peligroso error, Señores Diputados.

La Asamblea no puede autolimitarse a si misma, entregando el poder legislativo al Señor Presidente. La Asamblea puede todo, menos negarse a sí misma. No puede la Asamblea renunciar a sus propios poderes, porque dejaría de ser Asamblea Constituyente, y habría negado así la esencia de su propio ser.

No puede, ni ha podido autolimitarse, ni puede ni podrá delegar en otra persona, ni siquiera parte de sus atribuciones o poderes.

Un Diputado, movido por el noble propósito de ganar tiempo, cometió el error que la Asamblea secundó, de declarar que ella debía dedicarse exclusivamente al estudio de la Constitución. Ese error hay que enmendarlo, eso es todo, pues ningún efecto puede surtir una resolución contraria a la esencia misma de la Asamblea, y la moción que ahora se discute pone de manifiesto ese error inicial, y de hecho, lo está enmendando, e implica una revocación tácita de esa precipitada (no meditada) resolución.

Bien sé que un distinguido Diputado, movido por el noble propósito de ganar tiempo, propuso a la Asamblea, y esta resolvió, que ella debía dedicarse exclusivamente al estudio y a la elaboración de la Constitución. Pero a renglón seguido se aprobó la excepción lógica y necesaria: que debían estudiarse también los problemas de interés nacional.

No podía ser de otra manera. La Asamblea no puede negarse a discutir y encarar esos problemas sin traicionar a sus elevados deberes, y así lo está haciendo, afrontando valientemente los graves problemas de esta hora.

Y bien valdría la pena hacer aquí una observación: se ha pretendido por varios Honorables, limitar el derecho de los Diputados para presentar mociones. Es un error. Dejemos que todas las ideas se conozcan. Rechacemos, con respeto, las que no nos parecieren afortunadas, pero dejemos que todas ellas se planteen con libertad.

A veces de una idea sencilla, planteada por su autor en forma quizás poco feliz, surge de súbito una idea más bella y de esencial importancia, que pronto la acoge la Asamblea y se transforma en una resolución de grandes alcances para el país,…como por ejemplo aquella moción del Honorable Diputado —- quien pedía honrar los nombres de los héroes de Mayo, que ahondada, mejorada, completada, nos llevó a dictar una resolución trascendental que el país necesitaba urgentemente: la lucha contra la vanidad de ciertos supuestos grandes hombres que, ansiosos de gloria barata, toleraron que sus nombres figuraran en pueblos y villorios, en Escuelas e Institutos. Pobre vanidad, pero que ha influido poderosamente en la desmoralización política de nuestra Patria.

Pero me estoy alejando del tema, Señor Presidente, con grave riesgo de que el H. Benites pretenda aplicarme el artículo — del Reglamento

¿Y qué decía el H. Medina? Decía que debíamos escuchar la voz del pueblo, que el pueblo ecuatoriano pedía que se depositaran en el Dr. Velasco Ibarra poderes suficientes para que pudiera realizar los postulados de la revolución de mayo.

Otro error grave, Señor Presidente.

En primer lugar el pueblo deliberante, el pueblo constituido en Poder, somos todos, Señor Presidente!

No es ese grupo de personas respetables y dignas que se agrupa en los bancos para aplaudir o protestar.

Nosotros representamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, porque para eso nos eligió en comicios libres de fraude y de coacción.

En segundo lugar, no es verdad que la gran masa ciudadana quiere que se invista al Señor Dr. Velasco Ibarra de poderes extraordinarios. Lo que el pueblo anhela es paz en el orden, legalidad, sistema jurídico, democracia en una palabra.

Que el pueblo sigue con fe al Dr. Velasco Ibarra! Pero por qué lo sigue? Precisamente porque ha enarbolado la bandera de la ley, de la justicia, del orden jurídico, de la democracia, porque ha sido un luchador impertérrito contra el fraude y el despotismo.

El pueblo ecuatoriano no quiere un dictador


Falso que el pueblo ecuatoriano quiera que el Dr. Velasco Ibarra se transforme en Dictador, por patriota y esforzado y capacitado y eficaz que fuera. Lo que quiere es que sea su conductor, pero dentro de la ley, dentro del orden jurídico, dentro de la democracia.

Ya lo dijo el mismo Dr. Velasco en esta Asamblea como lo recordaba ayer el H. Velázquez Cevallos: reneguemos de las dictaduras, rechacemos siempre los regímenes dictatoriales. No obedezcamos más leyes que las emanadas de los representantes de la soberanía.

¿Habremos de hacerle al Dr. Velasco Ibarra la suprema ofensa de ofrecerle un poder omnímodo que él ha rechazado solemnemente?

¿Queremos acaso que el Dr. Velasco Ibarra le dé a la Asamblea la merecida lección de rechazarle los poderes extraordinarios que le confiera?

¿Queremos tan en breve traicionar los anhelos del pueblo que nos eligió?

No, Señores, la Asamblea no podrá hacerlo. Confío, estoy seguro que no ha de hacerlo, por el bien de la Patria.

No terminaré sin expresar mi inquietud muy grande por los conceptos vertidos en esta Asamblea por los representantes de la extrema izquierda. Hoy quieren darle poderes extraordinarios al Dr. Velasco Ibarra esos mismos líderes que, en 1942, al regresar de su gira por las Américas el famoso apóstol del Panamericanismo, le ofrecieron su colaboración sin duda porque creyeron que algún partido iban a sacar de ese hombre al que hoy repudian…

La franqueza ha imperado y debe imperar en esta Asamblea. Y por lo mismo, he de decir aquí que este intento de restarle poderes a la Asamblea, parece ser constituye un esfuerzo más del que hemos venido presenciando desde hace algún tiempo, para sabotear su labor y su prestigio y el anhelo democrático del pueblo ecuatoriano.

Primero se intentó conseguir que el Dr. Velasco Ibarra aplazara la reunión de esta Asamblea. Luego se pretendió conseguir que fuese ella misma la que se declarara aplazada hasta octubre, dizque para que el Presidente tuviera tiempo para realizar obra revolucionaria. Y ahora, como último intento, se pretende que la Asamblea se autolimite y entregue o transfiera parte de sus poderes…

Decía el H. Roura que con la constitución de 1906 no se podía gobernar, y así lo indicó también el H. Benites que la llamó …..

Esa fue, Señores Diputados, la tesis arroyista. Esa es la tesis del fascismo: la ley es una traba para las obras de grandes hombres!

Analicemos someramente la etapa histórica en que dominó la oligarquía arroyista.

Qué pretendían los aúlicos del Señor Arroyo, para explicar los poderes omnímodos de que lo invistieron? Que el Congreso no tenía tiempo… Que el país necesitaba una mano fuerte que lo guiase en los momentos difíciles que atravesaba la Patria. Que era menester dotar de poderes omnímodos al Señor Arroyo, que era Estadista eminente, ciudadano de vasta ilustración, jurista de elevados quilates. Que el poder estaría así al servicio de los vitales intereses nacionales, si las trabas del parlamentarismo.

¿Y qué contempló el país? ¿Cuál fue el resultado? ¿Y qué se dice ahora en algún sector de la Cámara?

Lo dicho no significa que yo sea opuesto a que, en la constitución a elaborarse, se fortalezca al Ejecutivo, y se le permita dictar decretos-leyes, con las restricciones necesarias que la democracia exige, y mientras no se encuentre reunido el Congreso Nacional, y de acuerdo con claras y precisas disposiciones que limiten ese poder.

No hay que confundir los conceptos.

Pero, repito, eso deberá ser en ausencia del poder legislativo, y sobre materias de interés general.

También en esto estoy de acuerdo con el mismo Dr. Velasco Ibarra cuando nos dijo que en ausencia del Congreso el Ejecutivo pueda dictar decretos-leyes, con ciertas restricciones y bajo su personal responsabilidad, y para dar cuenta al Poder Legislativo.

Pero bien distinto es lo que ahora se pretende, que esta Asamblea soberana renuncie a una parte esencial de su misma existencia, traicionando el anhelo de los pueblos.

Repito Señores Diputados:

Por todo lo expuesto, yo estaré por la moción que salva los principios republicanos, la dignidad de la Asamblea y el decoro de la República, que resguarda y fortalece los ideales de la Revolución de Mayo, pues la Asamblea no puede, de ninguna manera, renunciar a parte alguna de la plenitud de sus poderes con que la Nación la ha investido.

…………………….

Mencioné el término despotismo, hace unos momentos. Y ya oigo decir que hay varias clases de despotismos: el rabulesco, el que se pone al servicio de los intereses particulares de una casta privilegiada o de una oligarquía política, y pisotea los más elevados intereses morales y materiales de la Patria, y el otro, que se denominó “despotismo ilustrado”, que ponía la fuerza de las bayonetas al servicio del país, que usaba el poder omnímodo para regenerar la Patria.

Pero yo os respondo que eso es un sofisma, que es harto difícil distinguir ambos despotismos y diferenciarlos en un momento dado, que ese es un espejismo peligroso, porque no hay un déspota que no se crea ser un déspota ilustrado, y no hay partidarios del despotismo y la ilegalidad, que no sostengan que la arbitrariedad será utilizada en bien de la Patria.

“Señor Presidente:”

La importancia de la cuestión que está debatiéndose me obliga a expresar, en forma franca, mi opinión, para que se conozcan las razones por las cuales votaré en contra de este proyecto, si acaso no se acepta la reforma inteligentemente propuesta por el H. Flor, y que fue sostenida por el H. Chávez.

He seguido con el más vivo interés la discusión, deseoso de encontrar alguna razón válida que me permitiera votar a favor del Acuerdo, pero no he hallado ninguna, voy a analizar los razonamientos que se han formulado aquí, para demostrar que son aparentes las razones que se aducen para pretender que esta Asamblea se decapite a sí mismo, al renunciar los elevados poderes de que se halla investida por voluntad del pueblo Ecuatoriano.

Se ha dicho con gesto tribunicio, con frase bella, pero sin exactitud, y sin verdad, que en este Acuerdo se están jugando los destinos de la Revolución de Mayo, y eso es falso, señor Presidente. ¡Eso es un sofisma! Es un sofisma, porque la Revolución bien puede realizarla esta Asamblea, sin renunciar a sus propios poderes. ¿De donde nace la teoría de que, para realizar la obra de la Revolución; sea necesario que la Asamblea delegue a una Comisión y al ejecutivo sus Poderes, para que legislen, expidiendo Decreto-Leyes? ¿Cuál es la razón por la cual esta Asamblea, en conjunto, en unidad, no puede dictar ella mismo, esas Leyes necesarias para el progreso nacional? ¿Por qué motivo se intenta, señor Presidente, dividir esta Asamblea en revolucionarios y anti-revolucionarios, cuando puede haber y habrá, revolucionarios de espíritu que voten en contra de este proyecto y reaccionarios que voten a favor? Se nos ha hablado hace pocos momentos, con lujo de erudición, de Neker y de Talleyrand, pero se olvida la obra revolucionaria fecunda que realizó la Convención Nacional Francesa, en beneficio, no sólo de su pueblo, sino del mundo entero. Esa obra la hizo precisamente como Asamblea, como Cuerpo Colegiado en esas sesiones memorables, que han pasado definitivamente a la historia, en la que cayó para siempre el antiguo régimen. Es un argumento falaz, que lo denuncio, el de que la revolución esté en peligro si desechamos el proyecto, pues la Asamblea ha de realizar los ideales de la Revolución de mayo, ha de ser fiel a los principios básicos por ella sostenidos, sentando las bases del orden jurídico nacional y dictando las medidas de mejoramiento social que el país requiera.

El segundo argumento es el de que esta Asamblea ha ofrecido solemnemente dedicarse exclusivamente al estudio de la Constitución. Aseveración completamente inexacta, porque se hizo la salvedad expresa de que la Asamblea continuaría ocupándose de las grandes cuestiones de interés nacional. Y esto es muy lógico, pués ¿Cómo podría la Asamblea dividir en dos partes el estudio de los grandes problemas nacionales, y para dedicarse ella simplemente a los aspectos teóricos y doctrinarios, dejando que la comisión y el Ejecutivo los estudien en sus aspectos concretos y de aplicación inmediata? El señor Saad decía hace poco que no debe dictarse una Constitución teórica, que la Carta política que estructure esta Asamblea debe estar basada en la realidad del país. Si esto es así, la Asamblea necesitará estudiar los grandes problemas nacionales, analizar la realidad de la vida política, social y económica del Ecuador, y sólo así podrá entrar a estructurar la Carta Política del Estado. Y si esto es evidente, ¿Por qué se pretende dividir la unidad del problema, partir en dos trozos el estudio de las cuestiones básicas de la nacionalidad? ¿Por qué se quiere que sea una Comisión y el Ejecutivo quienes preparen y expidan las Leyes que van a ordenar, en una forma nueva, la economía, la vida social y política del país, y que la Asamblea, en conjunto, sólo se preocupe de la parte doctrinaria, teórica?. Si deseamos ser consecuentes, señor Presidente, es necesario que la Asamblea enfoque ella misma ambos aspectos del gran problema nacional, que a la vez estudie las cuestiones fundamentales que atañen al país, dicte las leyes pertinentes, y estructure la nueva constitución.

El argumento de la necesidad de agilidad y de urgencia, puede resolverse en forma fácil, reformando al proyecto que se discute: la misma Comisión que va a estudiar los problemas nacionales. ¿Por qué no podría someter su informe a la consideración de la Asamblea junto con el respectivo proyecto de ley, para que sea ella, -la Asamblea-, la que los apruebe en una sola discusión?.

Lo fundamental, Señores diputados, es esto: la Asamblea no tiene facultad para renunciar a sus propios poderes, no puede delegar sus atribuciones. Recibió su poder del Pueblo Ecuatoriano, para ejercerla ella misma, no para delegarlo, por sabias que sean las personas a quienes se encargase la facultad de legislar. La soberanía del pueblo, fincada en la asamblea, es indelegable, por su propia naturaleza. Si la Asamblea insistiera, en delegar sus poderes, obraría contrariando su propia naturaleza, dejaría de ser lo que es: Asamblea Constituyente.

Por otra parte no tenemos derecho los Diputados para renunciar a parte alguna de los deberes que nos incumben, como representantes de la Nación, no podemos colocar en manos ajenas los destinos del pueblo que nos eligió, No podemos escapar a la obligación de intervenir, personal y directamente, en la resolución de los grandes problemas que afecta a la Patria, y en la elaboración de las leyes.

Se argumenta que ya la Asamblea ha delegado ciertas facultades ejecutivas al doctor Velasco Ibarra. Esto no es exacto. lo que ha hecho la asamblea es cumplir con la obligación primordial que le incumbe de organizar los Poderes del Estado. Ha organizado el Poder Ejecutivo, confiándole al Sr. Dr. Velasco Ibarra, y ha organizado el Poder Judicial, al decretar que deben seguir actuando los Tribunales y Juzgados. Pero no ha delegado poderes, sino que ha hecho uso de ellos. Ha organizado el Poder Ejecutivo y el Judicial, pero ha conservado para sí el ejercicio del poder de legislar, poder esencialísimo que no puede delegarlo, que le corresponde a la Asamblea misma, y es a ella a quién corresponde dictar las leyes que el país requiere para su resurgimiento.

Mucho me temo que si el proyecto de acuerdo que estamos discutiendo llegara a ser aprobado, y llegaran a dictarse los decretos- Leyes sería muy discutible la legalidad de ellos, porque tales leyes no emanarían de la única entidad que tiene la atribución de dictarlas: La Asamblea constituyente. Ya lo dijo el mismo Dr. Velasco Ibarra en este recinto: “No debemos obedecer más leyes que aquellas que emanen de los legítimos Representantes de la Nación”. El mismo, en esa frase, se anticipó a indicar la ilegalidad del procedimiento que se trata de seguir ahora.

Se ha dicho en este recinto, que el miedo influye en nosotros, y nos hace compartir el proyecto que se debate. No, Srs. Diputados, no es una cuestión de miedo, sino de principios. Los principios deben ser respetados. Hemos sido insistentemente infieles a los principios, no hemos sido consecuente con nosotros mismos, y por eso la Patria está como está, en ruinas, en decadencia. Yo no pretendo que salvemos los principios aunque la Patria muera. No. Lo que yo pido es que, para que la Patria viva, y resurja de su postración, respetemos los principios que estructuran el orden jurídico de los pueblos, y hacen que impere la verdadera democracia.

Señor Presidente:

La moción que se discute es de trascendental importancia doctrinaria y práctica, pues la resolución que se adopte está llamada, en mi concepto, a repercutir hondamente en el espíritu nacional y a gravitar pesadamente en los destinos futuros de la república.

Por esto, me perdonarán los distinguidos autores de la moción que exprese mi parecer, con toda franqueza.

¿Que se pretende con esa moción?

Que esta Asamblea Nacional se desprenda de una parte esencialísima de los poderes con que la invistió el pueblo Ecuatoriano, en uso de su soberanía, y que tales poderes LOS DELEGUE a una Comisión conjuntamente a una Comisión de su seno y al Señor Presidente de la República.

Se quiere que la Asamblea resuelva que no sea ella misma la que formule y expida las leyes que requiere la República para la obra de reconstrucción nacional que la Patria anhela, para su encausamiento por los senderos del progreso.

Se quiere que esa labor elevadísima, se la deje en manos de un grupo de ciudadanos.

Se quiere que la Asamblea renuncie a su derecho, y aun más a que eluda su deber de legislar, para entregar esa suprema prerrogativa del poder público, a un grupo de ciudadanos.

¿Y será esto posible, me pregunto, a la luz de los principios que rigen las organizaciones del Estado, en el campo de la doctrina política jurídica?.

En el aspecto doctrinario, no cabe duda de que la Asamblea Constituyente se encuentra investida de la plenitud de los poderes soberanos,- que ha puesto en sus manos la Nación-, para que Ella en unidad, proceda a cumplir su elevado cometido.

Proceda estructurar jurídicamente a la República, a organizar los poderes del Estado, a sentar las bases firmes de la organización social y política del estado, a dictar las leyes que requiere urgentemente la obra de reconstrucción nacional.

Pero ese poder lo ha recibido la Asamblea, por voluntad del pueblo Ecuatoriano, para ejercitarlo ELLA MISMA, en unidad.

Y por eso mismo, no le es dable DELEGAR a nadie sus funciones propias.

La soberanía del pueblo, fincada en la Asamblea Nacional, es, por su propia naturaleza, INDELEGABLE.

Si la Asamblea pretendiera delegarlos, se negaría a sí misma, obraría contrariando a su propia naturaleza, dejaría de ser, en suma, una Asamblea Constituyente.

¿Y cómo ha de ejercer ese poder, en ella depositado?

Lo ha de ejercer, como lo hacen todos los cuerpos colegiados, obrando EN UNIDAD.

No puede un grupo de miembros de la Asamblea, por eminentes que sean sus componentes, por más que se asegure que han de representar las tendencias políticas del País, ejercer poderes de legislar, que es un atributo exclusivo de la Asamblea como un todo, como Unidad corporativa.

Esta es una cuestión que afecta, personal y directamente, a todos y a cada uno de los señores Diputados.

Todos estamos aquí por voluntad del pueblo, todos representamos a la soberanía de la Nación.

¿Tendremos derecho para eludir al deber que a cada uno nos incumbe de contribuir, personal y directamente, a la resolución de los grandes problemas nacionales, y a la elaboración de las leyes?.

Por mi parte, Señores Diputados, aun siendo el más modesto de entre vosotros, os aseguro que no estoy dispuesto a eludir los deberes que acepté, al aceptar el honroso cargo de ser uno de los representantes del pueblo Ecuatoriano.

Los deberes no se renuncian, ciertamente, y con mayor razón en una materia que afecta tan hondamente a los postulados esenciales de la soberanía nacional.

Por esto, estaré en contra de la moción que se discute, a menos que se la reforme en la manera que más adelante enunciaré.

Pero antes es necesario considerar:

¿Y que argumentos, que razones, se plantean para exigir de la Asamblea semejante abdicación de sus facultades soberanas?

Veámoslas, una a una.

Se dice que es de urgencia inmediata que se dicten aquellas leyes que el País necesita para la obra de reconstrucción nacional. Pero yo pregunto, ¿donde está el impedimento para que esta misma Asamblea formule y expida tales leyes?.

¿Por qué el ejecutivo ya organizado, no presenta a la Asamblea los proyectos de leyes que estime necesarios para bien de la Patria?.

¿Donde está la dificultad para que esta Asamblea estudie de preferencia los proyectos que le presente el ejecutivo, y también los que surjan de su propio seno, para que sean expedidos sin delegación alguna?.

Se contesta: tiempo.!

Se dice que la Asamblea debe reducir al menor tiempo su actuación, el periodo de sus sesiones.

¿Por qué señores Diputados?

¿Se pretende acaso que sea una inversión innecesaria el gasto que hace el País en mantener una Asamblea para la obra espiritual de estudiar la conciencia colectiva, que estudien concienzudamente los problemas nacionales, desde los puntos de vista de todas las tendencias ideológicas, cuando tanto dinero se invierte en obras materiales de secundaria importancia?

No tiene porque la Asamblea dedicarse únicamente a la elaboración de la Constitución.

Tiene también el deber de preocuparse de todos los problemas nacionales en conjunto.

Dejaríamos de cumplir con nuestro deber si nos limitáramos al estudio de la Constitución, y entregáramos a otras personas la resolución de los grandes problemas nacionales.

Se dice también en la moción que hay que cumplir el postulado máximo de la revolución de Mayo, cual es el de la reconstrucción nacional.

Está bien, que se quiera cumplir con los postulados de la Rev. de Mayo. Eso mismo pido yo, de la manera más insistente. Porque la revolución de Mayo, que tradujo el anhelo profundo del alma ecuatoriana, se hizo, precisamente, para que impere la democracia, el orden legal, para que se estructurara la República por los conductos de la ley.

Nadie pretende que no se realice la obra que requiere el país, en el orden a su reconstrucción.

Pero se quiere que esa obra se asiente sólidamente en preceptos legales, dictados por los legítimos representantes del poder.

Ayer no más, nos decía en este recinto el Dr. Velasco Ibarra “ No obedezcáis más leyes que las emanadas de los legítimos representantes de la soberanía”.

Y la representación nacional, está fincada en esta Asamblea, en UNIDAD, como cuerpo colegiado, que no puede delegar sus funciones.

No es que yo pretenda que no deba haber COOPERACION con el Ejecutivo nacional. Por el contrario: Creo necesaria esa cooperación, pero en forma que no se atente a la lógica del sistema democrático, ni a los principios básicos de la ciencia legislativa

Yo propongo una reforma a la moción, que sería esta:

Que la Comisión que dice el proyecto de decreto sea para que formule los proyectos de decretos-leyes necesarios para la reconstrucción del País, en sus diferentes aspectos, los mismos que la Asamblea los discutirá y expedirá en una sola sesión”.

Si se aceptara esa reforma, que salva principios esenciales del derecho público y las atribuciones de los Diputados, y no pugna con los principios políticos y jurídicos que han determinado la existencia de esta Asamblea, yo estaría por la moción.

Como para consolar, a la Asamblea, de esa pérdida de poderes que contiene el proyecto, para reparar ese error, se dice al final, que ella podrá revisar esos decretos leyes.

¿Pero cuándo y cómo?

Cuando lo solicite UNANIMEMENTE cualquiera de los bloques políticos de la Asamblea.

Es decir que la atribución individual y personal de los Diputados pasa, de una plumada, a ese nuevo ente político, bastante vago, denominado “bloque político”, el que además solamente puede solicitar la revisión UNANIMEMENTE.

¿Dónde quedan los derechos de los Asambleístas?

¿Dónde, el poder de que les invistió el pueblo soberano?.

Señor Presidente,

Entiendo que toda cuestión que afecte al interés nacional, puede someterse a nuevo debate, cuando así conviene a los elevados intereses nacionales, y cuando la finalidad de esa nueva consideración del problema descansa en el propósito generoso de procurar salvar la unidad de acción de la Asamblea y de atar de nuevo, en un solo haz, los impulsos creadores que hierven en el alma de los Diputados, para provecho de la Patria.

Nunca es tarde para enmendar una actitud equivocada. Señor Presidente. Es de nobles espíritus, el rectificar. Es atributo de la inteligencia reconocer los errores.

Yo insisto en creer, Señor Presidente, que la mayoría de esta Honorable Asamblea se equivocó al votar afirmativamente la creación de esa Comisión Legislativa de Emergencia, que pone en manos de un grupo de Diputados y del Señor Presidente de la República la facultad de legislar que solamente la tiene la Asamblea, como un todo orgánico, actuando en unidad de cuerpo colegiado.

Ya la prensa del País, que representa sin duda alguna respetables sectores de la opinión ciudadana, está demostrando cuan adversa es la opinión pública a esa medida.

Se piensa, y a mi entender con razón, que hemos repetido que esta Asamblea libérrima, nacida de la voluntad popular libre, expresa el error de los congresos arroyistas.

Se nos invita, irónicamente, a abandonar este recinto y tomar vacaciones, puesto que ya eso solo nos queda, si queremos ser lógicos, ya que no hemos querido ejercer las atribuciones que nos corresponden por mérito de la voluntad popular…….

Por otra parte, hay la circunstancia de que la Comisión de hecho no podrá constituirse, por la negativa de dos de los “bloques” partidistas, cuando menos, para designar sus delegados ante esa comisión.

¿Cómo funcionará ella, si no logra constituirse?

El mismo decreto que crea esa Comisión contiene vacíos graves: se habla de “bloques políticos” que deben determinar por UNANIMIDAD si un decreto ley se revisa o no.

Y yo pregunto: ¿Se ha determinado ya quienes constituyen esos bloques? ¿Se encuentran organizados debidamente esos “bloques” en esta Asamblea?

La existencia de esos bloques que hace indispensable el acuerdo para que pueda surtir efecto, “no está en contradicción con los propósitos tantas veces enunciados en esta Asamblea, de tratar todos los Diputados unidos, sin prejuicio de bandería política ni de credos cuestiones de doctrina, y de considerar y resolver los problemas concretos del vivir nacional, OBJETIVAMENTE, estudiándolos en sí mismos, en esta hora de reconstrucción nacional, en la que, en verdad, se está resolviendo la vida o la muerte de la República?

Yo apelo al elevado patriotismo de los Diputados que contribuyeron con sus votos a que se apruebe la creación de la Comisión de Emergencia, yo apelo a su ecuanimidad, a su espíritu de comprensión y de ductilidad, para que permitan que se plantee la reconsideración de tal acuerdo, a fin de que se lo apruebe de nuevo, pero con las limitaciones que la opinión nacional y el decoro de la Asamblea está exigiendo.

Puede quedar creada la Comisión para que, de acuerdo con el eminente estadista Dr. Velasco Ibarra prepare los proyectos de ley que necesita urgentemente el País, esos proyectos de ley serían discutidos y resueltos en esta Asamblea en una sola sesión, y bien podríamos dedicarle a esta labor uno o dos días a la semana.

Las ventajas de este sistema serían inmensas:

1°.- No se violaría el principio fundamental de organización política del Estado que constituye uno de los principios de la Revolución de Mayo: la autodeterminación del pueblo Ecuatoriano por medio de sus legítimos representantes, ese principio de que la ley ha de emanar de los legítimos representantes de la soberanía nacional;

En 2° lugar: Se salvaría la unidad de acción de la Asamblea que ya se está dividiendo, a pesar de la buena voluntad de sus Miembros, en grupos antagónicos, lo cual impedirá toda labor.

En 3° lugar: la obra de estructuración de la república, la obra revolucionaria se realizará por medio de esas leyes que así preparadas y aprobadas tendrían el respaldo moral de toda la Asamblea, cabe decir de toda la República aquí representada.

Para que la obra revolucionaria tenga fuerza, para que su obra sea respetada y acogida por la ciudadanía toda, es menester que tenga el respaldo de toda la Asamblea, y esto solamente se conseguirá si toda la asamblea concurre con su voto y opinión de discutir y aprobar esas leyes.

Apelo al criterio de los más fervorosos propugnadores de la obra revolucionaria, para que se dignen considerar que no es indispensable que subsista la Comisión de Emergencia para que se lleve a cabo la obra revolucionaria que todos anhelamos. Esa obra puede realizarla, con vigor, y en forma amplísima, esta misma Asamblea, y el respaldo de toda ella, no hará otra cosa que darle mayor respeto, mayor estabilidad, a esa obra revolucionaria de reorganización de la república.

¿ Se quiere cooperación con el ejecutivo, se quiere rapidez en los procedimientos, elasticidad en los movimientos? pues allí está la Comisión para que prepare los decretos leyes, allí está la disposición por la cual, EN UNA SOLA SESION habrán de discutirse y aprobarse tales leyes,

¿Quiénes hemos votado en contra, o hemos estado en desacuerdo?

Quienes no hemos aceptado que se delegue en la Comisión el poder de legislar, no estamos en contra de la obra revolucionaria que se quiere realizar, no nos oponemos a la cooperación estrecha con el Ejecutivo, solo queremos que esa obra revolucionaria la lleve a cabo la Asamblea misma, porque ese deber le incumbe a ella en totalidad en unidad, por haber sido convocada precisamente para eso, por haber recibido, PARA ESO, el encargo y el poder de los pueblos de la República, encargo que no puede eludir.

Señor presidente,

Desde hace algún tiempo se viene haciendo a esta Asamblea objeto de contínuas críticas, y aun de acusaciones por parte de algunos órganos de la prensa nacional.

La crítica siempre es provechosa, y en tal sentido no puedo quejarme de ella, como Miembro de esta Asamblea. La crítica es constructiva, y ayuda a rectificar errores, que difícilmente es posible dejar de comentarlos, ya por parte de los cuerpos colegiados, ya por parte de los funcionarios individualmente considerados.

Respeto, pues, la crítica, sobre todo cuando es bien intencionada, y respeto el derecho que tiene la prensa nacional para decir libremente su criterio.

Pero estimo a la vez, que la Asamblea Nacional está en el deber de exponer ante el País sus puntos de vista, y de rechazar la crítica, cuando ésta adolece de equivocación a su vez.

Con mayor razón debe la Asamblea Nacional rechazar las acusaciones, cuando son injustas, y parecen tener por objeto desorientar la opinión nacional, con grave perjuicio para la estabilidad de la República, para su progreso y bienestar.

Quiero referirme, muy brevemente, a los dos editoriales publicados en el día de hoy por el diario “El Comercio”, importante y respetable órgano del periodismo nacional.

Yo no discuto, ni puedo discutir, el derecho que tiene el distinguido editorialista de dicho periódico, para dejar constancia en sus columnas de su oposición personal, para hacer la crítica de las labores de la Asamblea Nacional.

Pero creo que la Asamblea Nacional no debe dejar pasar sin rectificación algunos de los conceptos, notoriamente equivocados, que contienen los referidos editoriales.

Se dice en uno de estos editoriales que “el ejecutivo se encuentra maniatado para desenvolver sus actividades para poner en práctica sus planes de Gobierno”.

Se dice en otro de los editoriales que la colaboración entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo es poco visible en realidad y que acaso a ello se deba la desconexión de propósitos que será la mayor de las dificultades que para la administración publica se presente en lo posterior.

Yo creo, señor Presidente, que las afirmaciones referidas, carecen de exactitud.

No puede decirse, en justicia, que el Ejecutivo se encuentra maniatado para desenvolver sus actividades, y poner en práctica sus planes de Gobierno.

¿Cómo, en qué forma, está entrabando la Asamblea Nacional, la obra del Poder Ejecutivo?. Dentro de las secciones normales que corresponden al Poder Ejecutivo, en el sistema constitucional de 1906 declarado en vigencia, puede el Ejecutivo desenvolverse con plena y absoluta libertad, y de echo se está desenvolviendo con esa libertad, sin que en nada absolutamente entrabe su labor la Asamblea Nacional

¿En qué sentido está maniatando al Ejecutivo la Asamblea, por el echo de encontrarse elaborando la Constitución de la República? ¿De qué manera maniata la Asamblea al Ejecutivo, por el echo de estudiar los graves problemas nacionales de la hora presente, para darles una resolución por medio de las leyes?. Libre ha estado siempre, y libre sigue siendo el Ejecutivo, para poder desenvolver la administración publica, dentro de los marcos que la ley señala, y que la Constitución establece, aquella Constitución declarada en vigencia.

Errores compartidos


No solamente la Asamblea Nacional no ha maniatado al Ejecutivo, no le ha impedido desenvolver sus actividades ni poner en práctica sus planes de Gobierno, sino que más bien ha cooperado con el Poder Ejecutivo con la mayor amplitud, de la manera más sincera. ¿No es acaso cooperar con el Ejecutivo, que haber organizado una Comisión Legislativa de emergencia, que tenga por especial y definido objeto realizar, preparar la obra legislativa de la Asamblea, en todo de acuerdo con el Poder Ejecutivo, es decir oyendo a los Ministros, a los Representantes de ese Poder Ejecutivo?. Todas las leyes y Decretos emanados de la Comisión Legislativa de Emergencia, llevan necesariamente el sello de la cooperación entre ambos Poderes del Estado, de la cooperación más decidida, entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, siendo muchos de esos proyectos de decretos de la ley, ordinarios del Poder Ejecutivo.

Se habla de los errores de la Asamblea, y en verdad se ha tenido ciertos errores.

Pero es interesante anotar, que en mucho de esos errores ha participado plenamente el Poder Ejecutivo, y que por tanto no son atribuibles única y exclusivamente a la Asamblea Nacional.

Pondré de ejemplo el caso Artigas, sin que al referirme a ello pretenda hacer la menor crítica a mis HH. Colegas que votaron a favor de las sanciones impuestas a aquel ciudadano. Yo estuve en contra de aquella actitud de la Asamblea, que la juzgo equivocada. Igualmente la juzgan equivocada y en error muchos ciudadanos, y así lo juzgaron también muchos miembros de la prensa nacional; mas acaso, correspondió tan solo la responsabilidad de este acto a la Asamblea Nacional? De ninguna manera, en este acto, como en muchos otros, participó el Poder Ejecutivo. Fue el Poder Ejecutivo el que denunció a la Asamblea los hechos que consideraba ser acto de rebelión o conspiración por parte del señor Artigas. Fue el señor Ministro de Gobierno, quien concurrió al seno de esta Asamblea, para denunciarlos públicamente, y pedir sanción para el culpable. Y fue así mismo el señor Ministro de Gobierno quien defendió la posición del Poder Ejecutivo ante esta misma Asamblea días después, cuando fue llamado por el H. Lasso, y quien aplaudió desde esta misma Tribuna la actitud de la H. Asamblea.

Así, podría indicar muchos otros ejemplos.

Que no se diga, por tanto, que no existe cooperación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que no se desoriente la opinión publica pretendiéndose que el Ejecutivo se encuentra amaniatado para desenvolver sus actividades y poner en práctica sus planes de Gobierno, porque declarar tal cosa, es incitar a la ciudadanía, es inducir en error a la ciudadanía, restarle ante el pueblo, inmerecidamente, prestigio a la H. Asamblea Nacional.

Agrega el editorialista que debe de terminar lo más pronto posible la Asamblea Constituyente de 1944 dice “queremos dejar constancia de que toda nuestra voluntad concluirá a buscar el término legal de esos trabajos legislativos”.

Qué manera más discreta, pero firme al mismo tiempo, de insinuar que puede existir otra manera de darle término a los trabajos legislativos, ya no el término legal de ellos, sino el término compulsorio, violento, que manera más precisa cuanto astuta, de incitar, de propugnar la disolución por la fuerza de la Asamblea Nacional.

En otro de los editoriales sostiene el distinguido escritor, que cuando se trataron las Constituciones en el Ecuador, esos actos legislativos llevaron las características de aquellos ciudadanos que asumieron la dirección de los acontecimientos en cada caso: Flores, Urbina, García Moreno, Veintimilla, Alfaro, etc.; y luego se pregunta, ¿Cuál será la dirección que la historia reconocerá en la Constitución que está elaborándose en este momento?, pues estima que es poco visible la cooperación, en la realidad, entre el Jefe del Ejecutivo y la Asamblea Nacional, en cuanto a la elaboración de la Carta Política, para terminar sosteniendo que la próxima Carta Política, debería ser la Constitución de Velasco Ibarra.

Permítaseme, señor Presidente, dejar constancia de mi desacuerdo, con la exposición del editorialista.

La Constitución que dictará esta Asamblea Nacional, no será la Constitución del señor doctor Velasco Ibarra, sino en tanto, en cuanto el pensamiento político del doctor Velasco Ibarra, corresponda al sentimiento popular ecuatoriano.

Las afirmaciones del editorialista, tienden indudablemente a elegir la obra del caudillismo. Porque llevaron las Constituciones del Ecuador, las características de los ciudadanos que asumieron la dirección de los acontecimientos en cada caso, Flores Urbina, García Moreno, Veintimilla y Alfaro?. Porque estos tiempos eran tiempos de caudillismo absoluto, en los cuales los Jefes imponían su voluntad, porque las constituyentes de entonces, más que reflejo del anhelo popular, eran obra y elección personal de aquellos caudillos, con muy raras excepciones.

Muy distinto es el caso de la Asamblea Nacional de 1944: no ha sido elegida por la voluntad de un caudillo, ha sido libremente elegida por el pueblo ecuatoriano. Y por tanto, no ha de reflejar de ninguna manera las características del caudillo, sino única y exclusivamente ha de reflejar las características y la voluntad del pueblo ecuatoriano, que la eligió en un debate popular libérrimo.

Demora sin duda alguna la elaboración de la Constitución ecuatoriana.

Pero por qué demora? Porque la están elaborando de conjunto de consuno, en forma de cooperación y de patriotismo, todos los partidos políticos organizados de la República. Si fuese el pensamiento unilateral y exclusivo de un caudillo, fácil hubiera sido redactarla de inmediato.

Mas, constituyendo la síntesis o reflejo de las tendencias y credos de partidos diversos, la transacción patriótica, si pudieramos así decir, de las distintas tendencias políticas y sociales de la República, claro está, que su elaboración tiene que demorar, porque ese documento nadie lo dicta a la Asamblea, sino que la Asamblea lo elabora ella misma, en sucesivos debates, esforzándose por mejorarla lo más posible.

“La organización del Estado tiene que corresponder al pensamiento dirigente, el Jefe del Estado no debe encontrarse ausente en la elaboración de la Carta Fundamental; no pueden existir criterios divergentes entre el gobernante y la norma” dice en otro de sus acápites el editorialista.

Grave error, señor Presidente. La organización política del Estado no tiene por qué corresponder al pensamiento del dirigente, del Jefe del Estado.

La organización política del Estado debe de corresponder a las características del pueblo ecuatoriano, debe de amoldarse a sus ideales, a su pensamiento, a su emotividad.

Al Jefe del Estado le corresponde el deber de acomodarse a la norma constitucional, de ceñirse a ella, de obedecerle, y no es la norma la que debe someterse a la voluntad del gobernante.

“El Presidente de la República tiene la parte principal del acto político como consecuencia de cual se está estructurando la Constitución, dice el editorialista, y agrega en otro lugar el Presidente de la República está asumiendo una responsabilidad ante el futuro.

Es verdad, señor Presidente, pero no tan sólo el Presidente tiene una responsabilidad frente al futuro, también la tiene, y con mayor fuerza, con más gravedad, la Asamblea Nacional Constituyente.

Repito, señor Presidente, no me opongo a que se critique a la Asamblea Nacional, la critica es necesaria y ventajosa.

Pero si creo que ella no debe de permanecer silenciosa, cuando se la hace objeto de tan graves e injustas acusaciones, como aquella que ya he recogido, para impugnarla y combatirla, de que el Ejecutivo se encuentra maniatado para desenvolver sus actividades y poner en práctica sus planes de Gobierno.

La Asamblea Nacional practica, y desea seguir practicando, la mayor cooperación con el Poder Ejecutivo, en todos los aspectos de la vida política, porque sabe que esa cooperación es indispensable para lograr el beneficio y el progreso del País, y por lo mismo rechaza la acusación de que se le hace objeto.

Señor presidente:

(Según sus notas primero se opuso a la tesis del H. Rodríguez, y después dijo:)

Es incuestionable que el sistema unicameral como forma del Poder Legislativo, ofrece la ventaja de facilitar la tramitación de las leyes.

Pero, como ya se ha hecho observar, tiene un inconveniente serio: no garantiza suficientemente la serenidad en el estudio y preparación de las leyes, pues, como es bien sabido, los Cuerpos Colegiados a veces se ven arrastrados a tomar decisiones precipitadas, al impulso de entusiasmos incontrolables, o por contagio psicológico colectivo.

Se necesita, por tanto, de un sistema moderador, que garantice el acierto en las resoluciones.

Este es el punto fundamental.

Ese sistema moderador se lo ha querido establecer, mediante la división del Poder Legislativo en dos Cámaras, que se sirvan mutuamente de contrapeso y poder moderador.

Es indudable que ese sistema moderador de las dos cámaras no siempre ha sido efectivo y real, y que, por otra parte, ocasiona graves pérdidas de tiempo, inadmisibles en nuestra época en que hay que resolver con rapidez los problemas que se suscitan.

Pero es así mismo indudable que es menester adoptar, al mismo tiempo que el sistema unicameral, ciertas medidas de contrapeso, moderadoras, controladoras, que son de esencial importancia, inclusive para darle eficacia al sistema unicameral.

Entre esas medidas, me permito someter a la consideración de la Asamblea, dos:

1.- No darle al Congreso unicameral así formado, la facultad de declarar si una Ley o Decreto Legislativo es o no inconstitucional.

Esa facultad debe residir en otro organismo que no sea el mismo Poder Legislativo.

A la Corte Suprema de Justicia, reunida en pleno, quizás debería corresponder el ejercicio de esa facultad, como ocurre en varios países, en Estados Unidos, por ejemplo, a menos que se quisiera establecer, como en el artículo 121 la Constitución de la República de España, un Tribunal de Garantías Constitucionales.

Debería reconocerse el derecho de los ciudadanos para demandar ante la Corte Suprema o ante el Tribunal de Garantías Constitucionales la declaración de inconstitucionalidad de cualquier Ley o Decreto Legislativo, o de cualquier disposición contenida en tales leyes o decretos.

Esta sería una garantía esencial contra cualquier medida precipitada del cuerpo legislativo unicameral.

2.- Una segunda medida, menos importante que la anterior, pero también válida, podría ser la de tratar de equilibrar en esa única cámara legislativa, la representación popular directa, -originada en el sufragio popular (basado en la representación demográfica), con la representación funcional.

La representación funcional, en efecto, por lo mismo que dice relación a los intereses de los distintos grupos organizados de la sociedad ecuatoriana, constituye un valioso elemento de equilibrio, y un factor de moderación.

La igualdad de fuerzas entre ambas representaciones, ofrecería una mayor garantía de acierto en las deliberaciones y en el estudio de los distintos problemas acerca de los que habrá de legislarse.

Como, con sobrada razón, la Comisión quiere que de una vez se vote por cuál de los dos sistemas se decide la Asamblea, yo pediría que, como cuestión previa se votara si se admiten o no las dos sugerencias (medidas reguladoras o principios moderadores) que acabo de hacer, pues de su admisión o rechazo podría depender quizás, parcialmente, el voto sobre la cuestión principal.

Yo, por mi parte, votaría por el sistema unicameral, si se admitiera al mismo tiempo el principio de que a la Corte Suprema o al Tribunal de Garantías y no al Poder Legislativo, corresponderá la facultad de declarar si una Ley o Decreto Legislativo es o no inconstitucional.

Quizás, Señor presidente, podría evitarse el votar sobre esta cuestión previa si la Comisión admitiera los principios enunciados, y entonces se entraría a votar, si se acepta el sistema unicameral con la constancia de que corresponderá a la Corte Suprema o al Tribunal de Garantías la atribución antedicha, o si se adopta el sistema bicameral.

Como base de discusión me permito proponer la siguiente declaración:

La Asamblea Nacional adopta, para la formación del Poder Legislativo, el sistema unicameral, constituido de manera que tiendan a equilibrarse la representación originada en la votación popular directa, y la representación funcional.

El Congreso no tendrá la facultad de declarar si una Ley o Decreto Legislativo es o no inconstitucional, facultad que corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, reunida en pleno, o al Tribunal de Garantías Constitucionales, según lo resolverá la Asamblea, en su oportunidad.

Intervención en la sesión de agosto 28 de 1944

Señor presidente: Los móviles patrióticos que han inducido al H. Carvajal a proponer este acuerdo, los respeto ampliamente y respeto así mismo la opinión de todos y cada uno de los Honorables Diputados que han estado o estarán por el Acuerdo. Yo voy a votar en contra y voy a expresar las razones de este voto.

Voto en contra del Acuerdo porque al aprobarlo la Asamblea se está transformando en un Tribunal de Justicia y se está desviando la finalidad que le es propia, porque el pueblo ecuatoriano nos ha elegido, no para proceder a juzgamientos, sumarios sin fórmula de procedimientos como el que estamos presenciando, sino para estructurar constitucionalmente la República. Estoy en contra del Acuerdo, también, porque lejos de favorecer a la Revolución, le va a causar un gravísimo daño, porque cuando quienes tienen el deber de encausar la Revolución se dejan llevar de las violencias, no proceden con ecuanimidad, le hacen a la Revolución un gravísimo daño, y, en consecuencia, lejos de combatir la contrarrevolución, le están dando un apoyo indirecto y eficaz. y, por último, voto en contra, porque este Acuerdo va a ocasionarle al País mucho daño, tanto en el orden interno, porque va a exaltar las pasiones públicas y lo que el país necesita sobre todo es paz, concordia, orden y justicia; como también en el orden de sus relaciones internacionales, porque afectará profunda y trascendentalmente a su crédito. Se puede juzgar y castigar al Sr. González Artigas, sin necesidad de festinar los procedimientos, sin necesidad de tomar Acuerdos precipitados.

Intervención en la sesión de agosto 28 de 1944

Señor presidente: Los móviles patrióticos que han inducido al H. Carvajal a proponer este acuerdo, los respeto ampliamente y respeto así mismo la opinión de todos y cada uno de los Honorables Diputados que han estado o estarán por el Acuerdo. Yo voy a votar en contra y voy a expresar las razones de este voto.

Voto en contra del Acuerdo porque al aprobarlo la Asamblea se está transformando en un Tribunal de Justicia y se está desviando la finalidad que le es propia, porque el pueblo ecuatoriano nos ha elegido, no para proceder a juzgamientos, sumarios sin fórmula de procedimientos como el que estamos presenciando, sino para estructurar constitucionalmente la República. Estoy en contra del Acuerdo, también, porque lejos de favorecer a la Revolución, le va a causar un gravísimo daño, porque cuando quienes tienen el deber de encausar la Revolución se dejan llevar de las violencias, no proceden con ecuanimidad, le hacen a la Revolución un gravísimo daño, y, en consecuencia, lejos de combatir la contrarrevolución, le están dando un apoyo indirecto y eficaz. y, por último, voto en contra, porque este Acuerdo va a ocasionarle al País mucho daño, tanto en el orden interno, porque va a exaltar las pasiones públicas y lo que el país necesita sobre todo es paz, concordia, orden y justicia; como también en el orden de sus relaciones internacionales, porque afectará profunda y trascendentalmente a su crédito. Se puede juzgar y castigar al Sr. González Artigas, sin necesidad de festinar los procedimientos, sin necesidad de tomar Acuerdos precipitados.

Mariscal de Ayacucho

Fue designado Embajador en Misión Especial para el Sesquicentenario del nacimiento de Antonio José de Sucre, Gran mariscal de Ayacucho. Intentó excusarse mediante comunicación de enero 22 de 1945, que dice:

Señor Ministro de Relaciones Exteriores
Ciudad.

Señor ministro,

Con posterioridad al día en que acepté, después de consultar a la H. Asamblea Nacional, el encargo con cuya proposición se dignó honrarme el Poder Ejecutivo, de representar, en compañía de otros ciudadanos a nuestra Patria, en las ceremonias conmemorativas del sesquicentenario del nacimiento del Gran Mariscal de Ayacucho, en calidad de Embajador en Misión Especial, se han producido incidentes políticos de marcada oposición y manifiesta hostilidad - en mi concepto injustos y contrarios a los altos intereses nacionales - contra la Asamblea Nacional de la que me honro en formar parte, y han sido sometidos a consideración de la Corporación nuevos e importantes problemas que Ella está llamada a resolver, y en cuya resolución estimo que es de mi deber participar, como Diputado de la Nación, para defender los intereses del País desde el punto de vista que estimo justo, con toda franqueza y decisión, aun contrariando, en ciertos casos, respetables opiniones adversas de personas a quienes estimo personalmente.

La generosidad de un pueblo hermano


Las circunstancias expuestas me ponen en el ineludible caso de presentar a Usted, Señor ministro, mi excusa para no desempeñar el encargo mencionado, expresando a Usted y al Señor presidente de la República mi profundo agradecimiento por el honor dispensado, y dejando constancia del pesar con que me privo de la oportunidad de satisfacer mi antiguo y vehemente anhelo de visitar la noble Patria de los Libertadores.

Del Señor ministro, muy atentamente,

Dr. Antonio Parra Velasco. –

Superados los problemas, mi padre asistió a las ceremonias programadas en Venezuela en honor del héroe americano, en las que tuvo mucho éxito.

Una crónica Parlamentaria correspondiente a la sesión celebrada el 27 de febrero de 1945, que dice:

Quito, febrero 27 (ERET. – A las once de la mañana se instaló bajo la presidencia del doctor Arízaga Luque.

Se aprobó con ligeras modificaciones la redacción del articulado de la Carta Política, hasta el Art. 27. La sesión finalizó a las tres de la tarde.

Por la tarde se instala a las 5,45 bajo la presidencia del doctor Arízaga Luque. Actúa el Secretario general.

Se continúa discutiendo y aprobando la redacción del articulado de la Carta Política.

A las seis ingresa al recinto legislativo el Excmo. Embajador de Venezuela Ing. Jorge Aguerrevara acompañado de los diputados Parra Velasco, Uzcátegui y Camacho Santos.

Habla el doctor Parra Velasco, y expresa que debe referirse al honroso encargo que le confiriera la Asamblea, con motivo del sesquicentenario del nacimiento del ilustre hijo de Cumaná. Hice entrega –dice- del saludo fraternal que esta Constituyente enviara al Congreso nacional Venezolano. La prensa dió cuenta amplia de la forma como actuó la delegación ecuatoriana en estos festejos.

Me sería imposible expresar la honda generosidad de este pueblo hermano, para todas las delegaciones iberoamericanas y, especialmente, para la ecuatoriana. Tampoco podría hablar –sigue diciendo- sobre las bellezas naturales de Venezuela. Desde Maracaibo, la del petróleo, hasta las Islas Margaritas, donde se recogen las perlas. Luego se refiere a las poblaciones de Caracas, Cumaná y tantas otras que visitar, así como también los lugares y monumentos donde se rinde culto a la libertad y a la gloria.

Como… San Mateo y Carabobo y la Cumaná, de ambiente tibio y acogedor, con sus ceibos y algarrobos que me recordaron por su identidad, por su paisaje, a mi tierra natal, Guayaquil. Continuando su exposición, se concreta a exponer la forma como cumplió su misión, hablando sobre la grandeza del doctor Manuel R. Egana, de los hombres intelectuales que hacen de Venezuela un pueblo grande. Habla sobre su labor en cuanto al aspecto de la confraternidad ecuatoriano-venezolano y, al referirse a la exposición que hiciera en el seno del Congreso, manifestó los grandes alcances que tiene la disposición constitucional de nuestra Patria, al haberse adelantado a declarar ecuatorianos a todos los venezolanos e hispanoamericanos que lleguen a nuestra tierra y se radiquen en ella.

El doctor Egana, dijo el H. Parra Velasco, expresó textualmente que nada de lo que atañe al Ecuador puede ser indiferente a Venezuela. Por esto relacionó el doctor Egana el problema de la Guayanas, que retiene indebidamente Inglaterra, con nuestro problema de Galápagos. Ambos, dijo Egana, son problemas iberoamericanos, comunes a los dos países. Tal el sentimiento que alienta el pueblo venezolano.

El doctor Parra Velasco pide que lea el mensaje especial del cual es portador, y que esta suscrito por el doctor Manuel R. Egana, Presidente del Congreso Nacional de Venezuela, que envía a la Constituyente. La Secretaria da lectura y grandes aplausos los premian.

Continúa en uso de la palabra el doctor Parra Velasco, y hace notar especialmente, la expresión del mensaje en el cual se pide que “el compatriota y colega doctor Parra Velasco”, interprete los sentimientos del pueblo venezolano.

El afecto del pueblo venezolano es sincero, es de profundo espíritu solidario con el nuestro, se vive el mismo anhelo de progreso, existe una solidaridad afectiva entre los dos pueblos, expresa el orador.

Sobre las costas del Caribe, dijo el H. Parra Velasco, está un pueblo hermano de verdad. Por esto fui invitado, señor Presidente, por los intelectuales y escritores y hombres de nota, para que explique el hecho absurdo en América, de perder territorio nosotros los ecuatorianos; hablé y expuse la trayectoria de ese desgraciado incidente de nuestra vida, que culminó con de desastroso tratado de Río de Janeiro.

Se refiere el doctor Parra Velasco a los incidentes últimos de la frontera sur. Allí, oradores espontáneos como Luceti Sardi y Rómulo Betancourt, hablaron sobre nuestros derechos y estuvieron juntos con nosotros en la justicia que nos asiste, demostrando una vez más que el sentimiento de solidaridad venezolano-ecuatoriano perdurará siempre.

Refiriéndose a un incidente que le causó gran pesar en Caracas, dijo: todas las delegaciones resolvieron en peregrinación colocar ofrendas florales en los monumentos de los héroes y nombres ilustres de América; allí se colocó coronas a Bolívar, Sucre, Martí, Washington, Higgins y otros, pero los ecuatorianos no pudimos tener la satisfacción de que las Embajadas rindieran tributo a nuestros hombres, que los tenemos mucho.

Por esto, para tener allí en Caracas un lugar donde los ecuatorianos podamos ir en peregrinación y recordar a la patria lejana, pido que la misma Asamblea determine la construcción de un monumento y lo obsequie a Venezuela.

Será un hemiciclo en cuyos lados, en bajos relieves de bronce, se presenten hechos históricos como el Grito de la Libertad de Quito, el del 9 de Octubre, la Batalla del Pichincha, la de Tarqui. Si se quiere que sea un militar que representa allí nuestra patria, tenemos a Calderón, un estadista de visión continental, a Rocafuerte, y si deseamos la representación de un pensador que todavía emociona a las juventudes americanas, tenemos a Montalvo.

Prolongados aplausos premian la brillante exposición del doctor Parra Velasco.

El H. doctor Armando Espinel Mandoza pidió que se rinda homenaje a ese pueblo, en la persona del Excmo. Embajador, aquí presente, y se brinda un voto de aplauso para el doctor Parra Velasco. La H. Asamblea aprobó la moción por unanimidad.

El Embajador de Venezuela, Excmo. Ing. Aguerreverre, habla por breves instantes y expresa su profundo agradecimiento por la invitación de que ha sido objeto, a la vez por las emocionadas palabras y nobles conceptos emitidos por el doctor Parra Velasco, en relación con Venezuela, tierra querida, grata y lejana. Hace una exposición sobre el proceso evolutivo de Venezuela, pueblo que va firme por las sendas del progreso.

Termina agradeciendo por el homenaje que se le ha rendido y por la seguridad que tiene, por el ambiente que ve en la Asamblea, de obsequiar el monumento que haría el pueblo ecuatoriano, por medio de su Constituyente, al pueblo de Caracas.

Grandes aplausos, y después de hablar el H. León Carvajal, sobre… las virtudes de Sucre, el Embajador se despide en medio de calurosos aplausos que le prodigan la H. Asamblea y las barras.

Se continúa en la discusión y aprobación de la redacción de la Constitución.

Corresponsal Parlamentario

Uno de los tantos informes presentados por la Comisión de Relaciones Exteriores, a más del importantísimo informe sobre el proyecto de arrendamiento del Archipiélago de Galápagos, es el referente a las relaciones diplomáticas con Argentina, España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que transcribo a continuación, y que corresponde, casi textualmente, al informe de la subcomisión, de 13 de Septiembre de 1944, que dice:

Señor Presidente:

La Comisión de RR.EE. tiene el honor de someter a conocimiento y resolución de la H. Asamblea Nacional el siguiente informe acerca de la conveniencia o inconveniencia de mantener, o iniciar, en la actual situación de la Política Internacional, Relaciones Diplomáticas con los Gobiernos de las Repúblicas Argentina, de España y de la Rusia Soviética. La Comisión ha estudiado cuidadosamente los distintos aspectos del problema y ha llegado a las siguientes conclusiones:

Relaciones con la República Argentina:

Deben mantenerse en su estado actual por las siguientes razones:

1.- Porque el Gobierno del Ecuador reconoció expresamente el actual Gobierno de la República Argentina, al solicitar a dicho Gobierno constituído con anterioridad al del Dr. José María Velasco Ibarra que reconociera al nuestro;

2.- Porque la República Argentina ha venido interviniendo como uno de los países mediadores en nuestro conflicto territorial con el Perú.

Relaciones con el gobierno de España:

Deben mantenerse, independientemente de todo criterio acerca del Gobierno que rija ese País, en atención a las especiales vinculaciones del Pueblo Español con los Estados Hispanoamericanos y a la necesidad de que el Ecuador mantenga relaciones Diplomáticas con todo Estado que las mantiene el Perú.

Relaciones con la Rusia Soviética:

Siendo Rusia una de las Potencias de Post-guerra que más influencia está llamada a tener en los destinos del mundo, todos los Estados Hispanoamericanos deberían mantener relaciones con ese País, prescindiendo de todo criterio partidarista, para balancear el predominio de los Estados Unidos de América en este continente, y como mercado potencial para nuestras materias primas y fuente de abastecimiento de manufacturas, prescindiendo de todo criterio partidarista.

Sin embargo, estima la Sub.Comisión que no debería precipitarse el reconocimiento a la Rusia Soviética, sino esperar un tiempo prudencial, por ejemplo un par de meses, mientras dura la Asamblea Nacional, hasta ver más claramente el desarrollo de los acontecimientos mundiales, y la actividad que asumirán otros pueblos de Hispanoamérica.

De manera general, dejamos sentada la observación de que en la Comisión existen, en cuanto a diversos aspectos del problema tratado en este informe, y en cuanto a otras razones distintas de las enunciadas, ciertas disparidades de criterios que los Miembros de la Comisión nos reservamos expresar verbalmente o por escrito cuando llegue el caso, aun cuando estamos todos de acuerdo en las conclusiones, en la forma y con los alcances y limitaciones expuestos.

El H. Dr. Manuel Elicio Flor T. salvó su voto en lo que se refiere a la Rusia Soviética.

Sugiere la Comisión que se conozca de este Informe en sesión Secreta.

En oportunidad de debatirse el informe anterior, mi padre pronunció el siguiente discurso:

Señor Presidente:

La cuestión que se está debatiendo se relaciona con la política internacional del País, y, por tanto, no debe ser considerada con criterio de política interna.

En la resolución de los problemas internacionales no deben de tener cabida los sectarismos, los apasionamientos, los recelos, que enturbian la vida interna del País, solo deben tomarse en cuenta los intereses supremos de la Patria, para conseguir su progreso, su engrandecimiento, su prosperidad en el concierto de los pueblos de la Tierra.

No es dable asumir actitudes internacionales, fundándose en simpatías o antipatías de partido; no es procedente actuar o dejar de hacerlo por circunstancia de política interna, para ganar adeptos o para combatir grupos contrarios, o por temores que pudieran surgir en determinadas clases sociales.

Sólo cabe un criterio, en esta materia: el criterio nacional, que contemple el interés de la República, con prescindencia de los intereses de las banderías políticas, de los grupos, de las clases sociales, de los partidos….

Colocándome desde ese punto de vista, considerando el problema planteado con ese criterio puramente nacional, y solamente por razones de conveniencia nacional, estoy, señor Presidente, por el Acuerdo que se discute.

Considero que es conveniente para nuestra Patria, y, en general, para todos los Países Hispanoamericanos, iniciar y mantener relaciones diplomáticas con el Gobierno de Rusia.

A los pueblos pequeños y débiles les conviene, como política general, tomar contacto con todos los pueblos poderosos del Planeta, cualquiera que sea su tendencia política, procurando así escapar de caer en la órbita de influencia de un solo Estado, que pudiera fácilmente dominarlos, tratando de lograr el establecimiento de un justo equilibrio de intereses y de poder, que les permita subsistir no obstante su pequeñez material.

Así como la política eterna de los grandes ha sido la de dividir para reinar, así la política de los pequeños ha sido, y debe ser, la de agruparse para subsistir, y a la vez, cultivar relaciones con todos los poderosos a la vez, para que ninguno pueda, por si solo, dominarlos con su desmesurada grandeza.

Esa necesidad es particularmente cierta en el caso de los pueblos Hispanoamericanos. Es indispensable que tomemos contacto directo, sin intermediarios, con todos los pueblos de la tierra, para que todos los grandes Estados tengan iguales intereses en nuestro desarrollo económico y político, y en que se mantenga nuestra independencia nacional, mientras fomentemos, con la mayor urgencia, vínculos económicos y materiales, para incrementar y fortalecer nuestra unidad, única medida capaz de precautelar nuestras soberanías……

Y no solamente constituye una ineludible necesidad , para nuestros pueblos, el tomar contacto con todos los Estados del Mundo, sino que esa política corresponde a una de las características más profundas de nuestra raza: su tendencia a lo universal, a lo académico.

Ese universalismo se ha puesto muchas veces de manifiesto.

Allí están, para solo referirme al aspecto jurídico, Vittoria y Suárez, fundando el derecho Internacional sobre el principio inconmovible de la solidaridad humana, proclamando la existencia de la comunidad mundial de naciones, enseñando que la especie humana, es un todo, que tiene derechos, que están por encima de los derechos de sus componentes….

Sin dejar de amar a nuestras Patrias, nos interesa la suerte del Universo, de cuyos destinos nos negamos a permanecer al margen, cualquiera que sea la razón que para ello pretendiera alegarse.

Grandes son los aportes que nuestros pueblos pueden dar al progreso de la especie humana, en riquezas materiales y espirituales, y ni el mundo puede ser privado de nuestra colaboración, ni podemos nosotros admitir que se nos prive de los aportes de los demás Estados del Orbe.

Ese aporte, de parte de Rusia, puede ser fecundo; no solamente desde el punto de vista material, en el campo de la técnica, y en general de su alta cultura científica, sino también desde el punto de vista espiritual en el orden de los nuevos conceptos sociales relativos a establecer entre los hombres una mayor justicia social….

Por otra parte, Señor Presidente, ¿Quién pudiera negar la importancia universal de Rusia en el orden del poderío económico y militar?

Que está muy lejos de nosotros, se dirá quizás. Pero no es así: Rusia está en el Pacífico, frente a nosotros, al otro lado del Gran Océano, que sin duda presenciará en un futuro muy próximo, el resurgimiento a sus orillas, de una nueva y poderosa civilización, esa que Vasconcelos denominó “civilización cósmica”, de ese Océano que será lo que el Mare Nostrum para la civilización latina, y lo que el Atlántico es para la civilización contemporánea…

Hoy Rusia tiene, ciertamente, sus miradas puestas en Europa, en el occidente, por que en ese lado está el peligro, por que allí está su vida amenazada. Pero, muy pronto, dirigirá sus miradas hacia el oriente, que es nuestro occidente, hacia el Gran Océano, y no podemos ni debemos estar alejados de ese gran pueblo, que está llamado a jugar un gran papel en los destinos del Mundo, y, en especial, en los destinos de los pueblos ribereños del Pacífico.

Se dirá, se ha dicho, que el establecimiento de relaciones con Rusia, le dará impulso al comunismo en el Ecuador.

Yo no lo creo, Señor Presidente, El comunismo, como doctrina, pertenece al campo de las ideas, y, como tal ni se incrementará ni se reducirá con el reconocimiento del Gobierno Ruso, que, en verdad, a mi entender, practica hoy un nacionalismo ruso, celoso de sus derechos nacionales, y dispuesto a defender esos derechos con toda resolución.

El comunismo en el Ecuador dependerá de los hombres que profesan sus doctrinas, en cuyas manos está su destino.

Más vale, la actitud contraria, la negativa para entablar relaciones con Rusia, podría quizás fomentar el comunismo, porque las ideas se fortalecen cuando encuentran oposición sistemática.

Que la medida que se discute atenta contra la unidad nacional, se pretende.

Grave equivocación, Señor Presidente. De lo que se resiente la unidad nacional, es de la incomprensión, de la terquedad en las opiniones, de la intolerancia, del recelo, de la desconfianza recíproca de los grupos políticos.

Así como las guerras internacionales son causadas, muchas veces, por el miedo recíproco de los Estados, así la discordia civil está fomentada por el recelo recíproco de los grupos y partidos, recelo que provoca la lucha, sorda a veces, pero que, a veces, estalla en guerra civil violenta y sangrienta.

Que se inicien, señor Presidente, relaciones diplomáticas con la Unión Soviética.

Rusia es la patria de un gran pueblo, que después de luchar por su bienestar interno, ha sabido luchar bravamente por conservar su independencia nacional. Sus aportes a la causa del mejoramiento humano, y del afianzamiento de la justicia social, son inmensos.

Mi voto es favorable al Acuerdo.

Las listas negras

Durante el gobierno del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, y a propósito del “estado de guerra” existente, de la seguridad y defensa del continente y de las Resoluciones adoptadas por las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, decretó (1943) el control de cambios, importaciones y exportaciones, suspendiendo todo servicio a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren incluidas en la “lista negra” proclamada oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos de América, prohibiendo prestar cualquier servicio o llevar a cabo cualquier transacción con esas personas.

La medida fue tan absurdamente extrema que se llegó a disponer que “los bancos y las corporaciones, compañías o empresas que efectúen transacciones comerciales o bancarias de todo orden, con nacionales de países que están en guerra contra un país americano, quedan obligados a inmovilizar o congelar inmediatamente todos los fondos o créditos de cualquier naturaleza incluyendo todas las propiedades en custodia”.

A título de ejemplo transcribo, al azar, algunos de los nombres que constan en “la lista proclamada de los Estados Unidos de América (lista negra), revisión VIII, del 13 de septiembre de 1944, sección para el Ecuador, publicada por la embajada de los Estados Unidos en Quito, 1944”:

“ACOMEL”.- Agencia de Productos Nacionales, Agencia Italo-Ecuatoriana, Agencias, Comisiones, y Operaciones Mercantiles del Litoral, Agencias Internacionales C.A., Aliatis Poggi, Almerini, Altgelt, Amaya Molina, Andretta, Clemente G. Anselmi, “Argentina Exportadora”, Baquerizo, Bazar “Idolo”, Bazar y Joyería Queirolo, Brachetti Teodore, Brandt Beate Bio, Bracheti Tulio, Almacén “La Favorita”, Brauer Gehino; Cabanilla Cevallos; Carmigniani César; Casa Poppe; Casa Tagua S.A; Cerfontaine; Chanange; Cibelli; Clementina Plantagengesellschaft; Comercial “Delicias” S.A; Comercial Ecuatoriana; Contag; Costa Guido; Degetau Pablo; “Delicias” S.A; Della Piana; Diaz de la Cuadra Julio; Diaz Quiroz Julian; Diaz Quiroz Primo (Primitivo); Diaz Hermanos; “Ecuapetrol”; Ecuatoriana de Transportes Aereos; “El Nido”; Espinoza Reinaldo; Flores Gilberto; Fossati Cumandá; Fossati Luigi; Gakeotti Piero; Gonzales Cordova Francisco; Hacienda Clementina; Hacienda San Pablo; Importación Farmacéutica Americana; Industrial Beco C.A; Industrial Corozo Ecuador; Industrias Textiles S. A. Jeremías María; Jeremías Siegfried; Jeremías Herederas Joyería “El Brillante”; Kakabadze; Klaere Adolfo; Klaere Sáenz; Klein Arturo;Kruger, viuda y herederos de J.H; La Casa Wiking S.A; “La Polar”; “Las Delicias”; Mantilla Luis; Moeller Gustavo; Moeller Hermano; Moeller Martínez; Nebot Borras Jaime; Nickel Gurte August; Nieto María Eloisa; Norero Vicente; Orrantia Gonzales Joaquín; Palacios César; Pensión Sibarita; Pensión Suiza-Alemana; Pernigotti Ernesto; Pino Roca Rafael; Plantaciones Clementina; Ponto Roberto; Raffo Bollo Mario; Rodriguez Manuel; Rodriguez V; Ruperti Arturo; S.A.I.C.E; S.E.D.T; Saalmann y Cia; Salón “Viena”; Schmidt Hagius; Segale Ana María; Slaviero Aldo, Sonnenholzner; Talleres Rex; Tauber Miguel; Tenería Germania; Timpe Teodoro; Ultramares Trading Co.; Viteri Moulis Edmundo; Yannzzelli Donato; Zeller Alfredo; Zimmerman Otto.

Mi padre, que desde un primer momento se opuso a este oprobioso procedimiento, en que por calificación de una potencia extranjera, se sancionara a extranjeros residentes, casados con ecuatorianos y hasta a ecuatorianos como Joaquín Orrantia González, procuró –y en cierta forma logró- que se les devolvieran los bienes incautados

Defensa del Archipiélago de Galápagos

Una de las páginas más brillantes de mi padre fue la defensa del Archipiélago de Galápagos, oponiéndose, desde su curul en la Asamblea Nacional Constituyente de 1944-1945, al arrendamiento por noventa y nueve años a los Estados Unidos de América.

Como antecedente de la oposición al arrendamiento de los galápagos, conviene recordar su posición anterior a la instalación de bases

militares de los Estados Unidos de América en el Archipiélago, tan pronto como ese país entró en Guerra con los países del Eje.

Preocupado por la posibilidad de la generalización de la guerra y que Galápagos pudiera ser utilizada por su importancia estratégica, escribió el artículo titulado “El Problema Internacional de Galápagos, y obtuvo que la Junta Guayaquileña de Defensa Nacional publicará un acuerdo, que lo transcribo más adelante, sobre el mismo tema: que por la importancia estratégica del Archipiélago, no debe quedar en manos de ninguna potencia extranjera.

El artículo dice:

El problema internacional de Galápagos

Por: Antonio Parra Velasco

En la actual situación internacional, corresponde al Ecuador y a todos los pueblos de América Hispánica, meditar profundamente acerca del problema que entraña el propósito insistentemente expresado por los estadistas norteamericanos, de adquirir las islas de Galápagos, o, por lo menos, de establecer las bases navales en dichas islas, para la defensa del Canal de Panamá, que es arteria vital para el sistema de defensa de los Estados Unidos, al permitirle concentrar en un solo Océano, sus flotas del Pacífico y del Atlántico.

Después de publicarse noticias de que el Gobierno de Estados Unidos estaba ya en conversaciones con el Gobierno del Ecuador, acerca de la adquisición de las islas, se han publicado desmentidos oficiales.

Galápagos está en una posición estratégica


Tales desmentidos no deben de apartar la atención pública de ese grave problema, pues las conversaciones que se dice no han tenido lugar hasta hoy, pueden iniciarse en cualquier momento. Además es sabido que en el Mundo impera todavía la diplomacia secreta. Bastaría para demostrarlo el hecho de que se haya estado negociando, secretamente, a espaldas de la América Hispánica, la entrega por parte de Inglaterra a los Estados Unidos, de bases navales en sus posesiones coloniales del Caribe, en los precisos momentos en que el Gobierno de Estados Unidos trataba de inducir a los Estados Iberoamericanos a pactar con él acerca del establecimiento de un mandato colectivo de las Repúblicas Americanas sobre esas mismas colonias.

Además existe un hecho concreto que no puede ser negado: una comisión de Oficiales del Ejército y de la Marina del Ecuador se trasladó, hace pocas semanas, a visitar el Archipiélago de Galápagos, a bordo de un barco de guerra Norteamericano.

Ninguna explicación oficial se ha dado acerca de ese hecho significativo.

¿Habrán ido nuestros Oficiales a demarcar las zonas que van a ser cedidas para las bases navales que solicitan los Estados Unidos?

¿Habrán ido, acaso, simplemente a discutir, sobre el terreno mismo, acerca de los problemas militares y navales a que podría dar lugar un ataque al Archipiélago, por alguna potencia extracontinental?

Habrán ido quizás a presenciar trabajos en vía de realización por los marinos Norteamericanos?

La ciudadanía hace conjeturas, ante el silencio oficial.

Pero si no es posible determinar con exactitud la razón de ser de aquel viaje de Oficiales Ecuatorianos en nave de guerra extranjera, ese hecho constituye, sin lugar a duda, una indicación precisa de que existe aunque fuere solo en estudio, algún convenio entre nuestro País y los Estados Unidos, vinculado con la utilización del Archipiélago de Galápagos por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

No olvidemos que cuando se quiere realizar una negociación internacional, es muy fácil encontrar una fórmula mas o menos ingeniosa, que salve las apariencias y evite las dificultades.

Así, por ejemplo, no siendo posible formalizar abiertamente una negociación que transfiera la soberanía del Archipiélago de Galápagos, que violaría los principios constitucionales y pondría de manifiesto una finalidad claramente imperialista con justa alarma de la ciudadanía del País y de los hombres libres de los demás pueblos de la América Hispánica, bien podría intentarse estipular un arrendamiento, por un plazo de 99 años, o aun de menor duración.

Y si se temiese que el arrendamiento también pudiera originar similares dificultades, podría intentarse pactar una ocupación parcial y temporal, o simplemente el establecimiento a favor de los Estados Unidos, de un derecho de uso de las bahías y aguas del mar territorial de Galápagos, y de los terrenos insulares, para fines militares en el evento de que ese País entrara en una guerra internacional.

Debe, pues, estar alerta el pueblo Ecuatoriano, y considerar que el problema de Galápagos es un problema de vital importancia, acerca del cual estará llamado a resolver, en breve tiempo.

Ese problema consiste en determinar si conviene o no a nuestro País, y a los demás Estados Hispanoamericanos, a quienes afecta directamente el caso, la entrega a los Estados Unidos del Archipiélago de Galápagos.

Y digo la entrega, porque a eso equivaldría en la práctica cualquiera negociación sobre Galápagos, ya se trate directamente de venta, ya de arrendamiento, ya de ocupación parcial o total, pues, una vez posesionados los Estados Unidos de todo o parte del Archipiélago, esa posesión, aún cuando se la pactare por un tiempo determinado, será absoluta y definitiva, por así convenir a los intereses vitales de ese País.

Para resolver el problema planteado, se debe tomar en consideración que el Archipiélago de Galápagos constituye una posición estratégica de primer orden, frente a las costas de la América Hispánica, y que es la llave de la defensa militar del Canal de Panamá.

Archipiélago de Galápagos


Desde el Archipiélago de Galápagos puede dominarse, militarmente, toda la costa del Continente Americano bañada por el Océano Pacífico, controlando el aire y el mar, desde aquellas islas, dominando las vías de comunicaciones, y aun las mesetas andinas.

Esa posición estratégica, por rara suerte, está todavía en poder de Iberoamérica, al encontrarse bajo la soberanía Ecuatoriana, y no hay razón alguna lo suficientemente poderosa que pueda alegarse para que se haga la entrega a los Estados Unidos, de esa posesión vital.

Se dice que es necesario facilitarles a los Estados Unidos la defensa de todo el Continente Americano, contra la posible agresión de pueblos Europeos o Asiáticos.

¿Desde cuando, tenemos los pueblos Iberoamericanos, confiada nuestra defensa a los Estados Unidos? ¿qué defensa es esa, que consiste en la entrega de los territorios propios y de las más valiosas posesiones defensivas?

Precisamente, porque puede haber peligro para nosotros los Iberoamericanos, en el conflicto universal de hoy, por eso mismo, lo lógico y lo procedente es que conservemos incólume nuestra soberanía sobre nuestros propios territorios y sobre nuestras islas y más posesiones estratégicas vitales.

Puede convenir a la América Hispánica, en un momento dado colaborar militarmente y económicamente con los Estados Unidos, pero tal colaboración no debe nunca traducirse en la entrega de nuestros territorios y de nuestras posesiones estratégicas vitales.

La verdad debe ser dicha crudamente, ya que no caben términos ambiguos en tratándose de intereses vitales para la Patria: Los Estados Unidos quieren conseguir el dominio del Archipiélago de Galápagos, porque así les conviene a sus intereses, para resguardar el canal de Panamá del cual se posesionaron hace unos cuantos años, y que constituye para ese País, una arteria militar de esencial importancia.

Tomaron el Canal de Panamá, violando claros preceptos del Derecho Internacional. Lo fortificaron, contrariando disposiciones de tratados vigentes. Y ahora necesitan del Archipiélago de Galápagos para fortalecer más esa vía interoceánica abierta en territorio Iberoamericano.

Ayer tomaron Panamá, porque así convenía a los intereses militares de los Estados Unidos.

Hoy pretenden que se les entregue las Galápagos, para seguridad del canal de Panamá.

Mañana querrán que se les entregue la isla de Puná y el Golfo de Guayaquil y territorios de la nacionalidad Iberoamericana.

Adivino en los labios de mis lectores, una sonrisa de incredulidad, cuando he afirmado que mañana pedirán los Estados Unidos, para la llamada “defensa continental”, el Golfo de Guayaquil y la isla de Puná.

Sepan mis lectores que no se trata de una fantasía. Hace poco tiempo, en el Senado Norteamericano, se propuso una resolución, que está pendiente todavía, pidiendo al Gobierno de los Estados Unidos que proceda a entablar negociaciones con el Ecuador para obtener la venta de las islas de la Plata y de Puná…

Si hoy cedemos las islas de Galápagos, ¿porqué no habríamos de ceder también mañana la isla de Puná y el Golfo de Guayaquil?

Es indudable que los Estados Unidos, cuyos intereses se encuentran seriamente afectados tanto en el Extremo Oriente como en Europa, se inclinan inevitablemente a entrar en la guerra universal de hoy, en defensa de esos intereses.

Siguiendo una ley fatal, se vé ya a ese País mezclado casi directamente en la actual contienda, para defender su situación de gran potencia, para defender sus grandes capitales invertidos en el mundo entero, para defender su comercio que llega a todas las latitudes, para defender los mercados que han de conservar la vida a sus grandes industrias y su standard de vida interno.

Pero nosotros, los pueblos Iberoamericanos, ¿qué tenemos que ver en esta lucha de imperialismos? ¿qué medios tenemos para intervenir en ella? ¿qué intereses tenemos que defender en Europa y Asia? ¿qué industrias tenemos que proteger hoy en los mercados del mundo?

Nuestra posición es muy diversa, y resulta inconcebible que se nos pida que ayudemos a uno de los dos grupos imperialistas en lucha, entregando para ello nuestros territorios, y sujetando nuestra política internacional a los dictados de la política que les conviene seguir a otros pueblos en diversas condiciones de desarrollo económico y militar.

La América Hispánica debe seguir, en el actual conflicto internacional, su propia política, que debe ser una política de unificación y de defensa, unificación de todos los pueblos Iberoamericanos ante el peligro común, y defensa común de nuestros intereses y de nuestro territorio, tanto contra la expansión agresiva como contra la expansión que se esfuerza por aparecer amistosa.

Acuerdo de la Junta Guayaquileña de Defensa

La Junta Guayaquileña de Defensa,

Considerando:

1° Que desde hace algún tiempo se viene llevando a cabo, en el Ecuador, y principalmente fuera de él, una sistemática campaña de propaganda para crear un ambiente favorable a la cesión de las Islas del Archipiélago de Galápagos;

2° Que esa propaganda tendenciosa es gravemente lesiva a los intereses ecuatorianos y a los fueros sagrados de la integridad territorial;

3° Que el Archipiélago de Galápagos como parte que es del territorio nacional, debe ser defendido por los Ecuatorianos, al igual que las tierras del Oriente y cualquier otra porción del suelo patrio;

4° Que el Archipiélago de Galápagos tiene un valor estratégico de capital importancia en el Continente Americano, por su situación geográfica privilegiada;

5° Que por lo mismo, el Archipiélago de Galápagos en poder de una potencia extranjera daría a esa potencia el control militar del Ecuador y de los demás pueblos Iberoamericanos, bañados por el Pacífico;

6° Que el Archipiélago de Galápagos está destinado a tener una gran importancia económica y comercial, en un futuro muy cercano, por estar situado en el centro de importantes rutas marítimas y aéreas que cruzan el Pacífico y

7° Que el Archipiélago de Galápagos constituye una gran riqueza potencial para el fisco ecuatoriano;

Acuerda:

1° Llamar la atención del país, acerca de la absoluta inconveniencia de toda negociación o acuerdo que tenga por finalidad la entrega a cualquier potencia extranjera, en forma temporal o definitiva, parcial o total, para bases navales y aéreas o para cualquiera otra finalidad, de las islas del Archipiélago de Galápagos; y

2° Transcribir el presente acuerdo a todas las Juntas Patrióticas y Centros Culturales de la República, así como a todos los diarios del país y publicarlo por la pensa”.

En la sesión del 17 de agosto de 1944, se dá un muy interesante debate sobre Galápagos, en el que intervino mi padre, conforme al cual:

VII.- Por Secretaría se dá lectura al informe del señor Canciller de la República, relacionado con el dato aparecido en los Diarios de

Guayaquil referente a las islas Galápagos.

El mentado informe es del tenor siguiente:

Quito, a 17 de agosto de 1944

República del Ecuador.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Departamento Diplomático.

Asunto: Se responde nota en que se solicita informes sobre Galápagos.

Señor Presidente de la H. Asamblea Nacional.

Presente.

Señor Presidente:

Contesto de inmediato su atento oficio Nº 89, fechado hoy y tendiente a obtener de esta Cancillería toda información que posea sobre la noticia aparecida ayer en la prensa nacional acerca de negociaciones entre los gobiernos de los Estados Unidos de Norte América y el Ecuador, relativa al Archipiélago de Colón, de acuerdo con las declaraciones formuladas por el Senador de los Estados Unidos, señor Mac Keller.

Sea porque la noticia apenas apareció ayer, sea porque el asunto no pueda tener trascendencia, la Cancillería no ha recibido aún comunicación alguna del Señor Embajador Plaza Lasso, esperando tenerla en breve aunque sea en calidad de comentario.

Tratándose, como se trata, de la voz aislada de un Senador que, en su calidad de Representante popular ante el Parlamento de un país democrático y libérrimo, goza del más pleno derecho a opinar y a emitir su individual pensamiento y no de una sugestión u opinión colectiva del más alto cuerpo colegiado norteamericano, la Cancillería estima que cualquier alarma al respecto es prematura e injustificada, pues, por otra parte, no es ésta la primera, ni será la última vez, que una o varias voces se expresan dentro y fuera del Senado Estadounidense, para reclamar al Ejecutivo tal o cual adquisición territorial en beneficio de la Unión.

Del señor Presidente, atentamente,

Camilo Ponce Enríquez.

VIII.- El H. Parra Velasco:

Señor Presidente:

Estoy muy de acuerdo con el criterio expresado por el señor Canciller de la República en el sentido de que el Senador Mac Keller tuvo derecho, como Representante popular a un Parlamento democrático y liberal, para expresar el concepto que estimaba útil a su país. Yo creo que igual derecho le corresponde a otro Representante popular en otro Parlamento democrático y liberal, para expresar también su opinión individual, que quizás interprete la opinión colectiva, acerca del problema planteado por el Senador Mc Keller que afecta extraordinariamente los intereses de la República. El Senador Mc. Keller quiere que su país adquiera, entre otros territorios, las Islas de Galápagos, y otro Senador, Reinolds, ha estimado que la idea era magnífica y que debía agregarse también la adquisición de otras islas de la Rusia Soviética, y otro Senador, el señor Chandler, ha expresado que esas islas nuestras estarían mejor en poder de Estados Unidos, que en poder de un amigo de ellos. Y yo quería, ayer, señor Presidente, y quisiera ahora que su Señoría me permita expresar, desde este sitial, al señor Senador Chandler que la cuestión de saber si los Estados Unidos adquirirán o no el Archipiélago de Galápagos, no debe ser considerada una cuestión de debilidad o de poder, sino una cuestión de derecho y soberanía y que la opinión de la República es contraria a toda enajenación de este territorio patrio. Bien, señor Presidente, como lo dice el señor Canciller, sé también que esa opinión es aislada, pero bien sé que esa opinión viene a sumarse a muchas otras opiniones que desde hace mucho tiempo vienen tratando de crear en Estados Unidos un clima favorable para que ese país plantee ante el Gobierno Ecuatoriano la cesión de esas Islas. Pienso también, señor Presidente, que la opinión norteamericana no es solamente la de ese grupo que representa el señor Mc. Keller. Existen desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos y han existido también dos grandes corrientes de opiniones en esta materia internacional; la una, la de la mayoría de ese pueblo, la de esos hombres generosos, la de esos grandes pensadores, la de los grandes catedráticos, la de los fundadores de su nacionalidad; que repudian al imperialismo y que son fieles a la doctrina de la justicia internacional. Entre estos hombres estuvo Washington, quien, al despedirse de sus connacionales, les aconsejó ser justos y generosos con los demás pueblos de la tierra. En ese grupo estuvo Abraham Lincoln. Cuando a mediados del siglo pasado, en una guerra imperialista, los Estados Unidos invadieron México; cuando ya estaba ocupada Veracruz, cuando ya la mayor parte del territorio mexicano estaba ocupado por las tropas norteamericanas; cuando el General Taylor se preparaba a entrar a la Capital de México, como vencedor; cuando ya se anunciaba en Estados Unidos la candidatura del señor General Taylor como Presidente de la Unión, hubo un Representante que en el Congreso se levantó para protestar y defender a México y denunciar esa guerra como imperialista. Ese hombre fue Abraham Lincoln. Pero existe otro grupo menos numeroso, pero sí poderoso, compuesto de grandes financistas, de gentes que manejan la política, los cuales pretenden reiniciar en la América un nuevo ciclo imperialista, los cuales tratan de levantar nuevamente esa gruesa barrera que separó a los Estados Unidos de los pueblos hermanos del Sur. Y ese pequeño grupo es necesario que, aún cuando en forma individual, alguien le conteste y le diga que es necesario preservar esa política de buena vecindad siquiera como una teoría y como doctrina, porque desgraciadamente algunas ocasiones no han logrado realizarse en forma práctica. Es necesario decirle a ese grupo que ya pasó para siempre en la América Hispana ese ciclo histórico durante el cual nuestros pueblos vendían sus territorios, entregaban las islas, cedían sus posiciones geográficas importantes. Es necesario decirle a ese grupo que entienda claramente que el Ecuador no ha de admitir ninguna cesión de sus derechos soberanos sobre esa sección territorial. Existe, señor Presidente, un problema internacional de Galápagos. No lo podemos negar. La extraordinaria importancia estratégica de esas Islas así lo determinan, porque desde esas islas cualquier potencia dominará toda la América, desde California hasta el Cabo de Hornos, y la potencia que tenga en sus manos esas islas, dominará definitivamente a todos los pueblos hispanoamericanos. Existiendo ese problema, no cabe duda que le corresponde a esta Asamblea encararlo para resolver lo más conveniente a los grandes intereses nacionales. Y eso vengo a pedir a la Asamblea y creo que esta Honorable Corporación podría tomar por lo pronto dos medidas que me permito respetuosamente someter a su consideración: primera, que se designe una Comisión Especial para que estudie el problema internacional de Galápagos. Esta Comisión tendría por tarea investigar la verdadera situación diplomática del problema, tratar con el señor Canciller, estudiar con él esta cuestión de tan trascendental importancia, y esa Comisión presentaría un informe a la H. Asamblea para que ésta sepa, como representante supremo del país, cuál es la verdadera situación del problema y pueda dar una directiva fundamental para resolverlo. Y la segunda medida sería de que la Asamblea se dignase entrar a discutir, desde este mismo momento, la Carta Fundamental de la República. Que la Asamblea inicie el debate Constitucional, empezando por el mismo temario que indicaba la Comisión respectiva: “El Estado y sus elementos”. Que se inicie el debate por el elemento esencial y fundamental del Estado que es el territorio nacional. En esta materia, existe un principio indiscutible: “El territorio de la República es inalienable”. Por este punto deberían empezar los debates. Yo pediría que la Asamblea, si fuere posible en la sesión de hoy, dejase aprobada por unanimidad ese postulado, que consta en todas nuestras Constituciones, que consta en ambos proyectos, que sirven de base para la discusión y que lo dejara aprobado definitivamente la Asamblea, porque ese postulado no sólo traduce el sentimiento patriótico de todos y cada uno de los Representantes de la Asamblea, sino que también está de acuerdo con todas las doctrinas representadas en las distintas tendencias política de la Asamblea. Mi petición tiene esas dos partes: que se nombre una Comisión Especial y que se inicie el debate sobre la cuestión que he planteado, es decir, sobre el principio constitucional referente al territorio de la República, para lo cual me permito entregar en Secretaría un proyecto de artículo que sirva de base para la discusión y que pase a la Comisión respectiva, si su Señoría, así lo resuelve.

La Presidencia consulta al H. Parra si debe ser una Comisión Especial, o bastaría se encargue este estudio a la Comisión de Oriente y Galápagos.

El H. Parra Velasco:

Señor Presidente: Considero que debe ser una Comisión Especial, especialísima y le ruego el honor de permitirme ser uno de sus integrantes.

El H. Gil Gilbert:

Señor Presidente:

Estando de acuerdo fundamentalmente con las expresiones patrióticas del H. Parra Velasco, me parece sin embargo que debemos hacer una aclaración en lo referente al aporte del Ecuador, con su territorio insular de Galápagos, a la defensa del continente contra el imperialismo nazi-facista. Apoyo la moción del H. Parra en su primera parte. En lo que se refiere a la segunda parte creemos nosotros que la Comisión de Constitución al presentarnos el plan a discutirse acerca del territorio ecuatoriano, no habrá olvidado este asunto trascendental e importante y que sea en ese momento que se discuta el asunto. Aclaro también que estoy hablando a nombra del partido comunista.

El H. Buendía:

Señor Presidente:

No me ha extrañado la actitud de los Estados Unidos en este momento. Es una lógica concatenación de antecedentes que tenían que producir necesariamente esta situación, como culminación de una política que ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Los Estados Unidos han puesto en juego en la América del Sur, la Ley conocida con el Nombre de Préstamos y Arriendos y de acuerdo con esa ley han ocupado diversos territorios de países de la América del Sur y de otros lugares. Posiblemente con esta ley de Préstamos y Arriendos no se ha perseguido otra cosa que la infiltración con miras posteriores, para continuar su política de dominación y de imperialismo. Desde hace mucho tiempo atrás el Senador Knox ha venido proclamando la necesidad de tomar posesión de las Islas Galápagos. Bien conocida es la personalidad del Senador Knox, que es el Representante funcional de la Marina de los Estados Unidos; y este Representante ha vivido ponderando, por múltiples aspectos, la importancia de las islas que fueron descubiertas por el General Villamil e incorporadas al territorio ecuatoriano, como muy bien lo ha expresado el H. Parra Velasco, y dentro de ese concepto de integridad, las Islas Galápagos han figurado siempre como parte del territorio ecuatoriano. Vamos a discutir tal vez después de pocos instantes la Constitución de la República del Ecuador y esta noticia, y este acontecimiento nos viene en los precisos momentos en que tenemos que definir al Estado Ecuatoriano, Es inútil expresar que el concepto de todo Estado, por sus elementos, tiene que ser la mixtura, la combinación de estos dos elementos el uno étnico y el otro físico. El étnico, la población; y el físico, la base de sustentación que es elterritorio. Estos forman la personalidad del Estado, que es indivisible, es un ser absolutamente autónomo y no se puede enajenar. Los Estados Unidos han creído, dentro de su política de comercio, que una porción del Estado de un territorio como el Ecuador, se puede adquirir por algunos millones de dólares. Hay necesidad de que la Asamblea del Ecuador desde el primer momento aun cuando no tenemos noticias oficiales, por lo menos declare que todo el territorio del Ecuador es absolutamente inalienable. Por esto, encuentro no sólo oportuna, sino magnífica, la petición del H. Parra Velasco y le apoyo con todos los sentimientos de mi alma, como ecuatoriano. Hablo en este momento simplemente como Representante sin referirme a ningún partido político. Hablo única y exclusivamente como ciudadano del Ecuador y por lo mismo digo que en todo momento debemos tener la mira de defender la integridad del territorio patrio. En este momento, decía, debemos comenzar a discutir el Proyecto de Constitución, y por eso quiero manifestar mi admiración, por decir lo menos, de que en el anteproyecto de Constitución presentado por la Comisión no consta absolutamente nada respecto del territorio del Ecuador, cuando la definición del Ecuador es la base y fundamento de toda Constitución, y especialmente de la Constitución del Ecuador en estos precisos momentos. No sólo apoyaría la petición del H. Parra en el sentido de que se nombre una Comisión, porque tal vez esto demoraría y la Comisión podría dar su informe después de algunos días, cuando por lo menos haya pasado la oportunidad, la que necesitamos para orientar el criterio de nuestro gobierno, para dirigir el criterio de nuestros Representantes en el exterior, para orientar el criterio de la ciudadanía toda y del pueblo íntegro del Ecuador en sus relaciones internacionales, es que la Asamblea, de una manera rotunda y radical, declare que el territorio del Ecuador es absolutamente inalienable. Para posteriores estudios puede nombrarse la Comisión especialmente para saber en que condiciones, en que situación jurídica o en que relaciones, contratos o negocios se funda Estados Unidos para ocupar el territorio de Galápagos. Es necesario que la Comisión se dé cuenta de todos los antecedentes que han culminado con esa ocupación y especialmente de las negociaciones hechas al respecto en el Gobierno del doctor Arroyo. La Comisión por lo mismo ya tendría materia de estudio; pero lo que es urgente, lo que es impostergable, es que la Asamblea, que felizmente ha estado reunida en estos momentos en que nuevamente una especia de imperialismo yanqui quiere humillar una vez más a uno de los paises suramericanos, declare rotundamente, estentóreamente, para que sepa toda la América, que Galápagos es parte integrante del territorio del Ecuador y que no puede ser cedido ni enajenado en ninguna de sus partes.

El H. Izquierdo:

Señor Presidente: Como Representante del Archipiélago de Galápagos, conocido oficialmente con el nombre de Archipiélago de Colón, me cumple manifestar que en estos precisos instantes en que los datos de la prensa aparecidos el día de hoy y ayer, indudablemente han llegado a herir las fibras más sensibles de los ecuatorianos, esta fibra del patriotismo que existe en estos momentos robustecida por las desgracias que han ocurrido en este país. Es lógico suponer que todos y cada uno de los Representantes deben saber a ciencia cierta cuál es la verdadera situación de Galápagos. Por haber permanecido allí con el carácter de Jefe Territorial para defender y representar la soberanía nacional en esa tierra lejana, conocida por ótros, por Islas Encantadas, quiero pedir al señor Presidente y a los HH. Legisladores, en guarda de la cordura y armonía que debe existir en estos precisos instantes, en que el mundo entero está envuelto en esta cruel guerra y en la cual hemos manifestado con amplitud de generosidad al ofrecer ayuda para la defensa continental, que antes de pronunciarse en algún sentido, ya que se trata de un transcendentalísimo momento, se sirva tratar con discreción completa el estado jurídico actual del Archipiélago y nuestras relaciones con los americanos, en lo que toca a los derechos que tienen ellos allí y a los derechos que por fortuna tiene el Ecuador en este momento. El pueblo y los señores Asambleístas se darán cuenta de un ciudadano que siente la ecuatorianidad como el que más, por haber vivido allí sin haber recibido quizá el apoyo de los Poderes Oficiales y haciendo todos los esfuerzos y sacrificios necesarios para mantener esa soberanía y dando facilidades para que vivan los ecuatorianos, con el convencimiento de que no sólamente con las armas, con los cañones y fusiles se defiende la soberanía del país, sino especialmente haciendo vivir a los ecuatorianos es este territorio.

Si nuestras dolorosas experiencias no han servido de lección para otros, declaro que yo sí tengo ese pleno convencimiento y es así como, en mi calidad de Jefe Territorial de Galápagos, tuve ocasión de facilitar a medida de mis esfuerzos y con grandes sacrificios, la sede de los ecuatorianos que constituye la colonia más sana, más patriótica y ecuatoriana en esa apartado girón de la tierra ecuatoriana. Ellos son nuestro respaldo de soberanía. Es necesario que se den perfecta cuenta de que no es posible en este momento decir al público cuál es el estado jurídico de Galápagos. Esto lo digo como militar que soy y si no pertenezco en el momento actual al servicio activo, me siento vinculado todavía a la querida Institución Armada, y por lo mismo, soy consecuente con sus principios de ética profesional. No puedo hablar de esto sino en una sesión reservada, pero quiero calmar el clamor del pueblo ecuatoriano que está herido con estas noticias. Indudablemente como lo ha dicho ya el H. Parra Velasco, se trata simplemente de la opinión de uno de los Senadores de Estados Unidos, opinión que hace peso y que nosotros debemos rechazarla desde un primer instante, como ecuatorianos. Respecto a la situación de Galápagos, una solución a priori y solamente con la enunciación del criterio del Senador Mc. Keller, no es posible que tome resolución alguna en este instante la Cámara, sin antes haberme escuchado, si me hacen este favor, y sin antes nombrar esta Comisión que de urgencia se ponga al habla con la Cancillería para obtener los datos más precisos y poder dar una resolución de acuerdo con el momento actual.

Quiero dar la sensación al público que está pendiente y que está de pie, de que nuestros derechos se mantienen incólumes en nuestro Archipiélago y le cupo en suerte tener el honor a este ecuatoriano de conseguir todos los derechos del Archipiélago para el Ecuador y hacer ocupar todos y cada uno de los pedazos de territorio en donde se encuentra facilidades para la vida, con ecuatorianos de verdad, que son los que más resultado dan en guarda de la soberanía Nacional. De manera que, tengan la firme seguridad, el firme convencimiento, de que el control completo del Archipiélago, está bajo la autoridad del Jefe Territorial ecuatoriano y como tal podría decir qué derechos tienen allí los americanos, el estado jurídico creado allí, habiendo dejado sentado jurisprudencia de cuáles son nuestros derechos como manifestaré en sesión reservada. Les queda el convencimiento, si me hacen el favor de creer, de que año y medio me he sacrificado para conseguir y reafirmar todos los derechos del Ecuador sobre el Archipiélago y con esta declaración creo que se calmarán los ánimos de los ecuatorianos que se han sentido heridos en la fibra más sensible que es la de la ecuatorianidad. Allí actué en nombre del Ecuador y sintiendo como el que más a raíz de un desastre fronterizo, puse todo mi patriotismo al servicio de esa labor y con todos mis colaboradores hemos hecho sentir nuestra soberanía, como no se la ha hecho sentir en ninguna otra parte del territorio ecuatoriano.

La Presidencia informa a la Cámara que, como había una petición de algunos Legisladores solicitando que estos asuntos se traten en sesión secreta, consultaba a la Cámara si se continúa o no tratando estos problemas públicamente; pero, que su opinión personal era que debía instalarse en sesión reservada.

El H. Concha:

Señor Presidente: Creo que es inútil que nos instalemos en sesión reservada, no veo el objeto. La proposición del H. Parra es concreta, únicamente lo que falta es la ordenación de los procedimientos para que resulte buena cualquiera resolución de la Asamblea Nacional. Efectivamente, la Asamblea Nacional no conoce oficialmente nada al respecto. Juzgo que sería precipitado tomar cualquiera resolución cuando todavía no se nos anuncia cuales son los propósitos, cuales son los acuerdos de los Estados Unidos y si existen esos acuerdos. Acabamos de conocer la comunicación de la Cancillería en que manifiesta que no tiene conocimiento oficial sobre el asunto, que está esperando el comunicado oficial de nuestro Embajador. Por lo tanto, creo que sería una precipitación de la Asamblea que no estaría concordante con la majestad del Poder Legislativo Ecuatoriano. Se debe recibir una proposición oficial, una proposición que esté a tono con el trámite internacional que se da a estos hechos. Cualquiera otra discusión que se provoque, sería únicamente una precipitación que quien sabe cual sería la sensación internacional que va a producir. Soy de la opinión de que la Asamblea Nacional debe informarse perfectamente de la forma en que han quedo resuelto los diversos convenios que firmó el Ecuador con Estados Unidos, para que la Asamblea Nacional vaya formando concepto y conociendo concretamente el punto planteado de los convenios internacionales que hay con el país del Norte. Por lo tanto, propongo y solicito que el señor Canciller venga a una sesión de la Cámara a informar del texto de los convenios con Estados Unidos respecto a las bases de la Península de Santa Elena y de Galápagos. Dichos convenios se firmaron en el año 1942, a principios de ese año el relativo a Santa Elena y en el Congreso de ese mismo año se informó que no se había llegado a un convenio en concreto todavía en relación a Galápagos.

Así, que, aún cuando yo ya conozco el convenio relativo a la Península de Santa Elena, desconozco en qué forma quedaron los convenios con respecto a las Islas Galápagos. Por consiguiente, una vez escuchado al señor Canciller de la República, ya tendrá una base la Asamblea Nacional para pronunciarse en cualquier sentido. La presencia del señor Canciller sería informativa, así se obviaría designar comisiones que vayan a tratar sobre un punto determinado. Si es necesaria la Comisión, prestaré apoyo decidido a la proposición patriótica del Honorable Parra Velasco, asegurándole de antemano que le brindaré todo mi apoyo, porque ante todo debemos defender nuestros derechos inalienables en el territorio nacional. Podríamos reclamar la presencia del señor Canciller para el día de mañana.

El H.Parra Velasco:

Señor Presidente: Me parece que la una proposición no obsta a la otra. Si su Señoría designa la Comisión Especial para adelantar el estudio, así aprovecharíamos mejor la exposición del señor Canciller. En cuanto al segundo punto, me permito hacer observar a su Señoría que se trata de discutir un problema constitucional que está íntimamente relacionado con la situación del Archipiélago de Galápagos que he planteado, pero al mismo tiempo es una cuestión independiente que esta Asamblea tendrá que tratarla tarde o temprano. La Asamblea, al estructurar la Constitución tendrá que definirse en la cuestión del territorio nacional, por tratarse de uno de los elementos esenciales del Estado. En consecuencia, mi petición era en el sentido de que empecemos desde este mismo momento a tratar de esa cuestión. Tengo seguridad de que en principio no habrá ninguno de los HH. Diputados que no esté en perfecto acuerdo con ese proyecto de artículo que he presentado en Secretaría, que no tiene novedad alguna porque es general y universal sobre la materia, porque ha constado en todas nuestras Constituciones en forma tradicional, y porque es un principio universal en la organización esencial y política de los Estados. Mi proposición fué en el sentido de que se inicie el debate y ojalá en esta misma sesión, se dejara aprobado por unanimidad ese principio, tal como lo pedia el H. Buendía, el principio de que el territorio es inalienable.

El H. Flor:

Señor Presidente: Juzgo muy digna de alabanza la iniciativa del H. Parra Velasco para que se proceda de inmediato a la discusión de la Constitución de la República, mas, su petición está en contra de una moción aprobada, ya el día de ayer a iniciativa del H. Cueva, moción que se encaminaba a la discusión de la Constitución, capítulo por capítulo, después de que se haya dado a conocer el temario respectivo y se haya expuesto quien es el ponente en hojas mimeografiadas, que irán a conocimiento de los Diputados. De manera que, según lo aprobado por la Asamblea Nacional, lo primero es el reparto del temario para el estudio individual de los Representantes, y para la discusión respectiva al siguiente día, porque la moción del H. Cueva dice textualmente que todo aquello se repartirá “la víspera”. Al iniciar hoy la discusión de la Carta Fundamental tendríamos que considerar la resolución anterior, teniendo en cuenta que para la reconsideración se necesita el voto de las dos terceras partes. En segundo lugar, dejando aparte este asunto meramente reglamentario, hemos convenido en que la discusión de la Carta Fundamental debe ser lógica y ordenada. Hemos de comenzar por estudiar el Estado Ecuatoriano considerado como un todo único. Después de considerar al Estado en su carácter abstracto, en su carácter positivo, entonces cabe que entremos en la consideración de los elementos componentes del Estado, y entre éstos está el territorio. De manera que sólo sería una prórroga de veinticuatro horas para conocer los problemas relacionados con el territorio nacional. Esto exige el orden lógico de los estudios. Por otra parte, por lo mismo que necesitamos una reflexión madura, una decisión prudente sobre lo que debe constar en la Carta Fundamental respecto al territorio nacional, es menester que concluyamos todo el conocimiento de la documentación necesaria para el caso. La misma moción del H. Parra Velasco se encamina al conocimiento de datos relacionados con las Islas Galápagos, está pidiendo documentación, conocimiento de su estado jurídico, de su estado administrativo, del estado político jurídico en cuanto se refiere a convenios establecidos o no con la soberanía norteamericana. Es necesario conocer esto ya con el auxilio del señor Canciller, ya con el aporte de conocimientos que nos daría el H. Representante por aquella sección territorial, ya con el aporte de sus conocimientos que nos daría cualquiera de los otros señores Diputados .

Sólo entonces estaríamos en condiciones de juzgar el estado de las Islas de Galápagos. Entrando a considerar lo relacionado con el problema general del territorio ecuatoriano, talvez sería conveniente que su estudio sea cuestión aparte, dando un temario especial, debido a la importancia de las Islas Galápagos. Por esta razón solicito que no se tome ninguna resolución, si es posible, respecto de conclusiones referentes al territorio nacional, mientras no se expongan las ideas generales relativas al Estado y sus elementos y mientras no tengamos la documentación completa del estado político-jurídico de las Islas del Archipiélago y otros antecedentes generales, para la discusión, no pública, sino privada y secreta.

Sale el H. Chiriboga.

El Señor Presidente: Para ordenar debidamente la discusión voy a oír la palabra de dos HH. Diputados más en lo que se refiere a la primera moción. Votada ésa, entonces se entrará a discutir la segunda moción y la Asamblea resolverá si se lo hace en público o reservadamente.

El H. Lovato:

Señor Presidente: Debo manifestar, corroborando lo que ya se ha dicho por algunos Honorables, que no se trata de una actitud de los Estados Unidos, de una actitud oficial de esa Nación; es apenas la opinión de un Senador del Congreso de Estados Unidos. Por consiguiente, no podemos considerar esta opinión como una cuestión de Estado. En segundo lugar, es lógico que todos hemos de estar de acuerdo en que el territorio del Ecuador, como componente, como elemento constitutivo del Estado, es inalienable e imprescriptible. Acerca de la moción relativa a que se nombre una Comisión para que conozca el problema, me parece que se puede y se debe nombrar esa Comisión, en lo que se refiere a las Islas de Galápagos. En cuanto a la segunda parte, creo que no se debe tratar en sesión reservada, porque pudiera el público estimar que ya vamos a tratar de esta proposición o idea del Senador Mac Keller.

El H. Saad:

Señor Presidente: He oído con profunda complacencia las expresiones del compañero Parra Velasco en esta Asamblea. Estoy absolutamente de acuerdo con él en los criterios fundamentales emitidos respecto a las dos proposiciones perfectamente marcadas en la política y en el pueblo de Estados Unidos y en sus repercusiones internacionales. Creo con el H. Parra Velasco que es necesario distinguir claramente la noble y robusta tradición democrática del pueblo norteamericano representada por Washington, Jefferson, Lincoln, ¿por qué no decirlo? por la figura del actual Presidente; y las tendencias de los grupos plutocráticos e imperialistas de esa Nación.

Sin embargo, me veo obligado a intervenir en esta discusión porque se han emitido algunos criterios que deben ser aclarados. Yo no deseo herir la susceptibilidad de ninguno de mis HH. Colegas, pero creo que es preciso distinguir claramente entre la vieja política imperialista de Estados Unidos y la política actual de buena vecindad. Creo que la política de buena vecindad no ha sido siempre certera, que hay todavía muchos enemigos de ella dentro de Estados Unidos que, en muchas ocasiones, han hecho que esta política de buena vecindad no surta el efecto y los beneficios que se propone. Pero de ahí a titular de imperialista, en el viejo sentido de la palabra, a la actual política de Estados Unidos, hay una profunda diferencia.

No puede titularse de imperialista la política de un país que constituye hoy día uno de los baluartes contra el fascismo y contra la opresión en la tierra. Considero que las fallas de la política de buena vecindad no son el resultado de la acción de los sustentadores de ella, sino de aquellos grupos que están en contra de la política de buena vecindad e impiden la realización de los benéficos resultados. Si no se hace esta distinción, el problema planteado por el Senador Mac Keller, no puede entenderse en sus justos términos. Debo recordar como otro Senador se permitió hacer una serie de informaciones y críticas respecto de la política de buena vecindad.

Si no recuerdo mal ese Senador era Buttler; pero recuerdo también cómo todas las fuerzas democráticas de los Estados Unidos se levantaron e impugnaron aquellos conceptos infundados y personales vertidos por él.

Se trata en este caso también de la opinión aislada y personal de un Senador Norteamericano que en una buena parte no responde a la línea de desarrollo progresista y democrática de la política americana, sino que es un vocero definido de esos otros políticos opresores de los Estados Unidos que durante tantos años hemos sufrido. Respecto a determinadas leyes como la de Préstamos y Arriendos, aquí se han hecho afirmaciones ligeras, sin una suficiente definición de los resultados que de ella emanan. No se puede condenar en bloque la actitud política de Estados Unidos. Por eso aplaudo la visión clara del H. Parra Velasco para definir la política de la gran Nación del Norte. Yo también aclaro, como todo ecuatoriano, que es indiscutible la inalienabilidad del territorio ecuatoriano, que se encuentra en parte representado por las Islas Galápagos. No creo que haya ecuatoriano de ninguna clase social que pueda estar en contra de este criterio; el sólo hecho de ser ecuatorianos nos obliga a ello. Pero quiero que no se llegue a exageraciones. Van surgiendo en el mundo una serie de nuevas tendencias en el Derecho Internacional y Político. Esta mañana hemos discutido con distinguidos colegas de la Comisión de Constitución sobre estos aspectos. Es evidente que todos los Estados deben ser soberanos, pero como resultado de la guerra está surgiendo una nueva interdependencia de Estados, de Estados soberanos. No se trata de enajenar la más pequeña sección territorial del Estado, lo que se trata es de la cooperación e interdependencia para determinados fines comunes intercontinentales o mundiales. El H. Flor hará una detenida exposición al respecto y por eso me excuso de continuar tratando de este punto. Considero que se encuentra perfectamente justificada, desde el punto de vista político, teórico y práctico, cualquiera cooperación sin mengua de nuestra soberanía que podemos prestar con nuestras islas para la defensa continental y mundial. Para concluir, quiero opinar sobre las mociones del H. Parra Velasco. Estoy de acuerdo con la primera, en el sentido de que es indispensable nombrar una Comisión que nos traiga un estudio completo y claro de la situación jurídica para que esta Representación nacional sepa cual es el estado actual de las Islas Galápagos.Tenemos derecho a pedir esto y todos los Poderes Públicos tienen el deber de informarnos. En cuanto a la segunda parte, considero que el H. Parra no tendría ningún inconveniente en que esta cuestión sea discutida mañana. Acaba de ser distribuído el temario de la primera discusión de la Constitución, punto sobre el cual va a hacer su exposición el H. Flor; y en uno de los acápites consta el relativo al problema del territorio ecuatoriano, porque no ha rehuído la Comisión, sinceramente, de tratar de este problema. Por esta razón, respetando el criterio del H. Parra Velasco, en el que todos estamos de acuerdo, respecto de la soberanía sobre las islas Galápagos, le pediría que retire la segunda parte de su moción, para permitir el debate constitucional en la sesión de mañana.

Cerrada la discusión, la Presidencia manifiesta que la moción del H. Parra va a ser sometida a votación en dos partes.

Votada la primera parte de la moción del doctor Parra, referente a la creación de una Comisión Especial que estudie el estado jurídico del Archipiélago de Colón, es aprobada por unanimidad.

IX .- La Presidencia designa como miembros de dicha Comisión a los siguientes Honorables: Tnte. José María Plaza Lasso, Mayor Cornelio Izquierdo, doctor Antonio Parra Velasco, doctor Gustavo Buendía y doctor Manuel Elicio Flor.

El H. Izquierdo hace constar su apoyo a la moción del H. Parra.

El H. Parra Velasco:

Señor Presidente: No tengo ningún inconveniente en que se aplace el debate para mañana. Yo hubiera deseado que la cuestión se discutiese hoy, como también me hubiera gustado que se hubiese resuelto hoy mismo.

Queda simplemente un principio de aspecto espiritual, para que existiese una especie de simbolismo en la materia, para que hubiese habido una contestación casi inmediata que resuelva en principio la cuestión debatida. Pero no tengo ningún inconveniente en que el debate se aplace para mañana, porque tengo seguridad que el resultado será unánime para probar la ponencia planteada, que no tiene ninguna novedad, sino que traduce y reitera un viejo principio, base de la constitución de la nacionalidad ecuatoriana.

El H. Miguel Angel Aguirre:

Señor Presidente: Como una nueva información para la Comisión que acaba de designarse con relación al asunto planteado por el H. Parra Velasco, quiero hacer una previa exposición. El año anterior Loja me envió ante el Congreso de 1943. Por supuesto, concurrí a él por la voluntad de mi Provincia y no por voluntad del arroyismo imperante en este tiempo. Una de mis preocupaciones fué demostrar celo por la integridad territorial. Constantemente reclamé por ella, por la defensa de mi Provincia, por la Provincia de El Oro y en esta virtud debo declarar ante la H. Asamblea que obtuve la concurrencia del ex-Canciller señor Guarderas, a fin de que explicara precisamente si se habían realizado tratados respecto de la concesión de las bases de Salinas y Galápagos. El ex-Canciller señor Guarderas declaró, enfáticamente, que sí se había realizado un tratado respecto a la base de Salinas, pero que no había ningún tratado respecto de Galápagos. Estoy más que convencido de que no existe tratado alguno, pues, consta de actas del Congreso anterior esta exposición del señor ex-Canciller.- Desgraciadamente, como todos sabemos, los tiempos eran absolutamente anormales y el señor ex-Canciller Guarderas no pudo explicar un momento la razón del por qué no se había suscrito tratado alguno con la gran Nación del Norte, respecto a la concesión de las Islas Galápagos. Una de las defensas del ex-Canciller consistía en expresar que el Ecuador era una República completamente débil y que ningún tratado valía ante una potencia como Estados Unidos. Yo había rebatido al ex-Canciller en el sentido de que, precisamente, ahí estaba el triunfo de la democracia y del Derecho Internacional. El Congreso, pese a su abrumadora mayoría arroyista fijó un plazo determinado para que se suscriba ese tratado, pero no se ha llegado a suscribirlo hasta hoy. Y para premio irónico de la forma como se han llevado las cuestiones internacionales en el Gobierno que felizmente cayó, el Congreso de 1943 salvo el voto de dos o tres Representantes libres que concurrimos, dió un voto de confianza al ex-Canciller. He querido dar esta información a la Comisión nombrada.

El H. Parra Velasco:

Señor Presidente: Pediría que se oficie a los señores Canciller y Ministro de Defensa anunciándoles que se ha nombrado esta Comisión, a fin de que tengan listos todos los documentos que debe conocer ella.

El H. Silva del Pozo:

Señor Presidente: El H. Concha había pedido que se invitara al señor Canciller y por lo mismo sería del caso fijar la fecha de la llamada.

La Presidencia manifiesta no creer del caso seguir tratando de la proposición del H. Concha, porque estima que nombrada la Comisión, posteriormente se puede fijar la fecha para llamar al Canciller.

El 7 de diciembre de 1944, el señor doctor José María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de la República, envió un mensaje a la Asamblea Constituyente, a fin de lograr la autorización para arrendar el Archipiélago de Galápagos, cuyo texto dice:

Quito, Diciembre 7 de 1944

REPRESENTANTES A LA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1944

PRESENTE.

Representantes:

Os saludo con el respeto que merecéis como Representantes elegidos en libre votación popular y os deseo con toda sinceridad el mayor éxito en vuestra trascendental y complicada tarea legislativa.

Quisiera daros informes completamente halagadores respecto al rumbo del Estado. Por desgracia, la Revolución del 28 de Mayo de este año encontró al País abrumado de toda clase de dificultades; y, si algo se ha hecho por entonar el civismo y poner las bases de ciertas realizaciones urgentes, continúan siendo muchos y muy grandes los obstáculos que se deben vencer.

Se vencerán, sin embargo, HH Representantes, con plena responsabilidad frente al futuro, forjamos el presente con sacrificio y abnegación, ayudados todos por vuestra sabiduría. El pasado queda.

Reparemos lo que se pueda reparar; pero miremos sobre todo el porvenir y atendamos al presente, fundamento del porvenir.

Entre las graves preocupaciones que envuelven a la República, la mayor y más trascendental es la internacional que tiene distintos aspectos. En este mensaje con el que molesto vuestra atención por obra de las necesidades, me referiré simplemente a uno de ellos.

El Gobierno actual encontró a los Estados Unidos de América en zonas del territorio nacional como la isla Baltra o Seymour, la pequeña Seymor, parte de la isla Santa Cruz y una área en la parroquia de Salinas. Además, los Estados Unidos con motivo de la ocupación bélica de las anteriores zonas estaban en ejercicio de ciertos derechos complementarios para la defensa y vigilancia de lo ocupado.

Además, por el Acuerdo de 19 de mayo de este año, que no llegó a perfeccionarse, los Estados Unidos podían ocupar todo el Archipiélago sin ninguna restricción.

La ocupación de las islas Galápagos no tiene acuerdo que la regularice. El área de la parroquia de Salinas está sometida a un acuerdo militar.

La H. Asamblea conoce el Acuerdo de 2 de Febrero de 1942 en que se prevee que el Ecuador y los Estados Unidos pueden emprender en o sobre el territorio de ambos países operaciones de defensa continental.

El actual Gobierno no ha descuidado un sólo día las actividades oportunas para precisar la situación del Ecuador frente a los Estados Unidos respecto a las islas de Galápagos y al área de Salinas. Conversaciones informales en Quito con el Embajador de los Estados Unidos inclinaban a creer que Salinas sería desocupada inmediatamente después de la guerra y que podía obtenerse que la isla de Seymour y los pequeños islotes adjuntos serían desocupados a lo más cinco años después del acuerdo que se perseguía, porque podía suponerse que la guerra con el Japón terminaría en cinco años. El Gobierno, desde luego, en las conversaciones informales no se había resignado a este plazo; pero tenía la impresión de que sería reclamado con insistencia. Empero, los asuntos internacionales cambian de un día para el otro.

En agosto visité las islas Galápagos acompañado entre otras personas, por el señor Presidente de la Asamblea Nacional y por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Mi deseo era que se reconociese la soberanía de Ecuador en las islas; y; en efecto, esa soberanía fué reconocida por los honores protocolarios que se ofrecieron al Presidente de la República. Pero, con toda cortesía y sin aludir directamente a tratado alguno, el General americano que me acompañaba me insistió repetidas veces en cómo se agravaba día a día la guerra del Japón con Estados Unidos. Los Estados Unidos temen una resistencia larga y tenáz de parte del Japón, y temen sobre todo para después de veinte o treinta años las mayores reacciones vengativas de las potencias que hoy combaten. Dados los capitales invertidos por los Estados Unidos en la isla de Seymour, adquirí para mis adentro la íntima convicción de que este país no la desocuparía ni pronto ni fácilmente. Pero, el Gobierno continuó meditando en los medios más hábiles para obtener esa desocupación en el término mas breve posible. La venida al Ecuador del señor Embajador de nuestro país ante el Gobierno norteamericano nos coloca ante una dura realidad.

El Gobierno de los Estados Unidos propone el arrendamiento de las islas Seymour y Santa Cruz, de pequeñas áreas de otras islas necesarias como complemento de la ocupación de las anteriores y de una área en la parroquia de Salinas.

Quieren los Estados Unidos que este arrendamiento se haga lo más pronto; solicitan el ejercicio de derechos anexos a esta ocupación para construir, mejorar, controlar, etc., y piden además otras facultades entre éstas algunas relativas a jurisdicción, facilidades postales, etc. Parece, desde luego, por informaciones oficiales que la proposición informal que nos trae el Embajador en Washington se reducirá en el supuesto de una negociación feliz y patriótica en la ocupación de esas pequeñas zonas territoriales y ciertos derechos anexos como el de patrullaje del Archipiélago y uso, no gratuito del aeródromo de Salinas. Pero sabemos ya que ese arrendamiento lo solicita con el plazo de 90 años.

A pesar de que el Poder Ejecutivo por el derecho constitucional consuetudinario y escrito tiene derecho a dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados, convenciones y ratificarlos, previa aprobación del Poder Legislativo, he creído de mi deber, HH. Representantes, haceros conocer, con toda claridad y franqueza, cuál es nuestra situación respecto a Galápagos y Salinas. El Gobierno no rehuye responsabilidades. Está resuelto a cumplir con su deber y a esperar sereno el fallo de la historia. Pero vuestra sabiduría debe conocer la delicada situación internacional del Ecuador y vuestros prudentes consejos serán de infinita utilidad en los momentos de las negociaciones que por patriotismo deben ser aceleradas lo más que se pueda.

En efecto, los norteamericanos están de hecho en Seymour y en Salinas, y el que continúen la ocupación sin un estatuto jurídico puede convertirse en la mayor ofensa a nuestra soberanía. Los norteamericanos permanecerán de hecho allí todo el tiempo que sus intereses lo exijan. Si el Ecuador demanda de ellos la desocupación de las zonas ocupadas, a pesar del Tratado de 2 de Febrero de 1942, correría el peligro gravísimo de no tener siquiera respuesta la demanda y de sufrir la más humillante ofensa a su dignidad soberana. Vale más sacar provecho del mal irremediable y esperar, como debemos hacerlo que el futuro rectificará las injusticias. Es la hora de los pueblos, de los pueblos sudamericanos, y, si sabemos acelerar esa hora con habilidad y tino se remediarán las injusticias.

Pero, en el instante parece sensato, impedir mayores males y sacar provecho, sobre todo morales, de las oportunidades que se nos presenten.

En efecto, los mismos norteamericanos invocan la Conferencia Internacional de Naciones Americanas en Lima y la Segunda Reunión de Cancilleres de las Repúblicas Americanas, en La Habana, para que el Ecuador acceda, en nombre de la defensa continental y en uso de su soberanía, a la ocupación de las zonas ya nombradas. Hábiles y patrióticas negociaciones pueden dar, en consecuencia, carácter jurídico a esa ocupación, reduciéndola a lo menos adoptarán actitudes más y más amenazantes, que nos llenarán de vergüenza en el orden moral y puedan ahogarnos en el orden económico.

Por lo pronto, no podemos contar con el apoyo de ninguna nación latinoamericana. Para todos los problemas que hoy surgen entre Norte América y Sur América, la actitud de cada país sudamericano es resolver aisladamente sus problemas obteniendo de los Estados Unidos el máximo de ventajas materiales. Para contar con la conciencia latinoamericana tenemos que esperar otros días, que llegarán indudablemente, porque el mundo futuro es el mundo de los pueblos y los pueblos irán diciendo, poco a poco, pero fuertemente, la palabra orientadora.

Jamás, HH. Representantes, puede compararse la actitud del Gobierno actual, al desear abrir pronto las negociaciones con los Estados Unidos, a la actitud del Gobierno anterior al 28 de mayo.

Nosotros hemos encontrado una situación ya creada, ya consumada; y la gran protesta a los pueblos ha sido precisamente contra el que se haya concedido bases a los Estados Unidos en Galápagos sin ninguna compensación favorable a los intereses locales del Ecuador. Cada pueblo debe velar también por sus intereses próximos, locales nacionales. Y ante el mal irremediable, son estos intereses -de orden moral y material- que el Gobierno quiere poner en salvo.

He cumplido con el deber -de gobernante democrático y republicano- al haceros conocer el problema en su desnudez y espero que vosotros confiaréis en que el Ejecutivo mediante su Embajador y sus Juristas Consejeros defenderá, punto por punto, la soberanía del Estado ecuatoriano y no cederá sino en aquello que es imposible no ceder de acuerdo con el Tratado de 2 de febrero de 1942, para evitar afrentas fatales al honor de la República.

Recibid HH. Representantes, los sinceros votos que formulo para que el espíritu de la Patria guíe vuestros patrióticos consejos.

Representantes.

(f) J. M. Velasco Ibarra.

Quito, 11 de Diciembre de l.944.

Señor doctor don
Francisco Arízaga Luque
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
En su despacho.

Señor Presidente:

Cumpliendo con el mandato de la H. Asamblea, la Comisión de Relaciones Exteriores ha estudiado cuidadosamente el oficio de 5 de Diciembre de 1944, dirigido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores al señor Presidente de la Asamblea Nacional, relacionado con la propuesta de arrendamiento de varias islas del Archipiélago de Galápagos, y una área en la Parroquia de Salinas, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos al de nuestro País, así como los proyectos de Tratados o Acuerdos remitidos a la Asamblea por el señor Ministro y el Mensaje que, con fecha 7 de Diciembre de 1944, ha dirigido a la Asamblea Nacional, sobre el mismo trascendental problema, el Excmo. señor Presidente de la República y, al respecto, tiene el honor de someter a consideración de la H. Asamblea el siguiente informe:

I

Regulación de la situación jurídica de Galápagos

Expresa el señor Ministro de Relaciones Exteriores, en su oficio de 5 de Diciembre de 1944, que “para juzgar del trascendental paso con acierto, debe partirse del hecho de que toda demora en regularizar la situación jurídica de Galápagos es lesiva a la dignidad nacional”. Y el señor Presidente de la República, en su mensaje ya aludido, expresa: “La ocupación de las islas Galápagos no tiene Acuerdo que la regularice”.

Aquellas afirmaciones constituyen en nuestro criterio un error, según ha quedado demostrado en el informe de 16 de Noviembre de 1944, que presentó esta misma Comisión de Relaciones Exteriores, cuando por primera vez fue sometido a su consideración el problema de las bases militares, y del empréstito que se deseaba obtener de Estados Unidos, Informe que se dignó aprobarlo la H. Asamblea.

El uso, por parte de los Estados Unidos, de las bases de Defensa Continental en el Archipiélago de Galápagos, constituye una situación perfectamente regularizada, en el orden jurídico, aquella situación no constituye un simple hecho, ajeno a todo sistema jurídico. Por el contrario, tal ocupación está fundada en un completo sistema jurídico de orden continental, pues ha sido el resultado de varios Tratados suscritos por el Ecuador, los Estados Unidos y todos los Estados Americanos, como pasamos a demostrarlo:

1°— En la Octava Conferencia Internacional de Estados Americanos, reunida en Lima, en Diciembre de 1938, todos los Gobiernos de América, incluyendo el de los Estados Unidos y el del Ecuador, firmaron la llamada Declaración de Lima, por la que proclamaron la solidaridad continental y el propósito de todos los Estados Americanos de colaborar para el sostenimiento de los principios sobre los cuales está basada dicha solidaridad y “para defender su soberanía absoluta contra toda intervención o actividad extranjera”.

2º La Segunda Reunión de Ministros de Relaciones exteriores de las repúblicas americanas, verificada en la Habana, en Julio de 1.940, fué aceptada la Resolución XV, por la que, fundándose en anteriores Acuerdos tomados en varias Conferencias Panamericanas y especialmente fundándose en la antes mencionada Declaración de Lima, los Gobiernos Americanos convinieron en que “ todo atentado de un Estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, sería considerada como un acto de agresión contra los Estados que firmaban dicha Resolución”. “En el caso de que se ejecuten actos de agresión por parte de un Estado no Americano contra la integridad o inviolabilidad del territorio, contra las soberanías o independencia política de un Estado Americano, los Estados signatarios de la presente Declaración consultarán entre sí para concertar las medidas que convengan tomar”. “Los Estados signatarios entre todos ellos o entre dos o más de ellos, según las circunstancias, procederán a negociar los Acuerdos Complementarios necesarios para organizar la cooperación defensiva y la asistencia que se presentaran en la eventualidad y agresiones a que se refiere esta Declaración”. Tal Declaración fue suscrita por todos los Gobiernos Americanos, incluyendo el de los Estados Unidos y el del Ecuador.

3°— Tan pronto como se produjo la agresión del Japón a territorios de los Estados Unidos, nuestro Gobierno se apresuró en expresar al de los Estados Unidos que estaba dispuesto a cumplir con los Pactos Panamericanos de solidaridad continental y defensa mutua, y de inmediato se inició, entre los dos Gobiernos, el estudio del Acuerdo Complementario previsto en la Resolución XV, de la Reunión de La Habana, que acabamos de mencionar, con el fin de “organizar la cooperación defensiva y la asistencia que habrían de prestarse ambos Estados” en la eventualidad de agresión prevista en la referida Declaración.

El Acuerdo Complementario antedicho, fue suscrito en Washington, el 2 de Febrero de 1.942, por el Embajador Ecuatoriano, señor Alfaro, y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Hull.

En dicho Acuerdo, que ya lo conoce la Asamblea Nacional, y cuyas cláusulas y alcances fueron estudiados por el Informe de 16 de Noviembre de 1.944, de esta misma Comisión, que se dignó aprobar la Asamblea, se estipula entre otras cosas, lo siguiente:

a) Autorización concedida por el Ecuador al Gobierno de los Estados Unidos — y la recíproca autorización del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno del Ecuador respecto del territorio y aguas norteamericanas — para que pudiera emprender, dentro de los planes que concertaren entre sí las autoridades militares y navales de dichos países, “operaciones de carácter de defensa continental en o sobre territorio o aguas territoriales” del Ecuador, y que para este fin, “con la cooperación del Gobierno Ecuatoriano pudiese hacer cuanto fuese necesario a fin de realizar y mantener dichas operaciones”.
b) Ambos Gobiernos se auxiliarían y se prestarían mutua cooperación en caso de necesidad, por razones de defensa del hemisferio, circunscribiéndose la ayuda que debiera prestar el Ecuador a su propio territorio y aguas territoriales.
c) Cualesquiera instalaciones de defensa que fueren hechas por los Estados Unidos en virtud del referido Acuerdo, “serán para el uso común”, del Ecuador y de los Estados Unidos, “sobre una base de completa cooperación”.
d) El Acuerdo será efectivo durante el período de emergencia presente, es decir, mientras dure la actual guerra, — a menos que concluida la guerra, los dos Gobiernos juzguen que subsistiera el peligro de agresión de una potencia no Americana contra una potencia Americana—.

Por tanto fue en cumplimiento de los varios pactos anteriormente mencionados, y en especial del Acuerdo de 2 de Febrero de 1.942, que los Estados Unidos fueron autorizados por el Gobierno del Ecuador, para ocupar, con base de las antedichas áreas y puntos de las islas de Galápagos, a saber: Seymour y ciertos puntos de otras islas, en que mantienen estaciones de vigilancia y aviso.

No cabe duda, por tanto, que la ocupación de las antedichas áreas y puntos de las islas de Galápagos está sometida a un preciso sistema jurídico, constante de los varios pactos, ya analizados.

Si todavía pudiese quedar alguna duda, de que el Tratado de 2 de Febrero de 1.942, comprende y rige el caso de las bases militares de defensa continental ubicadas en el Archipiélago de Galápagos, bastaría para disiparlas el texto del Proyecto de Acuerdo que estaba listo para ser firmado, en Mayo de 1.944, según aparece en la nota N° 219, de 19 de dicho mes, enviada por la Embajada de los Estados Unidos a la Cancillería Ecuatoriana, a la que iba agregado el Proyecto de Acuerdo que los Estados Unidos declaraban estar dispuestos a firmar.

En efecto, en el preámbulo de dicho Acuerdo Especial sobre Galápagos, se puede leer lo siguiente:

“Por cuanto el Gobierno del Ecuador, en consulta con el de los Estados Unidos, firmó el 2 de Febrero de 1.942 un Acuerdo de defensa proveyendo medidas cooperativas para la defensa del territorio en sus respectivos territorios y aguas jurisdiccionales; y por cuanto se desea que ese Acuerdo sea realizado en un espíritu de buena vecindad, de los Gobiernos del Ecuador y de los Estados Unidos, y que los detalles de su aplicación práctica se arreglen por vías de amistosa cooperación, los suscritos debidamente autorizados, etc. constituyeron el siguiente Acuerdo:”

Ese preámbulo demuestra claramente que el nuevo Acuerdo que estaba listo para la firma en Mayo de 1.944, solamente tenía por objeto dejar establecidos “los detalles de su aplicación práctica” del Acuerdo General del 2 de Febrero de 1.942, con respecto a las bases de defensa continental establecidas en Galápagos, es decir que el Acuerdo referido constituye el pacto fundamental que regula la materia, el cual es a su vez, consecuencia de los pactos panamericanos suscritos en la Conferencia Interamericana de Lima, en Diciembre de 1938, y en la Conferencia de Cancilleres de La Habana, de Julio de 1940.

Por lo mismo, estimamos que constituye un error fundamental el pensar que la ocupación de ciertas zonas de Galápagos, con bases de defensa continental, constituye un hecho desprovisto de todo fundamento jurídico, no regido por pacto alguno, error inicial que conduce forzosamente a establecer consecuencias también equivocadas como veremos más adelante.

II

Ventajas para el Ecuador del status jurídico actual de las bases de defensa continental en el Archipiélago de Galápagos.

Consideramos conveniente recordar brevemente las ventajas apreciables que, para el Ecuador, se derivan de las estipulaciones contenidas en el Acuerdo de 2 de Febrero de 1.942, y en las resoluciones adoptadas en las Conferencias Interamericanas, que determinan el status jurídico de las bases de defensa continental, establecidas en el Archipiélago de Galápagos, según explicamos con mayor detalle en el informe de 16 de Noviembre de 1.944, antes citado.

1.— Por los Acuerdos y Pactos en vigencia, no tiene derechos los Estados Unidos de ejercer actos de soberanía de ninguna especie sobre las bases que están siendo actualmente usadas por las fuerzas armadas, pues ningún Convenio les confiere derecho de soberanía, ni siquiera derechos de posesión. La soberanía de nuestra Patria, en todas las islas Galápagos, sus aguas territoriales y espacio aéreo, inclusive en aquellas en que asientan las bases de defensa continental, plena y absoluta, no ha sido afectada, en forma alguna, por los referidos pactos, pues únicamente estipulan, a favor de los Estados Unidos, mientras dure la presente guerra, la autorización de emprender operaciones de carácter de defensa continental sobre el territorio en que se asientan las bases, pero, “dentro de los planes que concertaren entre sí las autoridades militares y navales” de Estados Unidos y del Ecuador y con la cooperación del Gobierno del Ecuador – Art. lº —.

2.—No establecen los aludidos pactos una ocupación unilateral o excesiva por parte de los Estados Unidos, sino que, expresamente, se estipula que las instalaciones de defensa hechas en el territorio Ecuatoriano en virtud del Acuerdo de 2 de Febrero de 1.942, sea para uso común de ambos Gobiernos, sobre una base de completa cooperación — Art. 2°—.

3.— La autorización conferida a los Estados Unidos para que puedan emprender dentro de los plazos que concertaren las autoridades militares y navales del Ecuador y Estados Unidos, en las islas donde se asienten las bases de defensa continental, y el uso común de las instalaciones en ellas establecidas, sólo durará el tiempo que dure la actual guerra, único plazo obligatorio,— sujeto al concierto de voluntades de las respectivas autoridades militares — lo cual guarda armonía con el espíritu de los Pactos Panamericanos ya referidos, que tienen por única finalidad la defensa continental contra agresiones venidas de fuera del Hemisferio.

4.— Tanto las Declaraciones de Lima, como las de La Habana, y el Acuerdo Complementario de 2 de Febrero de 1942, establecen, —en verdad— un sistema de alianza colectiva de un carácter especial con la finalidad de defender conjunta y solidariamente la soberanía de los pueblos del Continente Americano, en la actual emergencia internacional, sistema de alianza que ampara y protege los derechos soberanos del Ecuador sobre los territorios en que tienen asiento las bases de defensa continental, y del que se derivan, para todos los pueblos de América, el derecho de intervenir “no tan sólo en la resolución de los problemas que está suscitando el actual conflicto, sino también en los problemas de la paz, y de la organización del mundo futuro”.

Es tomando en cuenta las aludidas ventajosas estipulaciones contenidas en los citados Pactos, que esta Comisión, en su Informe de 16 de Noviembre de l.944, propuso a la H. Asamblea las siguientes conclusiones que fueron aprobadas y llevadas a conocimiento del Señor Presidente de la República y del señor Ministro de Relaciones Exteriores que cualquier Acuerdo adicional que se firme con los Estados Unidos, para determinar los detalles de aplicación a las bases usadas en Galápagos del Tratado de 2 de Febrero de 1942, deberá conservar —mejorándolas en todo lo posible— las estipulaciones contempladas en dicho Tratado, y las puntualizadas en el Proyecto de Acuerdo Militar que fué aprobado en principio, por ambos Gobiernos, y las negociaciones llevadas a cabo en Quito, entre Abril y Mayo de 1944, éste último con las indispensables condiciones indicadas en el aludido informe y que volveremos a mencionar más adelante.

Que deberá estipularse, como plazo máximo del uso por los Estados Unidos de las bases de Galápagos, el de seis meses después de la cesación de las hostilidades con el Japón, haciéndose constar que ese tiempo se estima suficiente para la desmovilización y desocupación total —Conclusión V—.

Que no debe admitirse estipulación alguna por la que los Estados Unidos pudiesen considerarse autorizados para continuar en el uso de las bases después de la cesación de las hostilidades con el Japón, o para proceder a una nueva ocupación después de esa época: que como según lo estipulado en el Acuerdo de 2 de Febrero de 1942, es potestativo del Gobierno Ecuatoriano el autorizar o no la ocupación de territorio nacional, para fines de defensa continental, y como es notorio que la guerra en Oriente ofrece cada día menores posibilidades de un ataque al Continente Americano, no es conveniente que se concedan nuevas autorizaciones para ocupaciones adicionales del territorio nacional —Conclusión VI—, que el Gobierno Ecuatoriano debe procurar que se dé efectividad a lo estipulado en el Acuerdo de 2 de Febrero de l.942 en cuanto a la colaboración militar ecuatoriana en las operaciones defensivas de las bases, y el uso común de las mismas —Conclusión VII—, que en caso de que los Estados Unidos se negaren a suscribir un Convenio para establecer los detalles de aplicación a Galápagos del Tratado de 2 de Febrero de 1942, que se conforme con los puntos esenciales enunciados, que son los contenidos en el referido Acuerdo de 2 de Febrero de 1942, y el Proyecto de Acuerdo Militar que ese País estaba dispuesto a firmar en Mayo de 1944 —no deberá suscribirse Convenio alguno, pues la ocupación de las bases en las islas Galápagos se halla regulada por el tantas veces mencionado Acuerdo suscrito en Washington el 2 de Febrero de 1942 por el Embajador Alfaro y el Secretario de Estado, señor Hull, Acuerdo que estipula el establecimiento de instalaciones para la defensa continental, con criterio cooperativo y para el uso común de ambos países, solamente por el periodo de la emergencia actual, y ubica el problema de la ocupación de las bases ecuatorianas dentro del sistema de los pactos de colaboración panamericana, “posesión ventajosa para la defensa de la soberanía del País, que debemos conservar a toda costa” y que “si un nuevo Tratado como el que se piensa que podría suscribirse, fortalece la posición ya adquirida, y robustece la Soberanía Nacional, sería útil y ventajoso suscribirlo. Pero de ninguna manera debería suscribirse Tratado o Convenio alguno que, de cualquier manera, pudiera debilitar esa posición”.

Las rectificaciones que deben hacerse, indispensablemente, al proyecto de Acuerdo a que se refiere la nota de l9 de Mayo de 1944, se refiere a los siguientes puntos principales:

a) El Art. 10 del Proyecto contiene hábilmente una “interpretación” inconveniente, que constituye una verdadera reforma del Acuerdo de 2 de Febrero de l.942, en su texto y en su espíritu, en cuanto establece que las partes contratantes “tienen entendidos” que los Estados Unidos “en cualquier momento durante la vigencia de este Acuerdo, pueden conseguir autorización por medio de Acuerdos Suplementarios para obtener áreas, sitios o localidades adicionales que se consideren necesarias para la protección de áreas ya existentes”, siendo así que el Acuerdo referido de 2 de Febrero de l.942, no establece una obligación absoluta de conceder autorización —como se trata de interpretar en el Art. 10 del Proyecto— sino que se refiere únicamente a las operaciones militares de defensa continental que se emprendan en territorios y aguas territoriales ecuatorianas “dentro de los planes que concertaren entre sí sus autoridades militares y navales — Art. lº — lo que implica la necesidad de que se cuente, en cada caso, con la voluntad o aquiescencia de las autoridades militares y navales del Ecuador.
b) No hace mención, en el Proyecto de tratado Complementario, al derecho que tiene el Ecuador, conforme al Acuerdo de 2 de Febrero de l.942, de uso común de las bases, y de cooperación completa en tal “uso” y en las operaciones defensivas —Art. lº y 2º del referido Acuerdo —.

Por el contrario, parece que el Ecuador renunciara expresamente a ese derecho al limitarse las facultades y atribuciones del Ecuador, en el Art. 11 del Proyecto, a la inspección de las obras y construcciones de toda la zona ocupada por las tropas americanas con el objeto de efectuar coordinación para la defensa mutua.

Así, el derecho de uso común -Art. lº del Acuerdo de 2 de Febrero de l.942 y de cooperación en las operaciones defensivas -Art. II, se transforma y reduce -sin llegarse a admitirse el Art. 11 del Proyecto a un simple derecho de inspección de la zona ocupada por la tropas americanas- obsérvese que ya no se trata de uso común, ocupación conjunta, y éste solamente con el objeto de efectuar coordinación vale decir en términos militares, enlace, para fines de defensa mutua.

c) No se limita en el Proyecto de Acuerdo Complementario, la zona del Archipiélago de Galápagos, cuya ocupación se autoriza por el referido Acuerdo, siendo muy conveniente, por razones obvias, que se estipule tal delimitación conveniente, por tanto, la suscripción de un Acuerdo en que se estipulen los detalles de la aplicación a las bases de defensa continental establecidas en Galápagos, del Acuerdo de 2 de Febrero de 1.942, siempre que no varíen las estipulaciones esenciales de ese Acuerdo y se conserven las ventajosas disposiciones del Proyecto de Acuerdo a que se refiere la nota de 19 de Mayo de 1.944.

III

El uso de bases de defensa continental en Galápagos, de acuerdo con el status jurídico vigente no afecta a la soberanía del Ecuador, ni lesiona la dignidad nacional.

Siendo inexacta la premisa de que el uso, por Estados Unidos, de bases de defensa continental en el Archipiélago de Galápagos, no está fundada en un sistema jurídico, necesariamente tenían que ser inexactas las conclusiones que de esa premisa habrían de derivarse. Es así como el Señor Presidente de la República expone en su Mensaje:

“En efecto, los norteamericanos están de hecho en Seymuor y en Salinas y el que continúen la ocupación sin un Estatuto puede convertirse en la mayor ofensa a nuestra soberanía”. Según frase del Señor Presidente en su mensaje, y, más adelante, “la ocupación es una cosa fatal, entre que se consuma con mengua franca de nuestra dignidad y sin provecho material alguno que nos permita preparar nuestro futuro, o que se la consuma salvando teóricamente nuestra autonomía con compensaciones materiales que nos permitan esperar algo de un futuro más fuerte y bien organizado, la duda no parece posible”, y debido al mismo error, el señor Ministro expone en su oficio ya citado: “para juzgar tan trascendental paso con acierto debe partirse del hecho de que toda demora en regularizar la situación jurídica de Galápagos es lesiva a la dignidad nacional”, agregando que tal opinión es de él, y también del señor Embajador Plaza.

Existiendo, como existen, los Acuerdos de las Conferencias de Lima y de La Habana, y el Acuerdo de 2 de Febrero de 1.942, no puede decirse, sin incurrir en equivocación evidente, que la permanencia de fuerzas militares de los Estados Unidos en las bases de defensa continental de Galápagos a las condiciones de uso común, completa cooperación, y limitación de tiempo, que dichos pactos estipulan, pueda constituir una “ofensa a nuestra soberanía”, ni “una mengua franca de nuestra dignidad”, ni “una lesión a la dignidad nacional no puede haber sido afectada por el cumplimiento de los referidos pactos continentales, destinados a defender al Hemisferio de la agresión de las fuerzas totalitarias de Oriente y Occidente. Como ya se ha dicho anteriormente, los pactos de Lima y de La Habana, constituyen en verdad una alianza continental sui-géneris, para la defensa mutua de la soberanía de los pueblos americanos, y el “uso común” de las bases de defensa continental de las islas Galápagos, “sobre una base de completa cooperación”,— según está previsto en aquellos pactos y en el Acuerdo Complementario de 2 de Febrero de 1.942 — en manera alguna puede afectar la dignidad de la República.

La historia nos enseña que en todas las épocas en que ha sido puesta en peligro la soberanía conjunta de un grupo de pueblos, se han formado alianzas temporales. En América ha ocurrido lo mismo, en determinadas ocasiones, especialmente entre los Estados de Hispanoamérica, bastándonos indicar, como ejemplos, los pactos celebrados en Panamá en 1826, en Lima, en 1.847 y 1.864 y en Santiago en 1.856.

Y, por lo mismo que la situación actual del problema de Galápagos, fundada en los Tratados vigentes, no afecta — en lo más mínimo —, como ya se ha dicho, la dignidad nacional, es evidente que no tiene razón de ser ese apresuramiento que se plantea como necesario, tanto en el Mensaje del Señor Presidente de la República, como en el oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores.

A este respecto, nos reafirmamos en lo expuesto en el Informe, aprobado por la Asamblea Nacional, del 16 de Noviembre de 1.944, a saber: “Una negociación de esta naturaleza, forzosamente deberá durar algún tiempo si se la quiere llevar a cabo con el debido estudio y la debida serenidad. Todo apresuramiento excesivo podría ser grandemente perjudicial para los intereses del País….”

“Todo aconseja un maduro estudio de esta cuestión, quizás la de mayor importancia y trascendencia de las que enfrenta el País, que puede afectar honda y definitivamente a la República en su soberanía efectiva, no tan sólo en el aspecto puramente territorial, sino aun en los demás aspectos, los más fundamentales, de su soberanía INTEGRAL como Estado Independiente y Soberano”.

IV

El nuevo tratado que propone los Estados Unidos

Todo lo anteriormente expuesto demuestra, en forma evidente, la inconveniencia de aceptar la proposición hecha últimamente por los Estados Unidos, que tiene por finalidad evidente cambiar el sistema jurídico favorable al Ecuador, que hoy rige el sistema de las bases, por otro sistema distinto, que únicamente tiene ventajas para los Estados Unidos, y que desvirtúa el espíritu y la finalidad de los pactos en vigencia, transformando el sistema actual de “uso común” de las instalaciones de defensa continental “sobre una base de completa cooperación” entre ambos Gobiernos, por el tiempo que dure la presente guerra en una ocupación prácticamente perpetua -99 años- por parte de los Estados Unidos exclusivamente, sin cooperación del Ecuador, bajo forma de arrendamiento, y con el derecho de ejercer actos de soberanía sobre el territorio Ecuatoriano en que las bases se asientan y aun sobre el territorio no ocupado.

El uso sobre una base de completa cooperación y por el tiempo que dure esta guerra, se transformaría así en ocupación exclusiva por parte de Estados Unidos, por 99 años, basada en arrendamiento, y con ejercicio de derechos soberanos. El referido proyecto de pacto contiene tan absurdas y desfavorables estipulaciones, contrarias del todo a los intereses del Ecuador, y aun de los principios en que descansa el Derecho Internacional Americano, que en verdad podrá decirse que su sola proposición constituye una verdadera ofensa hecha a la República.

Tales estipulaciones, expresadas sintetizadamente, son las siguientes:

1.- Arrendamiento — que se sabe será por 99 años — de importantes zonas del territorio nacional: las dos islas Seymour, Santa Cruz y ciertas áreas determinadas en otras islas del Archipiélago de Galápagos, y una parte de la Parroquia de Salinas, en el territorio continental Ecuatoriano.

2.—Ejercicio de las áreas arrendadas de “todos los derechos, poder y autoridad por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, inclusive el derecho de jurisdicción en materia criminal y civil, lo que implica el ejercicio, en dichas áreas arrendadas, del derecho de soberanía, que renunciaría a ejercer el Ecuador.

3.—Derechos de vigilancia sobre todo el Archipiélago de Colón para la defensa de las áreas arrendadas, pues, según expresa estipulación, los Estados Unidos tendrán “todos los derechos, poder y autoridad dentro del limite de las aguas territoriales y espacios aéreos adyacentes al Archipiélago de Colón, Islas Galápagos, que sean necesarias para proveer al acceso y a la defensa de las áreas arrendadas para el control de ellas”. Lo que equivale al ejercicio exclusivo de la plena soberanía por ese país, en todo el Archipiélago incluyéndose su espacio aéreo y sus aguas territoriales.

4.—Iguales derechos ejercería Estados Unidos en el área de Salinas, lo cual implica el ejercicio de derechos soberanos por ese País, cercano a uno de los centros más vitales de nuestra República: Guayaquil.

5.—Autorización a los barcos militares y navales y a los aviones del Gobierno de Estados Unidos, para usar los puertos y aeródromos militares y navales establecidos en el Ecuador, lo cual implica en pocos términos, el dominio militar absoluto sobre el territorio continental de la República.

6.—Derecho de tránsito, para los Estados Unidos, para el movimiento de su personal, animales y vehículos, contratistas, y empleados civiles y militares y sus familiares por todas las carreteras de la República sin que pueda alegarse en contra de tal derecho ninguna ley del País, corroborándose así la entrega total del Ecuador a la soberanía de Estados Unidos.

7.— Limitación de la soberanía ecuatoriana, aun en el territorio continental no arrendado, en materia de jurisdicción, pues se pretende que los delitos que cometieran en nuestra Patria elementos militares de Estados Unidos, aun en los territorios no arrendados, no estarán sujetos a la jurisdicción criminal ecuatoriana, sino a la de los Estados Unidos, y que, aun en los litigios de orden civil en que sean partes dichos militares, deberá necesariamente ser oído un “Consejo Legal” de los Estados Unidos, además de que, dentro de las áreas arrendadas, la jurisdicción de los Estados Unidos será absoluta, tanto en lo civil como en lo criminal.

8.— Limitación de los derechos soberanos del Ecuador en materia administrativa, en beneficio de los Estados Unidos, aun en territorio no arrendado, en cuanto a las siguientes materias generales:

a) Excepción de toda clase de derechos de Aduana y de toda clase de impuestos, tanto a las fuerzas militares de los Estados Unidos, como a los elementos civiles de dichas bases inclusive cuando permanecieren en el territorio continental ecuatoriano no arrendado;
b) Excepción de pagos de derecho de luz y faros a los barcos de los Estados Unidos, que no estarán sujetos al pilotaje compulsorio;
c) Excepciones postales de todo orden, con el derecho de establecer administraciones postales de los Estados Unidos en las áreas arrendadas;
d) Limitación de los derechos soberanos del Ecuador, en materia sanitaria porque se otorga a los Estados Unidos el derecho de tomar medidas de saneamiento fuera de las zonas materia del arrendamiento;
e) Limitación de la soberanía en materia de inmigración, pues se establece que ninguna ley ecuatoriana podrá impedir la inmigración al territorio nacional de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o de civiles al servicio de Estados Unidos, en las áreas arrendadas, inclusive personas que no fuesen súbditos de ese País, con la única salvedad de que se pudiera tratar de súbditos de un país con el cual el Ecuador estuviera en guerra;
f) Limitación de la soberanía del Ecuador en cuanto se pretende estipular en el Proyecto de Acuerdo “para el estudio científico e investigación y para la preservación de la flora y la fauna en el Archipiélago de Colón” que el Gobierno del Ecuador se obliga a no autorizar en el Archipiélago de Galápagos la conducción de ninguna investigación o estudio científicos que el Jefe del Comando juzgase perjudicial para la seguridad de las mismas y que el Ecuador no permita la entrada en el Archipiélago, con fines de investigación científica, a entidad o persona alguna, sino previa obtención del consentimiento del Gobierno de los Estados Unidos de América.
g) Limitación de nuestra soberanía, en cuanto a la pesca en las aguas territoriales del Archipiélago, pues que se pretende estipular que el Gobierno de los Estados Unidos será el que permita a los nacionales de la República del Ecuador el ejercicio de privilegios de pesca en las aguas adyacentes a las áreas arrendadas “cuando ello sea compatible con los requisitos militares, lo cual a más de quitarle al Ecuador el derecho de autorizar la pesca a los no ecuatorianos, limita el derecho de pesca a los mismos ecuatorianos, sometiendo su ejercicio a la suprema voluntad del Gobierno de los Estados Unidos. No necesita, por cierto, la Comisión de Relaciones Exteriores, comentar el significado y alcance de las disposiciones mencionadas: de la enumeración de ellas salta a la vista que el proyectado Acuerdo tiene como evidente finalidad, no tan sólo entregar a los Estados Unidos la exclusiva soberanía efectiva sobre el Archipiélago de Galápagos, sus aguas adyacentes y su espacio aéreo, así como sobre toda la zona de Punta de Santa Elena y sus aguas territoriales, y espacio , sino que el proyectado Acuerdo somete a la República entera, inclusive las zonas no arrendadas, a la influencia dominante y a la potestad militar de los Estados Unidos de América.

No se trata, por tanto, como podría creerse, y como parece que pudiera darse a entender, del simple arrendamiento de unos islotes sin importancia económica, alejados de la parte continental del País, sino que se trata, en verdad, de la entrega de la total soberanía de la República sobre todo el Archipiélago de Galápagos, sus aguas territoriales y su espacio aéreo, y sobre una parte del territorio continental, y asimismo el mar y aires adyacentes, y además, de la aceptación, por parte del Ecuador, de limitaciones esenciales a sus derechos de país soberano, sobre el remanente de su territorio.

Tiene la seguridad la Comisión de Relaciones Exteriores que la totalidad de los Miembros de la H. Asamblea Nacional estaría acorde en que la aceptación de tales estipulaciones que implicaría la terminación de la República, como Estado Soberano, es del todo inaceptable.

Aun si tales pretensiones de los Estados Unidos llegaren a reducirse, en el supuesto de una “negociación feliz y patriótica” , según expresión del Señor Presidente de la República en su Mensaje, “a la ocupación de esas pequeñas zonas territoriales y ciertos derechos anexos como el patrullaje en el Archipiélago y uso no gratuito del aeródromo de Salinas”, tales pretensiones así “reducidas” igualmente serían inaceptables, pues implicarían, desde que esa ocupación aunque fuese de “pequeñas zonas territoriales”, habrán de requerir el ejercicio de “ciertos derechos anexos como el de patrullaje”, implicaría, decimos, de hecho, la entrega de la totalidad del Archipiélago, porque según se desprende del texto del Proyecto de Tratado, para asegurar la defensa de esas “pequeñas zonas territoriales”, requerirían los Estados Unidos del ejercicio de derechos prácticamente soberanos en la totalidad del Archipiélago de Galápagos, sus aguas territoriales y su espacio aéreo; y en cuanto a uso “no gratuito del aeródromo de Salinas”, el derecho otorgado a Estados Unidos, de tal uso no gratuito, implicaría sin embargo, el ejercicio de derechos militares en la Península de Santa Elena, puesto que el uso de ese aeródromo por aviones militares de Estados Unidos, implicaría el derecho de aterrizar en esa zona, y ya le daría ciertos derechos de acuerdo con el Derecho Internacional.

No se trata de una cuestión de cuantía o de cabida. El problema no reside en saber si se dan en arrendamiento pequeñas o extensas zonas: el problema reside en una cuestión de principio de la soberanía del Estado Ecuatoriano. El otorgamiento a otro Estado, del derecho de ejercer actos de soberanía, aunque sólo sea de una parte del territorio nacional, afecta fundamentalmente el buen nombre, la dignidad y los Intereses del País.
V

El problema de Galápagos desde el punto de vista constitucional

En la parte ya aprobada de la Constitución que la Asamblea Nacional está elaborando, en cumplimiento del mandato que recibió del pueblo ecuatoriano, se encuentra el siguiente artículo:

“Art. 38.—El territorio del Estado, continental e insular, es inalienable e irreductible.

No podrá celebrarse pacto alguno que afecte de cualquier manera, a su integridad.

La soberanía del Estado se ejerce tanto sobre el territorio nacional cuanto sobre el mar continental y la atmósfera que gravita sobre ellos .

La referida disposición constitucional, prohibe, pues, la celebración de todo pacto que afecte, DE CUALQUIER MANERA, a su integridad.

Y es evidente, de toda evidencia, que el pacto cuya celebración proponen los Estados Unidos, de arrendamiento de una parte del territorio nacional, afecta, de manera esencialísima, a la integridad del territorio ecuatoriano.

Como ya se ha explicado, al analizar el proyectado pacto, sus estipulaciones tienen por objeto permitir que un Estado extranjero, ejerza sobre las áreas arrendadas, y aun fuera de ellas determinados derechos que sólo competen al Estado Ecuatoriano, en virtud de la soberanía que tiene sobre el territorio nacional.

El arrendamiento de determinadas áreas, y, con mayor razón, las diversas estipulaciones analizadas anteriormente por las que se le otorgan a los Estados Unidos, el derecho de ejercer ciertos actos de soberanía, limitan y restringen el ejercicio por parte del Estado Ecuatoriano, de los derechos inmanentes a la soberanía que tiene sobre el territorio del País. No cabe duda, de que todo pacto que tenga por finalidad o consecuencia, limitar la soberanía plena del Estado Ecuatoriano sobre una parte cualquiera de su territorio, viola la disposición constitucional contenida en el Art. 3o. que se acaba de mencionar.

La disposición constitucional anotada, que ya está aprobada —repetimos—en el texto de la Constitución que la Asamblea está elaborando, no hace más que repetir el mismo concepto de soberanía integral, que aparece en todas las Constituciones de la República, desde su iniciación como Estado independiente y soberano.

El argumento de que el arrendamiento del territorio nacional no constituye una limitación a la soberanía, por cuanto se lo realiza precisamente en virtud de la soberanía, constituye una petición de principio inaceptable, porque aun si se admitiera que el Estado tuviera soberanía bastante como para renunciar a esa soberanía, mediante un pacto de arrendamiento de su territorio, lo cual no ocurre, no admite el Derecho Constitucional -al menos nuestro Derecho Constitucional- tal circunstancia no probaría que una vez celebrado ese Pacto, no habría de quedar limitada la soberanía del Estado

Toda limitación al ejercicio de los derechos de soberanía del Ecuador sobre una parte cualquiera de su territorio, constituye una violación del principio constitucional enunciado, y por lo mismo, aún sin que, mediante una “negociación feliz y patriótica”, se lograra obtener que los Estados Unidos convinieran en “reducir” o limitar sus pretensiones a las “pequeñas zonas territoriales y ciertos derechos anexos como el de patrullaje del Archipiélago y uso no gratuito del aeródromo de Salinas”, como dice en su Mensaje el Señor Presidente, no podría accederse a tal pretensión, así “reducida”, sin violar el principio constitucional indicado, principio que todos los Estados Soberanos mantienen firmemente en defensa de su soberanía, de sus derechos territoriales.

Por encima de todas las consideraciones legales y de otra naturaleza enunciadas, existe un hecho fundamentalmente grave: un Tratado de la naturaleza del que los Estados Unidos ha propuesto al Ecuador, de ser aceptado, y aún siendo reducidas las pretensiones de ese País a los límites que el señor Presidente de la República considera que podrían obtenerse —”mediante una negociación feliz y patriótica”— implicaría la intervención y permanente de los Estados Unidos en los problemas internos e internacionales del Ecuador, equivaldría, sin duda alguna, a un Tratado de Protectorado, más o menos disimulado de ese país sobre nuestra Patria.

Existen ya, por desgracia, en la América, ejemplos de situaciones semejantes: bastaría recordar el caso de la República de Panamá y Nicaragua, en cuya política interna ejerce una Influencia preponderante el Gobierno de los Estados Unidos, al extremo de que muchos tratadistas de Derecho Internacional afirman que esos desventurados pueblos hermanos no gozan de la plenitud de la soberanía, y constituyen, en realidad, protectorados disimulados de los Estados Unidos, a pesar de que, en el orden de las apariencias y ficciones internacionales, ellos tengan un Gobierno propio, leyes particulares, y todos los organismos políticos correspondientes a Estados Soberanos. Seguros estamos, los Miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, que no habrá un solo ecuatoriano que quiera ver a nuestra patria en condiciones semejantes, gozando sólo en apariencia de una soberanía externa e interna que sería pura ilusión.
VI

Posibles consecuencias de la negativa de acceder a lo pedido por Estados Unidos

Expresa el señor Presidente en su Mensaje, que debemos evitar “la aversión y la hostilidad de una potencia formidable que puede causarnos los peores daños no sólo al negarnos empréstitos, sino poniéndonos toda clase de obstáculos para nuestro comercio actual y para nuestro desarrollo futuro”, mientras el señor Ministro de Relaciones Exteriores, en su oficio tantas veces mencionado, expresa: “si los norteamericanos llegan a concluir que el Ecuador les ofrece resistencia, usarán los tantos recursos de que dispone un país poderoso para imponerse y se quedarán en Galápagos de cualquier manera, con desmedro de la soberanía y sin consulta de nuestros intereses”.

La Comisión no participa del criterio enunciado en los parágrafos transcritos. Estima la Comisión que, estando el derecho que nos asiste para negarnos a la proposición hecha por Estados Unidos, que si adoptamos una actitud de firme y serena negativa, hemos de obtener que ese país respete nuestros derechos soberanos y asumiendo una actitud de dignidad, lejos de perder, ganaremos inmensamente en el aprecio de dirigentes de esa Nación que saben respetar a los pueblos altivos, y que no obstante su natural propósito de conseguir las mayores ventajas para sus propios intereses, no dejan de ser sensibles al derecho ajeno, cuando los Gobiernos con quienes tratan saben defenderlos con decoro, serenidad y firmeza.

Que nos baste señalar como ejemplo lo ocurrido en los últimos lustros: la firme actitud de las Delegaciones de varios Estados independientes, inclusive la del Ecuador, en la Conferencia Interamericana de Montevideo, en lo relativo al principio de la no Intervención, la pública y energía protesta de la Delegación de Cuba contra la subsistencia de la enmienda Platt, dieron al poco tiempo, por resultado, el que el Gobierno de los Estados Unidos aceptara negociar con el de Cuba la insubsistencia y derogación de la enmienda Platt, que autorizaba a este país intervenir en las cuestiones internas de Cuba, y procediera al retiro de la guarnición militar que conservaba en la Capital de Nicaragua.

Por otra parte, es poco probable que en los Estados Unidos, que ya se enfrentan a serias dificultades con otros países de América —como es el caso de la Argentina y, hasta cierto punto, en el caso de Bolivia— que ya vislumbra en el horizonte próximo el resurgimiento de nuevos problemas por divergencias de criterio con sus aliados de hoy —como en el caso de incidentes de Grecia— que quiera, en los actuales momentos, crearse un nuevo y serio problema al adoptar medidas de violencia o de coherción económica contra el Ecuador, para obligarlo a una entrega por años de parte de su territorio, en flagrante violación de los elementales principios de convivencia y solidaridad continentales, principio sobre los que descansa toda la política panamericama, elaborada y sostenida por los mismos Estados Unidos para obtener en la guerra mundial la colaboración y la ayuda de los pueblos latinoamericanos.

Creemos no equivocarnos al vaticinar que si llegara a ser pública en el Continente la pretensión de los Estados Unidos para el arrendamiento de varias islas del Archipiélago de Galápagos por 99 años y el control absoluto sobre las mismas, sus aguas y su espacio aéreo, en las cláusulas adicionales ya analizadas, tal actitud enervaría y acrecentaría los recelos despertados en nuestros pueblos por la política seguida por ese país en los últimos tiempos y pondría en serio peligro, con gran perjuicio para los Estados Unidos, todo el sistema de cooperación y solidaridad panamericanas ya de suyo tan golpeado por la actitud de ese país en el caso de la República Argentina.

Por otra parte, es evidente que los demás Estados de la América del Sur están incrementando, con un nuevo criterio amplio, sus relaciones económicas, siguiendo el ejemplo de la política Chileno—Argentina, que se planteó en los postulados contenidos en el Acta de Mendoza, sobre el comercio recíproco.

Por todo lo expuesto, creemos que carecen de la gravedad que el señor Presidente y el señor Canciller de la República les otorgan, los peligros que avisoran para el caso de que el Ecuador se niegue a admitir la proposición de Estados Unidos.
VII

La desocupación de las bases de defensa continental y el tratado de 2 de febrero de 1942.

Expresa el Señor Presidente en su Mensaje, que “si el Ecuador demanda de los Estados Unidos la desocupación de las zonas ocupadas, a pesar del Tratado de 2 de Febrero de 1942, correría el peligro grávisimo de no tener siquiera respuesta a la demanda y de sufrir la más humillante ofensa a su dignidad soberana”.

Está en lo cierto el Señor Presidente en cuanto al concepto transcrito. Es indudable que mientras dure la actual emergencia bélica, el Ecuador no puede exigir de Estados Unidos la desocupación de las bases de defensa continental, precisamente en virtud de que el “uso” de las bases de defensa continental en “completa cooperación” con nuestra Patria— se funda en lo estipulado en el Acuerdo de 2 de Febrero de 1942.

Pero, en cambio, y en virtud del mismo Tratado, que menciona el Señor Presidente, puede solicitar el Ecuador esa desocupación cuando termine la actual emergencia bélica mundial.

Debe tenerse presente, en efecto, que así como el Acuerdo Complementario de 2 de Febrero de 1942, obliga a nuestro país aceptar que los EE. UU. participen en el USO COMUN de las instalaciones para las bases de defensa continental, dentro de los límites y restricciones establecidos en dicho Acuerdo, asimismo establece el derecho para el Ecuador de exigir la desocupación de las instalaciones referidas una vez que termine la actual contienda mundial.

No puede alegarse la existencia y validez de este Acuerdo para fundar en él el derecho de que continúe la ocupación por parte de los Estados Unidos, de las bases de defensa continental, y luego negar la eficacia de este Tratado para que, en su oportunidad – es decir, al termino la guerra actual- el Ecuador puede exigir la desocupación de aquella parte de su territorio en que se asientan las bases referidas.

Nadie ha pretendido, que se le exija ahora a los EE.UU. la desocupación de las bases que sus fuerzas militares tiene el uso común, “sobre la base de una completa compensación” con las fuerzas armadas del Ecuador.- Art. 2o del Pacto de 2 de Febrero de 1.942.

Lo que sostiene la Comisión de Relaciones Exteriores es que no debe admitirse que se pretenda dejar sin efecto las estipulaciones del tratado de 2 de Febrero de 1.942, que obliga a los EE. UU. a la desocupación de las bases al final de la guerra y se quiera sustituir tales disposiciones favorables a nuestra patria, con un nuevo Convenio por medio del cual se autorice a los EE. UU. a ocupar exclusivamente los referidos territorios en que se asientan las bases por 99 años, en calidad de arrendamiento, con el ejercicio efectivo de todos los derechos de soberanía, no solo en las áreas cuyo arrendamiento se pretende, sino aun en la totalidad del Archipiélago, inclusive sus aguas territoriales y su espacio aéreo, y además sobre parte del territorio continental del Ecuador, en la Parroquia de Salinas, y sus aguas y su espacio aéreo adyacentes.
VIII

Los pactos de Lima y de la Habana y las nuevas pretensiones de los Estados Unidos.

La invocación que, según se dice en el Mensaje del Señor Presidente de la República, habrían hecho los norteamericanos de la Conferencia Internacional de las Naciones Americanas reunida en Lima, y de la Segunda Reunión de Cancillería de las Repúblicas Americanas llevada a cabo en La Habana, para que el Ecuador acceda en nombre de la defensa Continental y en uso de su soberanía, a la continuación de la ocupación del territorio ecuatoriano, es del todo inaceptable y enteramente fácil de refutar.

Qué tiene que ver, en efecto, la Declaración de Lima y la Resolución XV de La Habana, con el arrendamiento por 99 años de parte del territorio nacional y la cesión de parte de los derechos soberanos de la República en favor de los Estados Unidos? Absolutamente nada!.

La Declaración de Lima solamente establece un principio general de Política Americana; proclama la “solidaridad continental y el propósito de los Estados Americanos de colaborar para el mantenimiento de los principios sobre los cuales está basada esa solidaridad, y para defender su soberanía absoluta contra toda intervención o actividad extranjera”.

Ningún precepto contiene la aludida Declaración de Lima por el cual los Estados Americanos se encontrasen comprometidos a limitar sus esenciales derechos de soberanía sobre el territorio de sus respectivos países, en beneficio de otro Estado Americano, ni aún a pretexto de defensa continental.

En cuanto a la Resolución XV adoptada en la Conferencia de Cancilleres de La Habana, ella se refiere únicamente al caso en que un Estado no Americano atente contra la integridad y la inviolabilidad del territorio y contra la soberanía o independencia política de un Estado Americano, disponiendo que todo atentado de esa naturaleza será considerado como un acto de agresión contra los Estados que firman la Declaración”, determina que “en caso de que se ejecutaren actos de agresión o de que hubiere razones para creer que se prepara una agresión por parte de un Estado no Americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra las soberanías e independencia política de un Estado Americano”, los Estados signatarios de tal Declaración “consultarán entre sí para concertar la medida que convenga tomar”, y que “entre todos ellos o entre dos o más de ellos, según las circunstancias, procederán a negociar los Acuerdos Complementarios para organizar la cooperación defensiva y la asistencia que se prestarán en la eventualidad de tales agresiones….”

Como se ve, en tal Declaración nada se dice con respecto al arrendamiento del territorio de un Estado Americano a otro Estado americano, cuestión enteramente diversa de la considerada en dicha Declaración, ni menos se considera la posibilidad de que un Estado Americano pudiera estar obligado a renunciar los atributos propios de la soberanía sobre su propio territorio, aguas territoriales y espacio aéreo para otorgar el derecho de ejercer tales atribuciones a otro Estado distinto, que es, en definitiva, lo que pretenden los EE. UU. de América en la inadmisible proposición a que se refiere el presente Informe.

Muy fácil será, por tanto, al ilustrado señor Ministro de Relaciones Exteriores y al eminente jurista que preside los destinos de la República, demostrar lo infundado de las alegaciones de EE. UU. en cuanto a pretender fundamentar sus propósitos de obtener el arrendamiento de parte del territorio nacional, en lo estipulado en aquellas Conferencias Panamericanas,
IX

Las facultades del poder ejecutivo, en la resolución del problema planteado por la propuesta de los Estados Unidos.

En el oficio de 5 de Diciembre de 1944, dirigido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores al señor Presidente de la H. Asamblea, le expresa que va a exponerle “rogándole llevar a conocimiento de los Diputados, el contenido y realidad de las últimas contingencias” relacionadas con el problema de Galápagos “sobre las cuales convendría que se pronuncien a manera de adecuada ilustración y criterio del poder Ejecutivo, tan empeñado en buscar acierto en el trato y solución de los Problemas nacionales.

Y por su parte, el señor Presidente de la República en un Mensaje, manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente: “a pesar de que el Poder Ejecutivo por el Derecho Constitucional, consuetudinario y escrito tiene derecho a dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar Tratados, Convenciones y ratificarlos, previa aprobación del Poder Legislativo, he creído de mi deber, H. H. Representantes, haceros conocer con toda claridad y franqueza, cuál es nuestra situación respecto a Galápagos y Salinas. El Gobierno no rehuye responsabilidades. Está resuelto a cumplir con su deber y a esperar sereno el fallo de la Historia. Pero vuestra sabiduría debe conocer la delicada situación internacional del Ecuador y vuestros prudentes consejos serán de infinita utilidad en los momentos de las negociaciones que por patriotismo deben ser aceleradas lo más que se pueda”.

Las frases transcritas dan a entender que el Poder Ejecutivo piensa emprender de inmediato, acelerándolas, las negociaciones relacionadas con la propuesta presentada por los EE. UU. de América sobre el arrendamiento de parte del territorio nacional, y simplemente pone los hechos en conocimiento de la H. Asamblea Nacional, no para recibir de ella instrucciones precisas, no para que sea ella la que señale directiva precisa acerca de tan trascendental asunto, como emanación directa de la soberanía de la República, no para que ella resuelva si ha de aceptarse o no negociar acerca del grave problema planteado por los Estados Unidos, sino, simplemente, para que la Asamblea tenga conocimiento de los nuevos acontecimientos y exprese sus “prudentes consejos” o, como dice el señor Ministro, para que los Diputados se pronuncien “a manera de adecuada ilustración y criterio del Poder Ejecutivo”, pudiéndose interpretar, por otra parte, la frase contenida en el Mensaje del Señor Presidente que “el Gobierno está resuelto a cumplir con su deber y a esperar sereno el fallo de la Historia” como que el Poder Ejecutivo estuviese resuelto a asumir, por sí solo, la responsabilidad de aceptar, aún cuando fuese con la “reducción” a que se refiere el Señor Presidente en otra parte de un Mensaje, las pretensiones expuestas por el Gobierno de los Estados Unidos.

Reconoce la Comisión que al Poder Ejecutivo le corresponde la dirección de las negociaciones diplomáticas del país de manera general, pero estima que no está facultado el Ejecutivo para resolver por si solo una cuestión de tan trascendental importancia como la planteada por el Gobierno de Estados Unidos.

No se trata aquí de una negociación diplomática común de aquellas que ocurren en la normal convivencia de los Estados, como por ejemplo, de la negociación de Tratado de Comercio u otras similares, sino que se trata de una propuesta que, de ser aceptada, aunque no lo fuere sino parcialmente, acarrearía las más graves consecuencias para la vida de la República. Como ya lo expresó la Comisión, en el anterior Informe, aprobado por la H Asamblea, de 16 de Noviembre de 1944, la cuestión que se debate es de tanta gravedad que puede afectar honda y definitivamente a la República, en su soberanía efectiva, no solamente en el aspecto puramente territorial, sino aún en los demás aspectos, los más fundamentales, en su soberanía integral como Estado independiente y soberano”.

Es la vida misma de la República como Estado Independiente y soberano la que está en juego, en la propuesta de los Estados Unidos.

En tales circunstancias, no creemos que puede admitirse que la resolución que al respecto llegue a adoptar la H Asamblea Nacional, pudiera ser considerada simplemente como “consejos para los momentos de las negociaciones”, manera de adecuada ilustración y criterio del poder Ejecutivo”.

No sólo constituye una atribución indeclinable de la Asamblea, investida como está de todos los poderes soberanos por el pueblo ecuatoriano, sino que constituye un imperativo deber de la misma el adoptar, en cooperación con el Poder Ejecutivo, una resolución precisa y definitiva en la materia, que debe servir de norma fundamental en la resolución del problema.

No se trata, en manera alguna, de invadir la esfera de acción del Poder Ejecutivo, se trata del cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de un deber ineludible, se trata de coordinar y armonizar la labor del Poder Ejecutivo con el criterio del Poder Constituyente, para lograr el mayor acierto en la defensa de los intereses de la Patria.

El caso de una Asamblea Nacional Constituyente no es el mismo que el de un Congreso Nacional. A ella le incumbe responsabilidades infinitivamente más graves y amplias, como la de estructurar legalmente la República, la de sentar las bases fundamentales para la organización política y social del país, y la de salvaguardar los supremos intereses materiales y morales de la Nación.

La Asamblea Nacional ha dado repetidas pruebas de que se interesa vivamente en cooperar con el Poder Ejecutivo de la manera más cordial, y huelga decir que anima a todos los Diputados el más sincero deseo de cooperación, y la defensa decidida y firme de los sagrados intereses del país.

Quizás podrá pretenderse argumentar que, cualquiera negociación que realizare el Poder Ejecutivo o cualquier Acuerdo que pactare, habría de requerir para su validez y vigencia, de la plena aprobación del Poder Legislativo, y, al momento de ser sometido el Acuerdo a su aprobación, ese Poder -la misma Asamblea o un próximo Congreso, en su caso- habría de ejercitar el derecho de aceptar o rechazar la negociación que hubiere llevado a cabo el Poder Ejecutivo.

No es admisible semejante argumento, no tan sólo porque la Asamblea Nacional no ejerce simplemente las funciones de un simple Poder Legislativo, como ya se ha explicado, sino también y sobretodo, porque si el Poder Ejecutivo llegase a admitir, aunque no fuese sino parcialmente, “reduciéndolas”, las pretensiones del Gobierno de los EE. UU., tal aceptación del Gobierno Ecuatoriano constituiría de por si un antecedente desfavorable para los intereses del país, tornándose mucho más difícil cualquier negativa posterior que, en guarda de los intereses del país pudiera adoptar esta misma Asamblea o Congreso venidero en su caso.

Con mayor razón no es admisible ese argumento aducido, cuando, en este caso ya conoce la Asamblea por el Mensaje del señor Presidente y el oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores- que se encuentra inclinado el Poder Ejecutivo a iniciar negociaciones sobre las increíbles bases planteadas por los EE. UU., en la esperanza de que “felices y patrióticas negociaciones” pudieran dar por resultado que se consiga “reducir” las tensiones de ese país, a la forma que se indica en el aludido Mensaje.

Tal aceptación, por parte del Ejecutivo, de las pretensiones de los EE. UU., aun cuando fueren ”reducidas” la suscripción de un Pacto en el que se aceptara, aun cuando con limitaciones, los lineamientos generales planteados por ese país, pesarían de manera grave y definitiva sobre la posición futura de nuestra Patria y difícilmente podría conseguirse después que ese país renunciara a un Pacto ya firmado por el Gobierno Ecuatoriano por más que pudiera alegarse que ese Pacto no habría sido aprobado por el Congreso Nacional o por la Asamblea, en su caso.

Todas las razones expuestas y el celo patriótico que anima a todos y cada uno de los Miembros de la Asamblea Nacional, plantea el imperativo ineludible de que la Asamblea proceda a adoptar una resolución clara y definida acerca de la conveniencia o inconveniencia de la proposición planteada por los Estados Unidos de América.

En consecuencia, estima la Comisión de Relaciones Exteriores que la H. Asamblea debe pronunciarse sobre la negociación propuesta, en forma tan terminante y clara, a fin de que la resolución que ella adopte sea tenida por el poder Ejecutivo como la expresión definitiva de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, voluntad que no podría de ninguna manera desoír.
X

Opinión del Embajador Señor Galo Plaza

La Comisión solicitó la concurrencia del señor Embajador ecuatoriano en los Estados Unidos, Don Galo Plaza Lasso, para obtener de él información adicional, y, enterado que fue del contenido de la proposición última de los EE. UU., expresó que hasta ese momento no la había conocido en sus detalles, que la encontraba del todo inaceptable, que solamente se explicaba la presentación de semejante propuesta como el resultado de los últimos cambios ocurridos en el Departamento de Estado de los EE. UU. y que estimaba que tal propuesta lesiva a la dignidad y a los intereses nacionales, debía ser rechazada integralmente.

Agregó también que, al mismo tiempo que debía ser rechazada en su totalidad esta propuesta, debía nuestra Patria dejar la puerta abierta para llegar a resolver el problema de las bases en Galápagos, en forma que armonizara, en lo posible, los intereses nacionales y la dignidad de la República “con las realidades objetivas que planteaba la necesidad que tenían los EE. UU. de Conservar bases militares en el Archipiélago”.

Se manifestó también acorde con los aspectos jurídicos que contiene este Informe, en sus parágrafos I, II, III y IV, que le fueron leídos y que fueron estudiados y discutidos junto con las conclusiones que exponemos a continuación.

Conclusiones:

I.- La proposición hecha por el Gobierno de los Estados Unidos, para el arrendamiento de ciertas islas y áreas del territorio nacional, debe ser rechazada por el Gobierno ecuatoriano, en forma terminante y absoluta, por atentar contra la soberanía nacional, por contraria a la dignidad de la República y absolutamente inconveniente para los Intereses morales y materiales. (Aprobada por unanimidad).

II.- El “uso” por parte de los Estados Unidos de bases de defensa continental en las Islas Galápagos y en Salinas, se halla regulado jurídicamente por los Acuerdos tomados por las Repúblicas Americanas en la Conferencia Panamericana de Lima, de Diciembre de 1938, y en la Reunión de Cancilleres de La Habana, de 1940, y por el Acuerdo suscrito en Washington, el 2 de Febrero de 1942, entre el Ecuador y los Estados Unidos, en cumplimiento de las aludidas Resoluciones Panamericanas, Acuerdo en el que se estipula el uso común de las bases, con criterio de “absoluta cooperación”, y la desocupación de las mismas al final de la actual guerra mundial. No existe, sin embargo, un Acuerdo específico y singular escrito que determine los detalles del uso de parte del territorio insular ecuatoriano con instalaciones de defensa continental por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Por lo mismo, conviene que el Gobierno del Ecuador suscriba con el de los Estados Unidos un Acuerdo en que queden determinados los detalles de la aplicación a las bases de defensa continental ubicadas en Galápagos, del Acuerdo de 2 de Febrero de 1942.

III.- El Acuerdo Complementario que se llegue a suscribir con Estados Unidos no debe apartarse de los principios de carácter cooperativo interamericano mientras dure la actual guerra mundial. Por lo mismo, no cabe siquiera pactar un arrendamiento de parte de territorio ecuatoriano, por un plazo ni corto ni largo.

IV.- Todas las conclusiones anteriores tienen el carácter de una opinión para atender la consulta del Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo puede continuar las negociaciones, dentro de las disposiciones constitucionales y las conveniencias de la Nación.

V.- Todo Acuerdo o Tratado que negocie el Gobierno ecuatoriano con el de los Estados Unidos sobre el uso del territorio nacional para bases de defensa continental, será suscrito solamente ad-referéndum, debiendo ser aprobado por la Asamblea Nacional o el Congreso en su caso.

Quito, Diciembre 11 de 1944

De los múltiples acuerdos y apoyo a las intervenciones de mi padre, una de las más sentida por mi padre, tan vinculado a la Universidad, fue la de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. Mi padre les agradeció en los siguientes términos:
Quito, septiembre 16 de 1944

Señores

Don Alejandro Aguilar Quilova y

Don José Mateus jijón,

Asociación Escuela de Derecho

Guayaquil.

Señores y amigos:

Acuso recibo de la atenta comunicación de ustedes, fechada 11 de septiembre del presente año, en la que se dignan manifestarme que el Directorio de la Asociación Escuela de Derecho, en sesión celebrada el día 9 de septiembre, tuvo la benevolencia de resolver expresarme la adhesión de esa importante Institución, con motivo de mi exposición hecha en el seno de la H. Asamblea Nacional, con ocasión de la propuesta de varios Senadores Norteamericanos, en el sentido de que los Estados Unidos procedieran a adquirir nuestro Archipiélago de Galápagos.

Dígnense ustedes trasmitir al Directorio de la Asociación Escuela de Derecho, y a todos y cada uno de sus distinguidos Miembros, mi más profundo agradecimiento por tan generosa resolución, que ha de servirme de estímulo para continuar laborando siempre, con todo empeño, por los más altos intereses nacionales.

Soy de ustedes, muy atento amigo y S.S.

Antonio Parra Velasco

El Diario El Telégrafo de Guayaquil publicó la siguiente entrevista:

Indudablemente, las versiones publicadas acerca de una posible negociación financiera a base de las Islas Galápagos y una sección del territorio continental de Salinas, han puesto una nota de inquietud y preocupación en el ambiente ciudadano.

En asuntos así, basta un simple rumor, una conjetura aventurada o una noticia incompleta para que se sienta lesionada la sensibilidad patriótica de un pueblo y surja la ansiedad por conocer la realidad de situaciones en las que se debaten valiosos intereses de la nacionalidad y su porvenir.

Es ya del dominio público la existencia de alguna proposición respecto al status de las Islas Galápagos. Así lo informó una noticia cablegráfica; y además, en largas y repetidas sesiones secretas de la Asamblea Constituyente se ha tratado del mismo asunto, aún cuando nada se ha sabido del detalle acerca de la índole y alcances de la proposición, existiendo, en cambio, la terminante declaración del Presidente de la República, de que prevalecerán los sacros y legítimos intereses de la soberanía ecuatoriana.

En virtud de la trascendental importancia que la cuestión tiene para el pueblo ecuatoriano, nada más conveniente que escuchar a los ciudadanos que, por sus antecedentes y por la propia posición expectante que tienen, están en capacidad de orientar el criterio público en cuestión tan delicada.

Por ello buscamos ayer al señor doctor Antonio Parra Velasco, distinguido internacionalista, autor de la Doctrina que lleva su nombre, catedrático de la Universidad de Guayaquil y miembro destacado de la actual Asamblea Nacional Constituyente, de cuya Comisión de Relaciones Exteriores es Presidente. Y, al localizar al talentoso legislador, poco antes de que tomara el avión para dirigirse a la Capital de la República, conseguimos de él algunas declaraciones que, en gran parte, rasgan el velo existente sobre la cuestión Galápagos y permiten ya una apreciación sobre fundamento cierto.

Hé aquí las preguntas y respuestas intercambiadas con el H. Diputado doctor Antonio Parra Velasco:

Se dice que el Acuerdo que se está negociando entre el Ecuador y los Estados Unidos, por el que se le daría a ese país en arrendamiento algunas de las Islas Galápagos y parte del territorio continental, en Salinas, constituye un paso obligado por tratarse de un hecho consumado: la ocupación llevada a cabo durante el Gobierno anterior sin norma jurídica que la regule. ¿Podría decirnos algo al respecto?

No creo que el Poder Ejecutivo esté llevando a cabo las negociaciones de que Ud. me habla; pues nada ha resuelto todavía en esa materia la Asamblea Nacional, que está estudiando detenidamente el problema. Por otra parte, no hay propiamente “ocupación” de las Islas por parte de Estados Unidos, sino tan sólo el USO de ellas, para fases de defensa continental, mientras dure esta guerra, con derecho de usarlas también el Ecuador, cuya soberanía es absoluta sobre tales bases. Las fuerzas de Estados Unidos fueron autorizadas para establecer bases en nuestro territorio, MIENTRAS DURE ESTA GUERRA, de acuerdo con los pactos panamericanos de Lima, (1938) y de la Habana (1940), pero sin derecho para ejercer actos de soberanía de ninguna especie. Existe, por tanto, un estatuto jurídico que regula el problema de las bases de defensa continental, según el cual los Estados Unidos están obligados a retirar sus fuerzas armadas de las Islas y de Salinas, al término de la guerra. Todo nuevo Acuerdo que se quiera suscribir, deberá respetar necesariamente, el texto y el espíritu de esos pactos, que garantizan la soberanía de nuestra Patría, en esos territorios suyos.

¿Qué se persigue con el nuevo Acuerdo que se proyecta firmar?

Según las noticias publicadas por la prensa, tanto de fuente norteamericana como nacional, parece que se pretendiera CAMBIAR el actual estatuto jurídico de las bases militares; pues se habla de “arrendamiento por 99 años” de Galápagos y Salinas. De ser así, el cambio sería fundamental: del simple USO de bases en nuestro territorio, en plena cooperación con el Ecuador, por el tiempo que dure la actual guerra, y para fines de defensa continental, dentro de un sistema panamericano que constituye una especie de alianza colectiva, en que se respeta total y absolutamente nuestra soberanía, pasaríamos, -de llevarse a cabo el propósito que se menciona- a la posesión exclusiva por parte de Estados Unidos del territorio ecuatoriano, sin participación de nuestra Patria, a perpetuidad (que a eso equivale el arrendamiento por 99 años), aun cuando en la apariencia se pretenda aseverar lo contrario. Un cambio semejante en el estatuto jurídico, perjudicaría grandemente al Ecuador, en sus intereses morales y materiales.

¿Entonces el caso de esas bases militares en Galápagos y Salinas, si está regulado en pactos y tratados?

Sin lugar a duda. Me limitaré a mencionar nuevamente lo acordado en Lima y La Habana, entre otros pactos.

¿Encuentra Ud. conveniente para el país, que se autorice la ocupación, después de la guerra?

Estimo que si nuestro gobierno autorizara esa ocupación, cualquiera que fuese la denominación o la apariencia que se le diera a esa ocupación, cometería uno de los más graves errores de nuestra historia.

No existe razón alguna para que se autorice la permanencia de fuerzas militares extranjeras en el territorio nacional después de terminada esta guerra. Ningún pacto nos obliga a tal aceptación, después de que cesen las hostilidades. Toda tentativa va en contrario, es imperialismo disimulado, que no puede ser aceptado sin repudio, por oponerse a todos los principios de decencia y de buena vecindad, propugnados en la política internacional de los pueblos de América en los últimos años. No creo que el ilustrado gobierno que rige los destinos de la República se anime a dar tal paso, ni que, de producirse, pudiera aceptarlo el país. Todo tenemos que perder, y nada que ganar en semejante negociación.

¿Puede Ud. indicarnos cuál es la opinión de la Asamblea Nacional en esta importante materia?

Excúseme que no conteste esta pregunta, por tratarse de cuestiones tratadas, hasta ahora, en forma reservada por la Asamblea. Yo espero que en breve, la Asamblea cumpla con el deber de hacerle conocer al país, todo lo que hay en este asunto. Entre tanto, es preferible callar. Unicamente diré que no es exacto, -como se ha querido dar a entender-, que en la Asamblea exista ambiente favorable para el arrendamiento del territorio nacional. La Asamblea rechaza tal posibilidad, y permanece fiel al principio constitucional que prohibe todo negocio que afecte la soberanía que la nación ejerce sobre la totalidad de su territorio. Este sentimiento lo profesan todos los ecuatorianos.

¿Cómo estima Ud. que pudiera repercutir a los demás países de América el proyectado Acuerdo?

Me temo que de manera desfavorable para el prestigio de nuestra amada Patria.

¿Cómo cree Ud. que debemos solucionar el problema de las bases?

¿Cumpliendo los pactos vigentes.

La Etica Internacional obligará a los Estados Unidos a retirar sus Fuerzas Armadas de todas las bases que le fueron proporcionadas, en gesto de amistad y ayuda, por los demás países de América Hispana. En todo caso, no se trata de un problema que exija una solución inmediata, sino de uno de los tantos problemas de la postguerra. ¿Por qué apresurarnos en resolverlo hoy?

Colectiva fué la resolución que dió bases a los Estados Unidos; en consecuencia, dejemos que colectivamente la América decida el problema de la post-guerra….

Y así concluyó el inteligente internacionalista que puso fervor en sus palabras y fé patriótica en sus conceptos, no sin antes reiterarnos que la Asamblea Nacional Constituyente respondería con patriotismo acrisolado al mandato ciudadano y que no cabía presumir siquiera que en ella prospere nada que pudiera indicar una quiebra de nuestra soberanía y nuestra integridad, ya que la propia Constitución establece de manera terminante que el territorio ecuatoriano es “Irreductible e Inalienable”.

Señor Rector de la Universidad,

Señores Profesores, Señoras y Señores.

Voy a cumplir el honroso encargo que se ha dignado darme el Consejo Universitario de dictar una conferencia científica en este día de inauguración de cursos, exponiendo en forma breve y sintética, (ya que el hacerlo en detalle exigiría un tiempo mucho mayor del que es dable emplear en una ocasión como ésta), el siguiente tema: ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA CONSTITUCION DE 1945, o si se prefiere: “La Constitución de 1945 y el Derecho Internacional”.

En otros términos, voy a hablaros de las disposiciones de la nueva Carta Política del Estado Ecuatoriano que, de alguna manera, se relacionan con el Derecho Internacional, y preferentemente de aquellas que constituyen, en cierto modo, aspectos nuevos en nuestro sistema constitucional.

Muchas son las disposiciones de la Carta Fundamental que introducen sistemas e ideas que no estaban contenidos en las anteriores Constituciones, como, por ejemplo, cuando en lo político se adopta el sistema legislativo unicameral, (art.23) o se dispone que el Presidente de la República desempeñará su mandato con sentido de unidad nacional, por encima de las vinculaciones de partido (art.55), o se le reconoce al Congreso la función investigadora para fines de mejorar la legislación (art. 34 N°. 34); o cuando, en lo económico, se ponen de lado los principios de la Escuela Liberal para proclamar el intervencionismo del Estado en la economía nacional, a fin de obtener el máximo aprovechamiento de la riqueza y la distribución más justa de ella, pero procurando mantener el estímulo necesario para asegurar el aporte de la iniciativa privada (art. 146, inc. 5°), disposiciones todas que bien merecerían ser comentadas en trabajos detallados. Pero he de limitarme a las nuevas disposiciones que, de alguna manera, se relacionan con el Derecho Internacional.

Prescindiendo de los puntos de detalle, me limitaré a estudiar, sólo en sus grandes lineamientos de conjunto, las siguientes cuestiones: la SOBERANIA, especialmente en su aspecto territorial; la COOPERACION internacional; la Nacionalidad en sus distintos aspectos; y otras cuestiones varias, como: el acatamiento a las normas del Derecho Internacional, la solución jurídica de las controversias y la renuncia a la guerra, y la validez de los Tratados.

La soberanía

Cuestión básica, en el Derecho Internacional, la que se refiere a la soberanía de los Estados; cuestión vital para los Estados, especialmente si son pequeños y débiles, y sobre todo en los difíciles momentos que atraviesa la Humanidad, cuando se encuentran despiertos todavía los apetitos de los grandes pueblos, que pretenden, por ser grandes y fuertes, abrogarse el derecho de dirigir por sí solos, los destinos del Universo.

Por eso, a los pueblos pequeños y débiles, especialmente a los que no quieren desaparecer como entidades independientes, les corresponde el ineludible deber de no abandonar cándidamente el viejo principio de la soberanía, el que debe ser defendido con energía, a toda costa, reconociéndole expresamente en las Cartas Políticas, y no tolerando que se lo destruya en Asambleas Internacionales, para reemplazarlo con la utópica acción solidaria de los poderosos.

En su aspecto territorial, sobre todo, el principio de la soberanía del Estado debe ser defendido con todo celo, con toda decisión. Tal fué el criterio de la Asamblea Nacional Constituyente última, que cuidó de expresar, en la Constitución, en términos firmes y precisos, que no dejarán duda alguna, el principio de la plena soberanía del Estado sobre su territorio, la inalienabilidad e irreductibilidad del mismo, y la prohibición de celebrar pactos contrarios a la Soberanía del Estado, insistiendo en esos conceptos que sólo esbozaban las Constituciones anteriores.

Dicen así los artículos 1º. y 3º. de la Constitución, en la parte que nos interesa:

“Art. 1º.- La Nación Ecuatoriana está constituída en Estado INDEPENDIENTE, SOBERANO, etc….”

No puede celebrarse pacto alguno que afecte DE CUALQUIER MANERA a su independencia, soberanía e integridad territorial.

Art. 3º.- El territorio del Estado, continental e insular, es INALIENABLE E IRREDUCTIBLE….

Obsérvese bien la insistencia de los conceptos, la precisión de los términos:

“No puede celebrarse pacto alguno que afecte DE CUALQUIER MANERA…..a su INTEGRIDAD TERRITORIAL, -dice el art. 1º.- mientras el tercero, dice: “El territorio del Estado, continental e INSULAR, es inalienable e irreductible…….”

“De cualquier manera”, es decir que, de acuerdo con la Constitución de 1945, no cabe afectar la integridad territorial en ninguna forma: ni por arrendamiento, ni por ocupación temporal, ni bajo esas nuevas formas, que sabe descubrir, con tanta habilidad, la política internacional de los poderosos y que puede llamarse: cooperación defensiva en tiempo de paz, tratado de alianza continental, solidaridad hemisférica, o adoptar cualquiera otra denominación parecida….

La Constitución de 1929 no hacía referencia especial a los pactos que afectasen a la integridad territorial (art. 5), ni tampoco la de 1906, ni la de 1938 (art. 5).

La Constitución de 1945, cuida, por tanto, con una precisión y prolijidad que no se encuentra en ninguna otra, de precautelar la soberanía nacional sobre el territorio del País, tanto continental como INSULAR.

Dos acontecimientos influyeron en esa actitud; el injusto cercenamiento del territorio patrio en Río Janeiro, y la cuestión de las bases militares, llamadas de “defensa continental”, establecidas por los Estados Unidos en Salinas y en Galápagos.

La Asamblea Nacional se ocupó larga y detenidamente de ambas cuestiones, y, en cuanto a la última -la de las bases militares establecidas en territorio ecuatoriano, cuya permanencia después de la terminación de esta guerra es una pública y confesada aspiración del Gobierno de Estados Unidos- vale la pena recordar aquí en parte siquiera, el texto del comunicado que lanzó al País la Asamblea Nacional, comunicado en el que, entre otras cosas se dice lo siguiente:

“…Producido el ataque del Japón a las Islas Hawai, el Gobierno ecuatoriano se apresuró en expresarle al de los Estados Unidos su solidaridad y su decisión de cumplir los antedichos acuerdos de cooperación y asistencia, y convino con ese país en autorizar el establecimiento sobre su territorio, de bases de defensa continental, para uso común de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y del Ecuador, dentro de los planes que concertaron entre sí las competentes autoridades militares y navales de ambos países, de completa cooperación, durante el periódo de la actual emergencia bélica.

Estima la Asamblea que toda negociación para un acuerdo complementario de los pactos vigentes, debe llevarse a cabo dentro de las disposiciones constitucionales y las conveniencias de la nación, sin apartarse de los principios de cooperación interamericana, mientras dure la actual guerra mundial.

En consecuencia, la Asamblea Nacional, al considerar las líneas generales de la política internacional ecuatoriana en esta materia, ha señalado la inconveniencia de negociaciones que afecten la integridad territorial, e indicado las bases indispensables de resguardo de la soberanía e intereses nacionales, absolviendo de ese modo la consulta hecha por el Poder Ejecutivo, que ha demostrado, en todo momento, participar del mismo criterio”.

No podía ser más clara y precisa la exposición hecha por el País por la Asamblea Nacional, ni más terminantes sus conceptos señalando la inconveniencia de negociaciones que afecten la integridad territorial de la República.

Con el propósito de aclarar más, si cabe, el criterio de la Asamblea Nacional en esta materia, acudiendo a la historia de las disposiciones constitucionales, recordaré el siguiente hecho:

Entre los proyectos presentados por la Comisión de Constitución, constaba un artículo por el que se consideraba la posibilidad de que pudiera permitirse “LA PERMANENCIA DE TROPAS O DE NAVES DE GUERRA” de otras naciones, por un tiempo limitado, en territorio o aguas territoriales del país”.

Tal disposición fué suprimida, no fué aceptada por la Asamblea, para evitar que pudiera ser interpretada como una autorización para la subsistencia de las bases militares en Salinas y Galápagos, después de la actual guerra.

Terminada la guerra en el Pacífico, los Estados Unidos deberán necesariamente desocupar las bases militares, tanto de Salinas como de Galápagos. Se les concedió el “uso común” de ellas, MIENTRAS DURASE LA GUERRA, como una ayuda a ese País, y en cumplimiento de pactos Iberoamericanos de ayuda mutua en caso de agresión. Jamás podrá consentir nuestra Patria en que la ayuda prestada desinteresadamente pudiera transformarse, en ocupación perpetua, después de esta guerra, ni aun a pretexto de defensa Continental. Ni se podrá tolerar que tal situación subsistiera DE FACTO, ni podría estipularse ningún convenio al respecto, por prohibirlo expresamente el art. 1o. de la Constitución, cuyo claro texto no admite interpretaciones acomodáticas o ambiguas.

La amistad con los EE.UU. debe ser conservada, y aun incrementada; mas no debemos confundir la amistad y las cordiales relaciones, con el entreguismo y el abandono de nuestros derechos. Los norteamericanos de buena voluntad y de recto criterio, que son muchos, comprenden perfectamente la actitud digna, patriótica y justa del pueblo ecuatoriano.

En la Constitución no se menciona a la antigua Presidencia de Quito

Antes de pasar a otra cuestión, observamos que en la Constitución actual no se hace referencia, como en las anteriores, al origen histórico de los derechos territoriales ecuatorianos: no se dice que nuestro territorio “comprende todas las Provincias que formaban la antigua Presidencia de Quito” como se decía en el art. 2o. de las Constituciones de 1906, 1928 y 1938.

Quienes votaron en el sentido de que no constase tal referencia en el articulado, se fundaron en que no era propio, en verdad, después del injusto cercenamiento territorial de Río de Janeiro, decir que el territorio que le quedaba a nuestra Patria, comprendía todas las Provincias en que se había erigido la antigua Presidencia de Quito……

Para tratar con alguna profundidad, de la soberanía en su aspecto territorial, del drama de Río de Janeiro, y del problema de Galápagos, se necesitaría de varias conferencias, por lo que pasaremos al segundo de los puntos que me propongo tratar someramente: LA COOPERACION INTERNACIONAL.


II

La cooperación internacional

Este principio fundamental de convivencia entre los Estados, lo proclama la nueva Carta Fundamental, en dos aspectos: el uno, general, de sentido UNIVERSAL ampliamente humano, que propugna la cooperación y la solidaridad con todos los pueblos de la Tierra, y el otro, especial, de contenido hispanoamericanista, que establece la colaboración y solidaridad con los Estados a los que nuestra Patria está unida por los vínculos indeclinables de la historia, el origen, el idioma y la cultura.

En el primer aspecto, dice la Constitución, en los artículos 1o. y 6o. Dice el art. 1o.: “La Nación Ecuatoriana está constituída en Estado independiente…… con el fin de promover el bienestar individual y colectivo, Y DE PROPENDER A LA SOLIDARIDAD HUMANA”.

Bello concepto, que honra a la Constitución que lo contiene. “Propender a la solidaridad humana”. Qué noble finalidad para un Estado. Que distinto fuera el Mundo, si todos los Estados lo adoptaran, y lo hicieran efectivo!……

Esa frase encierra todo el espíritu universalista, ecuménico, de nuestra raza hispanoamericana, ese espíritu universalista y generoso que campea en la obra inmortal de Vittoria, ese espíritu que ilumina todo el pensamiento fecundo de Bolívar, ( pensamiento tan frecuentemente adulterado!), quien quería una América Hispánica unida, en un Universo solidario y justo. Recordemos su frase célebre, de su célebre carta de Jamaica, cuando, ya, en 1815, pensaba reunir en Panamá, NO UN CONGRESO PANAMERICANO, -(como se ha pretendido)-, sino un Congreso Universal de Naciones de todos los Continentes:

“….Que bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los Griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, REINOS E IMPERIOS a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, CON LAS NACIONES DE LAS OTRAS TRES PARTES DEL MUNDO. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración….”

Más tarde habría de pensar también en Panamá, como veremos más adelante, para reunir allí un Congreso de plenipotenciarios de los Estados de la América “antes Española”, para que sentaran las bases de una confederación perpetua.

No hubiera aceptado jamás Bolívar encasillar el destino de Hispanoamérica, dentro de un criterio estrecho del Continentalismo, que la desvinculara, en cierta manera, del resto del Universo, y menos por cierto, en las condiciones del Continente Americano de hoy, que no eran las de su tiempo, época en que teníamos, todavía, el dominio de ambos Oceános, porque todavía Teodoro Roosevelt no había “tomado Panamá”, en que México dilataba aun sus fronteras, por el norte, hasta cerca del Canadá porque aún no había ocurrido la anexión de Tejas, Colorado, Nevada y Nuevo México, ni Puerto Rico había pasado de un coloniaje a otro…..

Bien comprendía Bolívar lo peligroso e inconveniente que es, para Estados débiles, como los nuestros, asociarse demasiado estrechamente con un Estado Poderoso, He aquí lo que le escribía, con honda sabiduría y gran prudencia, a Ravenga, en Febrero de 1826, refiriéndose a las relaciones de los Estados recién liberados con Inglaterra:

“….esas ventajas no disipan los temores de que esa poderosa nación sea en lo futuro soberana en los consejos y decisiones de la Asamblea; que su voz sea la más penetrante, y que su voluntad y sus intereses sean el alma de la Confederación que no se atreverá a disgustarla por no buscar echarse encima un enemigo irresistible.

Esto es, en mi concepto, el mayor peligro que hay en mezclar una nación tan fuerte con otras débiles…”

El art. 6o. completa el pensamiento de cooperación universal del art. 1o., cuando dice:

“La República del Ecuador acata las normas del Derecho Internacional y PROCLAMA EL PRINCIPIO DE LA COOPERACION Y BUENA VECINDAD ENTRE LOS ESTADOS, y la solución, por métodos jurídicos, de las controversias internacionales”.

Mas, al mismo tiempo que proclama la cooperación en todos los Estados del Mundo, para propender la solidaridad humana, afirma la Constitución en el art. 7°., la necesidad de que nuestra Patria colabore especialmente con los Estados Iberoamericanos, para la defensa de sus comunes intereses territoriales, económicos y culturales.

He aquí lo que dice el art. 7°.:

“Art. 7°.- El Ecuador, dentro de la comunidad mundial de naciones, y para la defensa de sus comunes intereses territoriales, económicos y culturales, colaborará especialmente con los Estados Iberoamericanos, a los que está unido por vínculos de solidaridad e interdependencia, nacidos de la identidad de origen y cultura. Podrá, en consecuencia, formar con dichos Estados, o con uno o más de ellos, asociaciones que tengan por objeto la defensa de tales intereses”.

He allí resumido en un artículo Constitucional, todo el pensamiento internacional de Bolívar! Hé allí, los principios básicos que les permitirán a nuestros pueblos defender su existencia, en el Universo convulsionado de hoy! He allí, en esencia, todo un plan de política internacional, el de Bolívar!

Esa disposición Constitucional es riquísima en contenido doctrinario, y de su aplicación se derivarán muy beneficiosas consecuencias.

Los principales conceptos, en ella contenidos, son los siguientes:

1) Los Estados Iberoamericanos están unidos entre sí por vínculos de solidaridad e interdependencia, nacidos de la identidad de origen y cultura.

Esta es una verdad sociológica que nadie pretende ya negar, ni dentro ni fuera de Hispanoamérica.

Nos unen vínculos naturales, casi biológicos; la naturaleza, como decía el Libertador, en su discurso del 3 de Octubre de 1821, cuando, dirigiéndose al Presidente del Congreso reunido en Cúcuta, le expresaba:

“Señor: Espero que me autoricéis para unir con los vínculos de la beneficencia a los pueblos que la naturaleza y el Cielo nos han dado por hermanos”.

Ya, desde 1815, en la Carta de Jamaica, anteriormente citada, refiriéndose a la América Española, que estaba por ser libertada todavía, expresaba Bolívar:

“Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, deberá tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de formarse….”

Y en la misma carta, decía.:

“Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares….”

2) Los Estados Iberoamericanos tienen intereses territoriales, económicos y culturales comunes, que deben defender en común.

En otros términos:

En Hispanoamérica, existe un status de comunidad en cuanto al territorio, la economía, y la cultura, que todos nosotros, los Hispanoamericanos, debemos defender solidariamente.

El territorio es común, y, por tanto, la justa aspiración de Venezuela para que sea revisado el fallo arbitral que dió a Inglaterra gran parte de su Guayana (de NUESTRA Guayana) debe tener el apoyo solidario de la totalidad de los pueblos de Hispanoamérica, así como deben tener el apoyo de toda la América Hispánica, Guatemala en su reivindicación de Belice, Argentina en su reclamo de las Malvinas, y el pueblo de Puerto Rico en su ansia de Independencia!

El territorio es COMUN, y, por tanto, el problema de saber si los Estados Unidos lograrán o no permanecer definitivamente en Galápagos, es un problema hispanoamericano; y para que su resolución no sea dañosa para los justos derechos de nuestra Patria, ella debe contar con la ayuda, con el respaldo de todos los pueblos hermanos del Continente.

La economía es común, y, por tanto, debemos esforzarnos los Hispanoamericanos en darle al problema económico que afecta por igual a nuestros pueblos, (por ahora esencialmente productores de materias primas y consumidores de productos manufacturados extranjeros), una solución conjunta y solidaria, para defendernos, entre todos, de la voracidad de los grandes imperialismos económicos, de esos imperialismos que ya producen sintéticamente materias primas para competir con las nuestras, que les imponen bajos precios a nuestros productos manteniéndonos en la miseria, y que ya se preparan a invadir nuestros mercados con sus manufacturas.

Ya estamos nosotros, los Ecuatorianos, sintiendo los primeros estragos de la post-guerra: nuestra balsa está sin mercado; el caucho está amenazado de muerte por el sintético; el café está sujeto a precio bajo, fijado caprichosamente por el comprador.

Sólo nos queda un remedio: unificar nuestras pequeñas economías diversas: constituír una economía hispanoamericana, mediante la Unión Aduanera, que reserve para nosotros una parte siquiera de nuestros propios mercados, aliente nuestro recíproco comercio y fomente nuestro desarrollo industrial; y formar un solo frente para defender los precios de nuestros productos en el mercado internacional.

Y la cultura es común, y, por tanto, es nuestro deber supremo defenderla, entre todos, fortaleciendo los vínculos espirituales que nos unen.

3) El Ecuador puede asociarse con los demás Estados Iberoamericanos, o con uno o más de ellos, para la defensa de los intereses que les son comunes.

Ha quedado autorizada, por tanto, la Confederación Hispanoamericana, aspiración suprema del Libertador!….

Se viene pretendiendo, desde hace varios años, que Bolívar fué el creador del Panamericanismo. Mas la realidad histórica demuestra que el ideal político del Libertador fué esencialmente, el de unificar la América Española, confederando los Estados que la componen.

Recuérdense los clarísimos términos de la Convocatoria para el Congreso de Panamá, lanzada por él, desde Lima, en 1824:

“Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de América, por obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra, sea el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, ANTES COLONIAS ESPAÑOLAS, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos Gobiernos…

Profundamente penetrado de esas ideas invité en mil ochocientos veintidós, como presidente de la república de Colombia, a los gobiernos de MEXICO, PERU, CHILE y BUENOS AIRES, para que formásemos una confederación y reuniésemos en el Istmo de Panamá u otro elegible a pluralidad una asamblea de plenipotenciarios de cada Estado “que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias”.

El Gobierno del Perú celebró en seis de julio de aquel año un tratado de alianza y confederación con el plenipotenciario de Colombia; y por él quedaron ambas partes comprometidas a interponer sus buenos oficios con los gobiernos de la América ANTES ESPAÑOLA para que, entrando todos en el mismo pacto, se verificase la reunión de los confederados….”

El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal. Cuando después de cien siglos, la posteridad busque el origen de NUESTRO derecho público, y recuerde los pactos que consolidaron su destino, registrará con respeto los protocolos del Itsmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas que trazará la marcha de nuestras relaciones CON EL UNIVERSO. ¿Qué será entonces el Itsmo de Corinto comparado con el de Panamá?…

La intención de Bolívar no fué, por tanto, en 1824, la de convocar en Panamá a todos los Estados del Continente. La reunión que hoy podríamos denominarla “panamericana”. Lo que quiso fué convocar una conferencia de Estados de la América “ANTES ESPAÑOLA”, con la expresa finalidad de lograr su confederación, pues su deseo era, como ya lo había dicho en la carta de Jamaica, más que otro alguno, “ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria” que podría llamarse “la reina de las naciones y la madre de las repúblicas”, como le escribía, en 1818, el Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata: una “nación de Repúblicas”, como habría de escribirle al Director Supremo de Chile, en 1822, acariciando siempre el mismo noble propósito: …. “Hemos expulsado a nuestros opresores, mas todavía nos falta poner el fundamento del pacto social que debe formar de este mundo UNA NACION DE REPUBLICAS…”

Tal es, expresado a grandes rasgos, el contenido del Artículo 7º de la nueva Constitución Ecuatoriana, precepto que, en definitiva, constituye un paso firme en el camino de la cooperación, entre los Estados Iberoamericanos, contiene un plan efectivo de acción internacional, – en lo económico, en lo político y en lo cultural-, revela un retorno a la tradición jurídica de los Libertadores, y reconoce la existencia de un status sociológico y jurídico especial en Hispano América, o sea, en otros términos, la existencia de lo que hoy podría llamarse un sistema regional natural.

Esta observación suscita una cuestión de interés actual, inmediato.

Admitida, en la Constitución, la necesidad de estructurar un sistema regional hispanoamericano, para la mejor defensa de los intereses comunes de nuestros pueblos, le corresponde a nuestro País esforzarse por lograr que ese sistema sea admitido y reconocido en el sistema de organización mundial que se está discutiendo en la actualidad.

Ningún pacto puede suscribir nuestra Patria que pudiera limitar en alguna forma su derecho para constituír, con los demás Estados Iberoamericanos, esa asociación natural prevista en el Artículo 7º de la Constitución.

Es preciso que algún día, al lado de la Comunidad de Naciones Británicas, al lado de la Unión de las Repúblicas Soviéticas, al lado de la Comunidad de Estados Arabes, cuya formación parece haberse iniciado, surja, esplendorosa y pujante, la Confederación Hispanoamericana, esa “Nación de Repúblicas” presentida por Bolívar, “la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”…
III



Nacionalidad

Mas, abandonemos tan interesante problema, para considerar otro no menos importante: el referente a la nacionalidad.

Varios aspectos nuevos contiene la Constitución de 1945 en esta importante materia. Me limitaré a citar brevemente los de mayor interés:

1°.) Se aplica la doctrina del “jus soli”, en forma más absoluta, que en anteriores Constituciones.

De acuerdo con el Art. 10, numeral 1º, son Ecuatorianos POR NACIMIENTO, “todos los nacidos en el territorio de la República”.

No es ya necesario que se nazca de padre o madre ecuatorianos, o de padres extranjeros que residan en el Ecuador, o de padres desconocidos, (como establecía la Constitución de 1906, en su Art. 10). Se conserva, en este punto, las disposiciones de la Constitución de 1929.

2°.) Se admite parcialmente el “jus sanguinis”, al declararse en el numeral 2º, del mismo artículo 10, Ecuatorianos por nacimiento a los nacidos en suelo extranjero de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, que vinieren a residir en la República, o expresaren su voluntad de ser Ecuatorianos, variándose en esto el sistema de la Constitución de 1906 (art.11), conservando el sistema de las Constituciones de 1929 y 1938,

3°.) En cuanto al problema de la nacionalidad de la extranjera casada con Ecuatoriano, y de la Ecuatoriana casada con extranjero, y de los hijos de padres de distinta nacionalidad, es decir, en cuanto a los problemas relacionados con la nacionalidad que surgen en virtud del matrimonio, la Constitución de 1945, estipula lo siguiente:

“Art. 13.- Ni el matrimonio ni su disolución afectan a la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos”.

Esta disposición es la transcripción textual del Artículo 6º de la Convención sobre nacionalidad, suscrito en la VII Conferencia Panamericana, reunida en Montevideo, en 1933.

Según ella, el matrimonio o su disolución no influye en la nacionalidad. La mujer sea ecuatoriana o extranjera, que se casa, o se divorcia, o queda viuda, conserva siempre la nacionalidad que tenía antes del matrimonio, el divorcio o la viudez, mientras no la pierda por alguna otra causa.

Pero se consigna el principio de que se facilitará la adquisición de nuestra nacionalidad a la extranjera casada con Ecuatoriano, o al extranjero casado con ecuatoriana, siempre que, en este último caso, el extranjero estableciere su domicilio en el Ecuador.

De igual manera, la nacionalidad de las hijas es independiente del matrimonio de los padres o de la disolución del mismo.

4°.) Pero la innovación más importante en esta materia, es la contenida en el art. 12 de la Constitución, que dice:

“Art.12.- Sin perder su nacionalidad de origen, serán considerados ecuatorianos los Iberoamericanos y españoles por nacimiento, que se domicilien en el Ecuador y manifiesten su voluntad de serlo”.

Según esta disposición, hay tres clases de ecuatorianos: los ecuatorianos por nacimiento, los ecuatorianos por naturalización, y los ecuatorianos que yo llamaría por afinidad étnica y cultural: los iberoamericanos y españoles que se domicilien en el Ecuador y manifiesten su voluntad de ser considerados ecuatorianos.

En el seno de la Comisión de Constitución, hubo la intención de denominar a estos ecuatorianos, ecuatorianos POR ADOPCION, pero luego se desistió de esa idea para evitar que se pudiese creer que se quería establecer distingos o diferencias de derechos y obligaciones entre los ecuatorianos por nacimiento y estos otros ecuatorianos, que iban a serlo, por afinidad étnica y cultural, y por voluntad propia.

Esta importante disposición es, en verdad, un corolario del Artículo 7º, que ya hemos analizado.

En efecto, si el Ecuador está unido a los demás Estados Iberoamericanos por vínculos de solidaridad e interdependencia, nacidos de la identidad de origen y cultura, es natural y lógico que los Iberoamericanos que admiten esa vinculación, sean considerados en nuestra Patria como ecuatorianos, cuando estén aquí domiciliados, y manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos, asumiendo todos los deberes de tales y así mismo, es lógico y justo, que los ecuatorianos seamos considerados, al radicarnos en otros países de Iberoamerica, como hijos de esos países cuando así lo deseáramos.

Veamos ahora, los principios fundamentales que encierra la disposición contenida en el Artículo 12:

1) Para que un iberoamericano o un español sea considerado Ecuatoriano, y goce de todos los derechos y deberes de tal, BASTA que se domicilie en el Ecuador y manifieste su voluntad de ser ecuatoriano.

2) La adquisición de la nacionalidad ecuatoriana, NO LE HACE PERDER SU NACIONALIDAD DE ORIGEN.

Se introduce, por tanto, una fundamental excepción al principio jurídico, hasta ahora admitido, de que todo ser humano debe tener una nacionalidad Y UNA SOLA.

Ahora, según el precepto constitucional que comentamos, se admite que una misma persona puede tener DOS O MAS nacionalidades a la vez, cuando las nacionalidades se refieren a Estados vinculados entre sí, por la comunidad de origen y cultura, es decir, empleando el término admirable de Bolívar, POR LA NATURALEZA…

3) No se les exige a los demás Estados Hispanoamericanos RECIPROCIDAD en beneficio de los ecuatorianos.

Nuestra Patria abre los brazos a sus hermanos, a sabiendas de que, muy en breve, ese gesto fraternal será ampliamente correspondido.

4) El art. 12 se complementa con lo dispuesto en el numeral 2º del art. 14, según el cual no se pierde la nacionalidad ecuatoriana por naturalizarse en España o en los países Iberoamericanos.

Dije que el artículo 12 constituye la innovación más importante en materia de nacionalidad, de la Constitución de 1945.

Esto es cierto, solamente si se toman en cuenta las Constituciones de los últimos sesenta años, pues tenemos un interesante antecedente en la Constitución de 1878, cuyo artículo 9º dice:

“Art. 9º- Son ecuatorianos por naturalización:………..

……. 3º- Los nacidos en cualquiera de las Repúblicas Hispanoamericanas si fijaren su residencia en el territorio de la Nación, y declararen, ante la autoridad competente, que quieren ser ecuatorianos”.

Como se vé, no se exigía tampoco reciprocidad. La sola diferencia con el artículo 12, es que no se mencionaba la conservación de la nacionalidad de origen.

No resisto a la tentación de recordar que, entre los miembros de la Convención de 1878, estuvieron hombres como éstos: el canónigo Dr. González Suárez, futuro ilustre arzobispo de Quito, don Pedro Carbo, el General Urbina, el General Cornelio Vernanza y don Pedro José Arteta.

Y recordaré también, como antecedente histórico, el decreto del Congreso de 1867, que declaró lo siguiente:

“Art.1º.-Los chilenos, bolivianos, peruanos, colombianos y venezolanos gozarán de todos los derechos de ciudadanía ecuatoriana desde que pisen el territorio de la República y manifiesten ante cualquiera autoridad política su voluntad de naturalizarse en ella”.

También encontramos otro antecedente reciente en la Constitución de 1929, cuyo art. 9º, numeral 1º, dice:

“Art. 9º.- Se consideran, además, ecuatorianos:

……… 1º – Los indolatinos, siempre que hubieren fijado su residencia en el territorio de la República y manifestado su voluntad de ser ecuatorianos, en la forma determinada por la ley”.

También aquí se observa la diferencia substancial consistente en que no se establece, como en la Constitución de 1945, la conservación de la nacionalidad de origen.

En el art. 7º, numeral 7º, de la Constitución de 1938, encontramos un precepto igual al contenido en el art. 9º de la Constitución de 1929, que acabamos de citar.

En cuanto a los demás pueblos Iberoamericanos, vale la pena citar, en esta materia, las Constituciones vigentes de Venezuela (Art.29) y de Colombia (Art.7º) que respectivamente dicen:

Art. 29. Son Venezolanos por naturalización:

……. 2º- Los nacidos o que nazcan en España o en las Repúblicas ibero-americanas, siempre que hayan fijado su residencia en el territorio de la República y manifiesten su voluntad de ser venezolanos y llenados los requisitos de la Ley de la materia”.

(Constitución de los Estados Unidos de Venezuela.)

“Art. 7º- Son nacionales colombianos:

2º- Por adopción:

Los hispanoamericanos y brasileños por nacimiento que, con autorización del Gobierno, pidan ser inscritos como colombianos ante la Municipalidad del lugar donde se establecieren.

(Constitución de Colombia-Reforma contenida en el Acta Legislativa de 1936).

También cabe recordar aquí lo dispuesto en la Constitución de la República Española, de 1931:

“Art. 24: La calidad de español se pierde:…….

2º- Por adquirir voluntariamente naturalización en país extranjero.

A base de reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendiendo el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen.

En estos mismos países, si sus leyes no lo prohiben, aún cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen”.

Obsérvese que la Constitución Española exige la reciprocidad, que no exige la nuestra.

Como una indicación de la manera como ha sido apreciada la disposición constitucional del art. 12, en otros países de América, quiero que se me permita leer unos párrafos de un Editorial que la Estrella de Panamá publicó, en Febrero del presente año, comentando el referido precepto constitucional:

Dice así:

“Como se ve, para conceder los privilegios de la ciudadanía a los nacionales de la América latina, no les exige la nueva Carta Fundamental del Ecuador ni un determinado período de residencia, ni vinculaciones familiares o económicas en el país, ni ninguno de los requisitos que ordinariamente se demandan por otras Constituciones vigentes en nuestro Continente, las cuales han venido olvidando, hasta la fecha, la conveniencia de establecer privilegios especiales en favor de los latinoamericanos, a fin de facilitar a éstos la adquisición de la nacionalidad en nuestros respectivos países. Pero no es esto sólo, con ser ya bastante que por el simple hecho de residir en el Ecuador pueda cualquier latinoamericano alcanzar su máxima expresión por el hecho de que la nueva Ley Fundamental del Ecuador, para consagrar en sus normas el principio señalado y conceder la nacionalidad a todos los ibero-americanos residentes en el país, ni siquiera demanda el requisito de la reciprocidad”.

“Ciertamente que nada contribuiría tanto a fortalecer y estrechar los lazos que unen ya a nuestros países, como el que todos los latinoamericanos nos sintiéramos ligados a las inquietudes y problemas de los otros pueblos por medio de una nacionalidad común.

“Cuando el hombre iberoamericano pueda sentirse como en su patria en cualquiera de los países latinos del continente en que resida, con los mismos derechos e idénticas obligaciones que los que gonzan de la nacionalidad de origen, se habrá logrado el más efectivo avance en el camino de esa verdadera confraternidad de nuestros pueblos, que a todos nos habrá de reportar incalculables beneficios de índole moral y material”.

(La Estrella de Panamá, Febrero 3 de 1945).

También debo consignar aquí un dato de alto interés:

La Asamblea Nacional, POR UNANIMIDAD, dejó constancia de que, entre los Iberoamericanos, a quienes favorece el art. 12 están comprendidos los Puertoriqueños. De esta manera, la Asamblea Nacional hizo justicia a ese pueblo de nuestra raza, que todavía permanece en calidad de colonia de una potencia extranjera, contrariándose los más altos principios de la justicia.

Puerto Rico debe ser libre, y será timbre de gloria para la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil el haberlo expresado así, como lo hizo, en 1943, en acuerdo memorable que fué transcrito a todas las Universidades de América.

El art. 12 de la Constitución guarda, por tanto, armonía con la tradición de generosidad y de fraternidad, que ha caracterizado la historia internacional de nuestra Patria.

Aquí debería terminar esta exposición que me ha resultado demasiado larga, a pesar de que he procurado sintetizar problemas complejos, pero no puedo, -sin dejar trunca esta exposición-, de mencionar siquiera tres otras cuestiones internacionales de relativa importancia, contempladas en la Constitución de 1945.

I.- En el art, 6º se dice que “la República del Ecuador acata las normas del derecho internacional”, lo cual significa que, de hecho, todo el Derecho Internacional ha entrado a formar parte de nuestro sistema constitucional y legislativo, y pueden, por tanto, alegarse sus preceptos en las controversias judiciales:

II.- En el mismo Art. 6º nuestra Patria propugna la solución, por métodos jurídicos, de las controversias internacionales, disposición que se armoniza con la contenida en el art. 34 numeral 26, en que se expresa que el Ecuador “repudia la guerra como instrumento de política internacional”.

III.- El art. 65, numeral 4º establece el principio extremadamente importante de que “sin el requisito de la aprobación del Congreso NO TENDRAN VALIDEZ LOS TRATADOS”, los cuales no podrá celebrarlos el Poder Ejecutivo, cuando se oponga a la Constitución”…..

Todo lo que dejo breve y sumariamente expuesto, creo que nos lleva a la conclusión de que la Constitución vigente, es sumamente rica en disposiciones nuevas y valiosas relacionadas con el Derecho Internacional, que precautelan los intereses fundamentales de la República, y de los pueblos hermanos de Hispanoamerica.

Por: Manuel Medina Castro

La Revolución de Mayo tuvo un programa. Este programa garantizaba la soberanía e independencia del país. Triunfó la Revolución, triunfó la soberanía, triunfó la independencia. Basta ver el texto de la Constitución de 1945 para confirmarlo. Cuando la Asamblea Constituyente de 1944 designó la Comisión que debía redactar la nueva Constitución, el honorable diputado doctor Antonio Parra Velasco solicitó de la Asamblea Constitu¬yente y de la Comisión designada se le permita redactar el articulado pertinente a los problemas fundamentales para la partida de nacimiento de la nueva República: Independencia, soberanía e integridad territorial. La Asamblea accedió el pedido.
Reproducimos las partes fundamentales del “Proyecto Parra”:
“Art. 1°. La Nación Ecuatoriana está constituida en Estado independiente, soberano…”.
“No puede celebrarse pacto alguno que afecte de cualquier manera a su independencia, soberanía e integridad territorial”.
“Art.3°. El territorio del Estado: Continental e insular, es inalienable e irreductible…”
Las transcripciones son incompletas por razones de espacio y sólo recogen las partes que fueron incorporadas a la Constitución.
Ya en la Asamblea, el diputado Parra Velasco defiende su proyecto:
“Cuestión básica, en el Derecho Internacional, es la que se refiere a la soberanía de los Estados; cuestión vital para los Estados, especialmente si son pequeños y débiles….”
“Por eso, a los pueblos pequeños y débiles, especialmente a los que no quieren desaparecer como entidades independientes, les corresponde el ineludible deber de no abandonar cándidamente el viejo principio de la soberanía, el que debe ser defendido con energía a toda costa, reconociéndolo expresamente en las Cartas Políticas, y no tolerando que se lo destruya en Asambleas Internacionales, para reemplazarlo con la utópica acción solidaria de los poderosos”.
“En su aspecto territorial, sobre todo el principio de la soberanía del Estado debe ser defendido con todo celo, con toda decisión. La Constitución debe expresar, en términos firmes y precisos, que no dejare duda alguna, el principio de la plena soberanía del Estado sobre su territorio, la inalienabilidad e irreductibilidad del mismo y la prohibición de celebrar pactos contrarios a la soberanía del Estado, insistiendo en esos conceptos que sólo esbozaban las constituciones anteriores”.
“Obsérvese bien la precisión y reiteración de los conceptos.
No puede celebrarse pacto alguno que afecte de cualquier manera… a su integridad territorial. El territorio del Estado continental e insular, es inalienable e irreductible…”.
“De cualquier manera, es decir que, de acuerdo con la Constitución, no cabe afectar la integridad territorial, en ninguna forma: Ni por arrendamiento, ni por ocupación temporal, ni bajo esas nuevas formas que sabe descubrir, con tanta habilidad, la política internacional de los poderosos y que puede llamarse: cooperación defensiva en tiempo de paz, tratado de alianza continental, solidaridad hemisférica, o adoptar cualquier otra denominación parecida…”.
La Constitución de 1929 no hacía referencia especial a los pactos que afectasen a la integridad territorial, ni tampoco la de 1938.
La Constitución de 1945, cuida, por tanto, con una precisión y proligidad que no se encuentran en ninguna otra, de precautelar la soberanía nacional sobre el territorio del país, tanto continental como insular”.
El 30 de marzo del año siguiente la Constitución del 45 fue derogada mediante golpe de Estado…
¿Objeto?
Entregar a Estados Unidos las Galápagos y la Península de Santa Elena donde Estados Unidos estableció bases como lo hizo durante la Segunda Guerra sin autorización del poder público.
Y las volverá a establecer cuantas veces quiera!
Son tan claras las enseñanzas del maestro!
Magister dixit. 

Fue candidato a la Presidencia de la República para el período 1960-1964. Perdió la elección, que ganó el señor Doctor José María Velasco Ibarra.

Propuesta de Candidatura

Candidatura Presidencial


Un grupo de distinguidos ciudadanos propuso la candidatura, en los siguientes términos.
Guayaquil, Febrero 10 de 1960
Sr. Dr. Dn.
Antonio Parra Velasco,
Ciudad.-
Ilustre Compatriota:
Es de dominio público que va a ser propuesta a usted, por diversas agrupaciones políticas independientes y por los Partidos Democráticos y Populares, la candidatura a la Presidencia Constitucional de la República, para el cuatrienio de 1.960-64.
Esta circunstancia nos mueve a dirigirnos a usted, públicamente, para expresarle nuestro beneplácito y para pedirle que, llegado el caso, no se niegue a prestar su valioso contingente, aceptando su postulación como abanderado de la democracia ecuatoriana, en la contienda electoral que se avecina.
Las difíciles circunstancias por las que atraviesa la República requieren que, en el próximo período presidencial, ocupe la Primera Magistratura un ciudadano demócrata, de amplia cultura, de reconocido patriotismo, ajeno a las facciones, que sea vínculo de unión entre los ecuatorianos, que enfrente con saber y entereza la solución de nuestros problemas económicos, políticos y sociales, que mantenga el imperio efectivo de las libertades públicas y de las conquistas sociales logradas por el pueblo ecuatoriano y que defienda la soberanía nacional con firme determinación.
Consideramos que ese ciudadano es usted Dr. Parra Velasco.

Trayectoria limpia


La limpia trayectoria de su vida, los valiosos servicios prestados por usted a la causa nacional, en los diversos campos de la actividad pública, lo vienen señalando, desde años atrás, como digno conductor de los destinos de la Patria.
Su posición ideológica es bien conocida y no admite equívocos ni confusiones: usted representa el patriotismo y la cultura, el avance social sin sectarismos, el respeto a la Ley y a las Instituciones, la democracia auténtica basada en la tolerancia para con las opiniones ajenas, y, sobre todo, usted representa la independencia frente a los intereses anti ecuatorianos y a las oligarquías a ellos coaligadas, así como la defensa intransigente de los altos intereses territoriales, económicos y culturales de la Patria.

En campaña presidencial


Por todo esto, tenemos la seguridad de que la Candidatura de usted merecerá la acogida entusiasta de los organismos vivos del País, que, en pleno proceso de desenvolvimiento, requieren el estímulo y el respaldo gubernativo a su obra constructiva; de los agricultores que anhelan ser atendidos eficientemente; de los industriales que esperan una honesta y firme protección a sus actividades; de los comerciantes que reclaman mayor libertad para sus esfuerzos; de los profesionales que aspiran a elevar el nivel moral del medio en que se desarrollan sus respectivas disciplinas; de los maestros que llevan en su espíritu el germen de una Patria nueva; de los estudiantes que, erguidos ante los obstáculos, luchan conscientemente por vencerlos y superarlos; de los obreros que anhelan techo, pan, trabajo y educación para sus hijos; y, de manera general de todos los elementos no conformista, que detestan cualquier forma de tiranía, privilegio o círculo.
En consecuencia, pedimos su aceptación, doctor Parra Velasco: por una Patria renovada, por la juventud y sus destinos de lucha y victoria, por el surgimiento de la gran nacionalidad hispanoamericana, en la solidaridad de los pueblos democráticos; por un pueblo libre de temor, de miseria y de ignorancia; por la realización de los ideales de Rocafuerte, Alfaro y Montalvo; por la ejecución de los programas de los grandes revoluciones de sus pueblos, truncados a veces por la confabulación de los que se apoderaron del mando y pactaron con las fuerzas de la reacción, para repartirse la Patria y matar la Independencia y Libertad conseguidas por sus forjadores y héroes.
Sus compatriotas y amigos,
Firman, entre muchas otras personas, los señores Dr. Rigoberto Ortiz B. – Lcdo. Colón Serrano – Manuel Pareja Concha – Dr. Enrique Uraga Peña – Jorge Pérez Concha – Dr. Alfonso Martínez Aragón – Dr. Jorge Zavala Baquerizo – Dr. Guillermo Paulson Béjar – Dr. Marco A. Martínez M. – Dr. Humberto Sánchez Vera – Dr. Alberto Célleri Ramírez – Juan Ycaza Laforgue – Dr. José E. Molestina R. – Dr. Carlos Feraud Blum – Justino Cornejo V. – Dr. Francisco Díaz Galarza. 

19 de Febrero de 1960

Pueblo de Guayaquil:

Pueblo de la patria toda:

Señores dirigentes y jefes de los partidos y agrupaciones democráticas:

Señor doctor Carrión:

Conmovido hasta las más hondas fibras del espíritu comparezco ante vosotros para agradeceros el insigne honor de haber puesto en nuestras manos, las del doctor Carrión y las mías, el pendón de la defensa de las libertades públicas y de los altos intereses nacionales.

Vengo a agradeceros y a ofreceros mi lealtad y mi devoción y a dejar constancia de los ideales y propósitos que nos animan y que constituirán las directivas del próximo gobierno, si vosotros con el triunfo, por medio de vuestros esfuerzos, me lleváis a representaros en el gobierno nacional.

No solo pan sino libertad y cultura


Años de lucha del pueblo ecuatoriano contra las oligarquías y los intereses antiecuatorianos; años de brega por las libertades públicas, por los derechos populares; trágicos y terribles años de vergüenza y humillación para la patria ecuatoriana han preparado el movimiento actual y han llevado a los partidos y asociaciones políticas y democráticas y a todos los hombres libres y a todos los hombres y mujeres independientes a unirse bajo una sola bandera, con una sola finalidad: La de defender los intereses nacionales, defender los intereses de la patria y de su pueblo.

De su pueblo, en primer término, porque no puede existir una patria grande, una patria respetada si ella no se asienta en un pueblo vigoroso, en un pueblo en la plenitud del goce de sus derechos. La patria no la constituyen las oligarquías ni los privilegiados; la patria, de la que todos formamos parte, que a todos nos cobija, la forma y constituye fundamental y primordialmente, el pueblo, la masa, ese conjunto de trabajadores, de labriegos, de artesanos y, por tanto, si queremos hacer patria, lo primero que debemos hacer es preocuparnos por atender a las necesidades vitales del pueblo ecuatoriano, de ese pueblo nuestro que está en condiciones lamentables, que se encuentra privado de lo más esencial para mantener la vida; que falto está de pan, de trabajo, de cultura; que reclama escuelas; que reclama hospitales; que reclama tierra para poderla trabajar, esa debe ser, por tanto, la primera tarea del próximo gobierno, el primer punto de las realizaciones futuras, y lo hemos de lograr por medios directos y por medios indirectos.

Los medios directos consistirán en medidas que ataquen de frente los problemas para procurar resolver los más urgentes de entre ellos. La primera medida será, como lo dijo el ilustre lojano que me ha precedido en el uso de la palabra, la reforma agraria; la reforma agraria es la primera necesidad de todos los pueblos hispanoamericanos y la que habrá que realizar para darle tierra a todo aquel que quiera trabajar con el sudor de su frente. Habrá que obtener esa tierra de aquellos que la conservan sin poderla trabajar y habrá que darla al pueblo, pero dándole también medios de cultivarla, instrumentos de trabajo, préstamos a largo plazo; ayuda técnica, en fin, todo lo que sea necesario para que la pueda utilizar.

Y esa reforma agraria la haremos con justicia, sin abusos contra nadie, pagando el justo precio a los poseedores actuales, para que nadie pueda quejarse de la justicia del pueblo ecuatoriano; y la realizaremos previos los necesarios estudios considerando las circunstancias especiales de nuestra patria, con toda la seriedad que reclaman los altos intereses del pueblo ecuatoriano. Esa medida sin duda será de gran beneficio para la república, no solamente para aquellos a quienes se les haga la entrega en propiedad aquellas tierras para su trabajo, sino para la generalidad del país porque toda la economía nacional se resiente por el hecho de que grandes extensiones del territorio nacional cultivable quede ocioso y no surta beneficio alguno para la colectividad.

De otro lado, el gobierno tendrá que estudiar un plan concreto y práctico para ayudar a esos tres parias de la patria ecuatoriana; el indio en la serranía, el montubio en nuestro trópico y además el hombre pobre de nuestras ciudades que sufre tanto como sus otros hermanos y que, como ellos, requiere de pan, de trabajo, de vivienda, de salubridad y de cultura.

Pero el pueblo no solamente tiene necesidades biológicas, no solamente quiere pan, también quiere libertad y cultura. Y eso también habrá de darle el próximo gobierno. Libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad sindical; todas las libertades serán defendidas, respetadas e impulsadas por el próximo gobierno nacional. Y se dará también al pueblo la cultura que demanda. Es imposible, es insensato, es inhumano que siga el sistema actual, bochornoso y vergonzoso para el país; que cada año miles de niños se queden sin poder ir a la escuela queriendo concurrir a ella , por falta de maestros, y que cosa igual ocurra con los colegios nacionales en los cuales se impone un cupo porque no hay suficientes plazas para todos los que quieren educación. Eso atenderá de manera preferente el próximo gobierno, y procurará llevar adelante una educación que tenga dos esenciales características: Que sea laica y nacional. Laica, respetando las creencias religiosas, y nacional, nacional en el sentido de que la escuela, el colegio y la Universidad tienen que tender a darle un alma ecuatoriana al niño y al joven ecuatoriano. Respetaremos la libertad de enseñanza; respetaremos a los colegios particulares pero no permaneceremos indiferente si alguno de ellos pretendiere darle al niño y al joven ecuatorianos una mente extranjera. No quiero extenderme en este punto porque vosotros me comprendéis.

Y quiero explicar ahora cuáles son los medios indirectos de que se valdrá el próximo gobierno para elevar el nivel de vida del pueblo ecuatoriano.

Esos medios indirectos consisten en procurar el bienestar económico general del país porque de ello resultará mayores posibilidades de trabajo y de vida para las clases populares y eso lo lograremos protegiendo a la agricultura, a la industria y al comercio dentro de los límites que voy a explicar.

La agricultura padece porque tiene varios enemigos, y es sabido que la agricultura es la actividad esencial del pueblo ecuatoriano. El primer enemigo son los gravámenes excesivos; gravamen a la tierra; gravamen a los productos de la tierra; gravamen a la exportación de los productos provenientes de esa misma tierra; y, por último, un gravamen-invisible pero sumamente pesado. Todos me habréis sin duda de entender bien: Es la diferencia del precio que se le paga al agricultor por cada dólar que exporta, que es un precio bajo obligándolo, obligándolo a pagar un precio elevado por el dólar de mercancía que importa; esto es en sí mismo una gran injusticia y que tiene el agravante de que se transforma además en una gran injusticia regional porque quienes están sujetos a ese supergravamen son los productores del litoral ecuatoriano. En consecuencia, a la agricultura hay que defenderla de los gravámenes de que acabo de hablar; y además hay que darle créditos, créditos amplios, créditos que estén en armonía con el tiempo que la naturaleza impone entre la siembra y la cosecha; y hay que darle al agricultor garantías para su vida y, garantías para sus productos y garantías para que se libre de la explotación de que es objeto innumerables veces, y algo más, hay que procurar darle al agricultor precios mejores.

El próximo gobierno se empeñará en la lucha por los precios en el mercado internacional. Existe un método muy sencillo que explica el por qué nuestros pueblos siguen pobres y los pueblos altamente industrializados siguen cada vez más ricos; y consiste en poner precios bajos a los productos de nuestras tierras, mientras que los precios de sus manufacturas suben cada vez más . El Ecuador que planteó años atrás la necesidad de mantener un equitativo ajuste de los precios en el mercado internacional, seguirá con esa política con toda firmeza cooperando con los pueblos hermanos de Hispanoamérica y con todos los otros pueblos del Mundo que se encuentran en iguales condiciones de explotación.

La industria también requiere de apoyo, también requiere de garantías, de protección aduanera, justa, que no permita la explotación del pueblo pero que si permita un sano desarrollo de las actividades, por que si se limitan las actividades económicas las dificultades son graves para todos y particularmente para las grandes masas populares. Hay que darle garantías, hay que darle créditos y hay que darle algo más, un mercado más vasto. Habréis oído todos del gran mercado común latinoamericano, ese mercado común que tiende a aglutinar en el orden económico a todos los pueblos de nuestra raza para mejor defender nuestros intereses. El Ecuador propició esa política, desde su iniciación: 25 años hace que el Ecuador mantuvo esa tesis y hace 10 años no más, en el ámbito grancolombiano, la carta de Quito reclamaba para estos pueblos un mercado amplio que les permitiera desarrollar sus industrias y desarrollar sus economías. Esa política seguiremos con toda la energía necesaria, apoyando a nuestros hermanos del sur en el nuevo y gran esfuerzo que han de hacer. Protección pues para las industrias y protección también para el comercio; y toco aquí un punto importante pero hay que tratarlo con franqueza, también garantía para las inversiones extranjeras, pero a una condición, a condición de que han de respetar la Constitución y las leyes del país; de que no han de reclamar para sí privilegios indebidos; de que no han de pretender intervenir en los asuntos del Estado; de que han de contentarse con participar de nuestras riquezas pero participación también de nuestros esfuerzos nacionales.

Protección también al comercio. El Comercio sólo requiere que le rompan las ataduras que no le dejan progresar. Control para el comercio sí, pero en los límites estrictos del interés nacional; pero en todo lo demás, dejar libre a la libre iniciativa para que se desarrolle el país y con el desarrollo del país se fortalezca la patria y se beneficien las condiciones del pueblo ecuatoriano.

Todo eso, compatriotas, cabe dentro del primer gran punto de lo que yo diría, el primer capítulo de este programa que consiste en defender los intereses vitales, biológicos, espirituales y morales del pueblo ecuatoriano.

Pero ¿podrá existir un pueblo vigoroso y feliz si no cuenta con una patria digna, soberana, respetada? Es necesario por tanto, darle al pueblo una patria de esa categoría y eso se puede conseguir por un solo medio: Una política internacional de dignidad, que sólo se encuentre al servicio de los altos intereses nacionales y ésa será precisamente la política que ha de inspirar al nuevo gobierno ecuatoriano.

Es menester analizar esa política, siquiera brevemente, porque tengo el deber de exponeros, siquiera en grandes lineamientos, un plan de gobierno, porque es necesario que en el país sepan cuál es nuestro verdadero pensamiento y nuestras verdaderas intenciones para que se enteren de ello amigos o no amigos; partidarios o adversarios, y por eso digo, ¿cuál será esa política internacional?.

En el ámbito mundial. En el ámbito mundial el Ecuador defenderá la paz de todos los pueblos del Universo. La paz hoy día no sólo es un imperativo de moral internacional, como lo ha sido en todos los tiempos, sino que, además, es la condición de la supervivencia de la especie humana. Estaremos, por tanto, por al paz, y estaremos por el cumplimiento irrestricto de los principios del Derecho Internacional, de los principios de la justicia internacional, y estaremos por el derecho legítimo de todos los pueblos, especialmente de los pueblos oprimidos de la tierra y con aquellos que ansían libertad y con aquellos que ansían progreso y aquellos que están bregando por su unidad nacional y por su independencia efectiva. Estaremos contra el colonialismo, estaremos contra la fuerza y contra el imperialismo, cualquiera que sea su forma.

No solo pan sino libertad y cultura


En la órbita continental mantendremos las mejores relaciones con todos los pueblos cooperando en todo lo que realmente constituya un interés común, pero no dejaremos de seguir cuidadosamente la trayectoria del sistema interamericano, que si quiere subsistir, desarrollarse, tendrá que enmendar numerosos errores y numerosas deficiencias; será menester, por ejemplo, que los principios que constan en la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos no sean letra muerta y que se cumplan en su efectividad, para que no se dé el caso, para que no se repita el caso de que no sirvan para nada principios bellos como aquél que proscribe en América el uso de la fuerza y aquél que le niega validez a los convenios territoriales cuando han sido obtenidos por medio de la violencia. El sistema interamericano deberá, además, ampliarse para que puedan adherirse a él grandes pueblos como el Canadá y otros pueblos que ya están en proceso de obtener su independencia nacional……. (Alguien grita, entre los oyentes, “Puerto Rico”). ¡Viva Puerto Rico independiente!… . Y será necesario que nada en ese sistema nos impida a nosotros pueblos de Hispanoamérica el contacto libre, directo y soberano con los demás pueblos de la tierra y será menester también que en ese sistema nada pretenda impedir el gran movimiento de unidad entre los pueblos de hispanoamérica, la cooperación íntima, preferencial entre nuestros pueblos a los que tenemos pleno derecho por constituir como lo enseñó Bolívar, una sola nación; decía el Libertador, somos una nación de repúblicas y en consecuencia tenemos el derecho de realizar la defensa de nuestros intereses territoriales, económicos y culturales en forma solidaria.

Eso lo proclama el Art. 6° de la Constitución ecuatoriana vigente, que no es otro sino el 7° de la histórica Constitución del año 1945. Ese artículo inspirará nuestra política internacional en esta materia y, en consecuencia, el Ecuador cooperará íntimamente con los demás Estados de nuestra raza para defender aquellos intereses comunes; territorio común dice la Constitución y por lo tanto nuestro gobierno estará con Guatemala en el caso de Bélice; con Argentina en el caso de las Malvinas, con Panamá en sus justas reivindicaciones; con el pueblo de Puerto Rico que quiere su independencia nacional; con Cuba en su lucha por lograr la independencia económica de su gran pueblo; y estaremos, asimismo con Bolivia, la sufrida Bolivia; y estaremos con Venezuela y estaremos con todos los pueblos de hispanoamérica que quieran seguir el camino de su liberación económica.

Y en el orden de la cultura común, que también nos ordena defender la Constitución de la república, defenderemos todo aquello que nos da personalidad de pueblo, el idioma común, la historia común, las tradiciones comunes.

Tal, dicho a grandes rasgos, el programa de nuestro gobierno en el orden internacional, que debe completarse por cierto haciendo referencia a la política que habremos de seguir respecto de los países americanos, los Estados Unidos de América y la República del Perú.

En cuanto a los Estados Unidos sólo diré, o mejor dicho repetiré lo que le decía a un periodista de una agencia noticiosa norteamericana cuando me preguntaba: Doctor, en caso de triunfo, ¿cuáles serán las relaciones de su gobierno con el de los Estados Unidos? y yo le contesté: De amistad a la vez que de independencia. En cuanto al Perú hay dos aspectos que considerar: Colaboraremos con ese pueblo en todo lo que signifique intereses comunes como por ejemplo, la defensa de los precios de que antes hablaba; como, por ejemplo, el problema de las 200 millas de mar territorial; pero existe un grave problema que sensiblemente nos separa; el que dice relación a los límites entre ambos países. En esta materia es mi deber declarar que mi gobierno planteará al del Perú en forma clara y precisa el descontento del pueblo ecuatoriano por el Protocolo de Río; su disconformidad con ese pacto de límites injusto impuesto por la fuerza de las armas e invitará a ese país a negociar otro pacto distinto, para establecer los límites, que sea pacto libremente consentido, exento de los vicios de que adolece aquel otro y basado en los principios inmutables de la justicia internacional.

Aquí debería terminar mi exposición, pero quiero referirme brevemente, para refutarlas, a algunas acusaciones que se nos ha hecho. Se ha dicho que nuestro programa representa una posición de extrema peligrosidad, tanto que ni en la misma Unión Soviética podría ser aceptable. ¿Qué extremismo puede haber en un programa que sólo mira por los intereses de la patria y del pueblo ecuatoriano? . Se ha dicho también que representa una posición anticristiana y me pregunto: ¿No es acaso sentimiento cristiano el de procurar darle pan al pueblo, y vivienda y salud?; o será necesario para que se nos considere cristianos que incurramos nosotros también en esa suprema impiedad que consiste en traer a los actos públicos la imagen sacrosanta del Crucificado, de aquél que enseñó que su reino no era de este mundo? . Se dice que nuestra posición es antiextranjera ¿será acaso ir contra los demás países defender al propio? ; ¿defender a la patria ecuatoriana en sus intereses?; ¿estar con los pueblos hermanos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Panamá, de Puerto Rico?. ¿Defender las Galápagos de la codicia extranjera?. ¿Será esto, digo, hacer política contraria a los demás países?. Es hacer política de patriotismo, es hacer política nacional y nada más.

Pero, para qué continuar refiriéndonos a esas acusaciones sin base. Nuestra causa se defiende por si sola. Nuestra causa se impondrá a todos los hombres de buena fe, a todos los hombres sinceros que no están atados por intereses o compromisos. Nuestra causa se impondrá porque ella representa el resurgimiento de la patria, la estructuración de un nuevo Ecuador, libre de humillaciones, que lleve la cabeza bien alta como tiene derecho a llevarla por la brillantez de su tradición y su gloriosa historia. Vayamos, pues, con fe a la próxima contienda electoral en forma democrática, pacífica y civilizada y que el triunfo corone vuestros esfuerzos por una patria grande, unida, libre y soberana…

El señor doctor Antonio Parra Velasco es un hombre de ideas y de conceptos, y si triunfara, nada tendría yo que objetar.

Dr. José María Velasco Ibarra

28 de Mayo, 1960

“La candidatura de Parra es respetable”… “nace del pueblo y se dirige al pueblo”… “es distinta de aquellas sin contenido que nacen en las oligarquías o en las demagogías”.

Dr. Gonzalo Cordero Crespo,

El Comercio” Febrero 12, 1960

“Avanza Parra con su carro”… “ni un solo grito destemplado para él o su comitiva; ni una palabra ni ademán ofensivo”

Frente Democrático Nacional,

El Universo” 27 de Mayo, 1.960

El Universo, Miércoles 24 de Febrero 1960

Mi Nombre no es Propiedad Única de la Izquierda Expresó el Dr. Parra Velasco. Agregó que su candidatura está apoyada por vasta coalición anti-conservadora.

Dijo que toda intervención del comunismo internacional en el país debe rechazarse.

Por: Jorge Fernández

GUAYAQUIL, 23.- (UPI) – “Mi nombre no es propiedad única de la izquierda”, declaró el doctor Antonio Parra Velasco, candidato a la presidencia de la república, en una entrevista exclusiva con la United Press International. “He sido postulado -agregó- por los comunistas, los socialistas y los cefepistas, pero también han suscrito mi candidatura los liberales independientes, los independientes a secas, y grupos de universitarios y obreros”.

Autodeterminacion y respeto


El temperamental y versátil diplomático, catedrático, jurisperito e intelectual de 60 años, hoy rector de la Universidad de Guayaquil, y autor de la letra y la música de un himno “a la nación hispanoamericana”, acusa a la “gran prensa” ecuatoriana de desconocer que su candidatura está apoyada por una vasta coalición anti-conservadora, y no solamente por los núcleos políticos de la extrema izquierda.

Parra Velasco dice que la participación del partido comunista dentro de esa coalición era un hecho cumplido de la situación política desde antes de lanzarse su candidatura; y que, por lo tanto, no se trataba de aceptar o rechazar a los comunistas.

“Además -agrega-, yo considero que un ecuatoriano, por el hecho de haber nacido en el Ecuador, tiene derecho a ser comunista, lo mismo que tiene derecho a ser conservador o liberal. No podemos negar el derecho a pensar como se quiera”.

A una pregunta del corresponsal, el candidato dijo que esa afirmación no implica, ni su respaldo o adhesión a la ideología comunista, ni su aceptación de cualquier acto de intervención del comunismo internacional. “Toda intervención debe ser rechazada, venga de los Estados Unidos, de la Unión Soviética o de cualquier otro país”.

Interrogado sobre su ubicación política, Parra Velasco dijo que nunca había pertenecido a ningún partido político.

“Soy nacionalista -agregó-, pero si se entiende bien la palabra. Por desgracia, hoy nacionalista quiere decir cualquier cosa; quiere decir nazismo, fascismo o franquismo. Pero el verdadero nacionalismo es el que propugna la auto determinación de los pueblos, el respeto a la soberanía ajena, la amistad dentro de la independencia”.

Y, además, es hispanoamericanista. “Sin ser colombiano -dijo el candidato- soy de los que no han olvidado a Panamá; recuerdo los marinos en Nicaragua; estoy con los panameños que defienden el derecho a izar su bandera en su territorio”.

El candidato muestra con orgullo sobre su escritorio “la bandera hispanoamericana”, que consiste en una franja, dispuesta en forma de círculo, con las banderas de todos los países hispanoamericanos, incluyendo a Puerto Rico.

Parra Velasco dijo que es simpatizante del movimiento nacionalista de Fidel Castro en Cuba, y que no estaba con quienes trataban de acusar al líder cubano de ser un agente comunista.

En su entrevista con la UPI, Parra Velasco declaró que, si resulta elegido, su gobierno defenderá la independencia y soberanía del Ecuador, haría un nuevo planteamiento en términos pacíficos de la cuestión limítrofe con el Perú para obtener la reivindicación de los territorios amazónicos, y estimularía el libre desenvolvimiento de los partidos políticos. Dijo que su gabinete sería escogido de acuerdo con las circunstancias políticas, y con entera independencia, pues no tenía compromisos en ningún sentido a este respecto.

respeto irrestricto a los derechos


Parra Velasco fue Ministro de Hacienda, Educación y Relaciones Exteriores, y en esta última calidad presidió la delegación de su país a la Conferencia Panamericana de Bogotá en 1.948. Hizo estudios en Francia y fue Embajador del Ecuador en París y Caracas.

Interrogado sobre las bases esenciales de su plataforma electoral, contestó: “En lo económico, favorecer por todos los medios la producción nacional, tanto industrial como agrícola, sobre todo en este último aspecto. Para lograrlo, liberar las actividades económicas de trabas innecesarias, ampliar el crédito, utilizar en mayor grado el instrumento monetario, favorecer el intercambio con los países vecinos mediante preferencias comerciales y aduaneras, procurar entendimientos que aseguren precios justos a nuestros productos de exportación, incrementar las vías de comunicación”.

“En lo social -siguió diciendo-, la reforma agraria, mediante una legislación cuidadosamente estudiada, que tome en cuenta las características propias del país. El respeto efectivo de los derechos sociales del trabajador, el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y la ampliación de los servicios del seguro social”.

El doctor Parra Velasco manifestó que su gobierno daría “respeto irrestricto a los derechos y garantías señalados en la Constitución y las leyes y propugnaría por el libre desenvolvimiento de los partidos políticos”. Agregó: “Haría un gobierno de tendencia progresista sin perjuicio de aprovechar la cooperación de hombres capaces de cualquier partido, cuando lo requiera el interés nacional”.

Parra Velasco manifestó que tendría con los Estados Unidos “relaciones de amistad, a la vez que de independencia”, y que en relación con los otros países del continente “daría cumplimiento cabal a la disposición de la Constitución nacional, según la cual el Ecuador cooperará especialmente con los estados hispanoamericanos para la defensa de sus comunes intereses territoriales, económicos y culturales, debido a estar unido a dichos estados, por vínculos de solidaridad e interdependencia, nacidos en la identidad de origen y cultura”.

Ampliando más sus opiniones sobre las relaciones interamericanas, declaró: “Soy partidario de la cooperación en los asuntos de interés común, sobre base de reciprocidad efectiva. Cumplimiento real de los principios y postulados del sistema, muchos de los cuales carecen de efectividad práctica.

Pronta incorporación del Canadá al Sistema Interamericano y, en su oportunidad, de los nuevos Estados que se constituyen en América, nada en el Sistema debe impedir la cooperación preferencial entre los Estados Hispanoamericanos. Nada en el sistema debe ser obstáculo para la libre participación de los Estados Hispanoamericanos en el ámbito de la política mundial.

Interrogado sobre cuál sería su posición dentro de esa política mundial, contestó: “cooperación con todos los países, por imperativo de solidaridad humana, con el fin primordial de mantener la paz, basada en la justicia y en el respeto del derecho de los pueblos en su independencia, su unidad, su desarrollo y su progreso, libre de interferencias y explotaciones”.

Por: Diego Pérez

El Recibimiento al Dr. Parra



A su debido tiempo les he hablado de los recibimientos tributados en esta ciudad al Dr. Cordero Crespo, al señor Plaza Lasso y al Dr. Velasco Ibarra. Hoy me toca hablarles del que al mediodía de ayer se ofreció al candidato de la Unidad Democrática Nacional Anticonservadora, Dr. Antonio Parra Velasco.

Un ciudadano brillante


Faltaría a la verdad si dijera que el recibimiento al Dr. Parra fue grandioso; pero tampoco sería veraz si afirmara que fue desairado, como aquí casi todo el mundo pensaba que lo sería. Lo justo es decir más bien que fue un buen recibimiento, y hasta podría decirse que un excelente recibimiento si se toma en cuenta los poderosos factores que han actuado en el Azuay contra la candidatura del Dr. Parra, y si se lo compara con lo que, de modo general, se pronosticaba sobre él. En realidad, todos los cuatro recibimientos nos han dado sorpresas: el del doctor Cordero, por lo malo, y el del señor Plaza, el doctor Velasco y el doctor Parra, por lo bueno.

En cuanto al número de concurrentes, el recibimiento al Dr. Parra no podría compararse con los ofrecidos al señor Plaza y al doctor Velasco, que fueron multitudinarios como ya lo dije en su oportunidad; pero si con el que tuvo el doctor Cordero, siendo muchos, y no precisamente parristas, los que afirman que lo superó. Pero si bien en las manifestaciones políticas de este tipo la participación más importante corresponde a los que desfilan, no hay que olvidar que en ellas tienen también una muy significativa los espectadores que las presencian. Ahora bien, la aureola de honestidad política y de talento de que Parra venía precedido, el prestigio que le ha conquistado la forma elevada en que ha sabido conducir su campaña electoral; unidas a la impresión que produjo su noble figura de tribuno, le ganaron no sólo el respeto sino también la cordialidad y la simpatía de los millares de personas que presenciaron el desfile desde veredas y balcones. Hubo flores y serpentinas y, sobre todo, aplausos nutridos y entusiastas. Y no hubo, desde luego, ni el más leve asomo, ni el menor intento de contra manifestación.

En cuanto a la forma en que la manifestación estuvo integrada, así como en la del Dr. Cordero se destacaba la presencia del elemento campesino, en la del señor Plaza brillaba la de un fuerte contingente de mujeres, y en la del doctor Velasco sobresalía la del proletariado urbano, así en la del Dr. Parra descolló la de la juventud. Estudiantes de la Universidad y de los últimos cursos de los Colegios de Segunda Enseñanza, jóvenes obreros, empleados y profesionales, constituyeron la entusiasta, alegre, vistosa y bien organizada manifestación que ayer se ofreció en Cuenca al doctor Parra Velasco.

Terminado el largo recorrido por las calles de Cuenca – de San Blas a San Francisco -, vinieron las intervenciones oratorias. Primero, la de Enrique Sánchez Orellana, que a nombre del Buró Provincial de la Unidad Anticonservadora saludó al candidato y exaltó sus merecimientos; después, la de Jorge Pérez Concha, que en representación del Buró Nacional de la Unidad saludó a Cuenca y el Azuay; finalmente la de Antonio Parra Velasco.

Durante más de una hora, y constantemente aclamado por sus partidarios y simpatizantes y por los espectadores que se habían reunido en la plaza de San Francisco, habló Parra Velasco. Habló sobre los problemas económicos del Ecuador, especialmente sobre la reforma agraria; habló sobre los problemas políticos y sociales del país; habló sobre la intervención clerical en la actual contienda política ecuatoriana; habló sobre la política internacional de nuestra patria y el Protocolo de Río de Janeiro…….. Estuvo claro, preciso, contundente. Sí, contundente también, pero sólo por la fuerza de las ideas que expresó, pues sus labios en ningún momento pronunciaron una ofensa, ni un sarcasmo, ni una palabra descomedida. Parra habló como lo que es: como un brillante maestro universitario, como un estadista que conoce a fondo los problemas de la patria y la manera de solucionarlos, como un demócrata de ideas firmes y precisas, como un patriota insobornable, como un brillante orador de palabra elegante y fácil. Antes, jamás se había pronunciado en Cuenca un discurso político semejante, y la ciudad en general así lo reconoce.

Parra es, no cabe duda, uno de los ciudadanos más brillantes con que cuenta el Ecuador.

Y si en el país prevalece el buen sentido, más tarde o más temprano será llamado a regir los destinos de la patria.

GALO PLAZA LASSO

Galo Plaza representa el impulso del Liberalismo en la misión histórica de recuperar el Poder para reafianciamiento y triunfo de la democracia ecuatoriana. Hombre más de acción que de enunciaciones teorizantes; hombre práctico en el sentido alentador del término, Galo Plaza ha evidenciado que, conociendo a fondo los problemas nacionales y los problemas del Continente, puede hacer una obra de gobierno caracterizada por la eficacia, por la ponderación, por el equilibrio y por el trabajo creador.

Si se quisiera hacer presente lo más trascendental y valioso de su servicio eminente a la República, tendrá que consignarse, con caracteres de exaltación, el hecho de que cuando tuvo el ejercicio del Poder impuso en el país una era de paz, de sosegamiento de las fuerzas políticas antes permanentemente agitadas. Algo substantivo de su gobierno fue también la planificación técnica surgida del estudio detenido y profundo de las realidades del país, estudio en el cual, participaron misiones extranjeras de indiscutible valor.

Galo Plaza ha ofrecido ser, desde la Primera Magistratura, exponente honesto, preocupado y responsable de los grandes anhelos del Ecuador. Al paso de los días, podrá exponer de manera más amplia su programa de acción; pero desde ya ha anunciado que ese programa estará ceñido a las esenciales e impostergables necesidades del país.

ANTONIO PARRA VELASCO

El doctor Antonio Parra Velasco es sin duda alguna uno de los hombres más inteligentes e ilustres del Ecuador. Su vida diplomática se ha distinguido por el servicio eminente, por la capacidad descollante y luminosa, por su elevado ideal de auténtica confraternidad americananista y universal. Hombre de vastos conocimientos, internacionalista de subidos quilates, Parra Velasco es un prestigio de la Patria, una mentalidad de valor continental en el campo de la cultura, el ejercicio de la cátedra universitaria con la amplitud que puede esperarse de un hombre de su envergadura intelectual, lo ha consagrado como maestro de grandes dimensiones; y por méritos legítimos y sobresalientes ocupa hoy el Rectorado de la Universidad de Guayaquil.

Por lo que concierne a su ubicación política, el doctor Parra Velasco aparece en el escenario electoral, como baluarte del Movimiento de Segunda Independencia, independencia que se refiere a autonomía económica. Sus condiciones personales lo colocan entre los más distinguidos candidatos a la Primera Magistratura. Pero es justo decir que muchos consideran que su intervención en el certamen electoral acaso no tendrá el contundente respaldo ciudadano que merece tan valioso hombre público.

GONZALO CORDERO CRESPO

El doctor Gonzalo Cordero Crespo, candidato del Partido Conservador a la Primera Magistratura, se distingue por su limpia aunque no de larga trayectoria carrera política. Presidente del Consejo del Azuay, de él se recuerda una labor conducente a favorecer los intereses generales y su capacidad y amplia visión de los problemas. Ministro de Previsión Social y Trabajo, en el régimen del doctor Camilo Ponce Enríquez, realizó una labor ponderada y respetuosa de la ley, en circunstancias sumamente complejas para el país. Precisamente por este comportamiento las derechas esperan -cuestión que en verdad es relativa- que la clase trabajadora le ofrezca su respaldo.

Las expresiones del doctor Cordero Crespo se han caracterizado por apreciar bastante a fondo las necesidades vitales del conjunto ecuatoriano. En ocasiones se ha manifestado como exponente de una reforma fundamental en el orden económico y específicamente agrario, lo que ha merecido el visto bueno de la opinión pública. Pero el manifiesto conservador mediante el cual se lanzó su candidatura realmente produjo inquietud y malestar en las mayorías, lo que en nada favorece al doctor Cordero Crespo.

VELASCO IBARRA

El doctor José María Velasco Ibarra es candidato a la Presidencia de la República, nuevamente; y, de triunfar en su propósito, sería el primer ecuatoriano que llegue a la más alta magistratura por cuatro ocasiones. Su influencia política se viene sintiendo desde 1.933 cuando, en calidad de Diputado por Pichincha, se entregó a una lucha ardorosa contra el régimen de don Juan de Dios Martínez Mera.

En la oposición, Velasco Ibarra ha sido determinante adversario y es posible que a esa oposición deba en gran parte sus triunfos electorales, obtenidos en momentos de gran agitación nacional. En la presente campaña, pese a que el doctor Ponce Enríquez fue su colaborador como Ministro de Gobierno, el doctor Velasco está entre los más fervientes adversarios del régimen imperante, situación que surgió a raíz de abandonar el Poder.

No se ha escuchado aún la palabra del doctor Velasco Ibarra en la actual controversia política, de modo que no se conoce su programa de gobierno. Los dirigentes velasquistas, en un compás de espera, nada dicen respecto de ese programa, lo que mantiene la expectativa nacional respecto de las ofertas del tres veces Presidente de los ecuatorianos. Mas, se espera que mañana, cuando llegue a Guayaquil el candidato, la incógnita estará despejada y la ciudadanía sabrá a qué atenerse.

El dr. Parra cree que hay madurez política en el país para aceptar gobierno de izquierda. Dice que reforma agraria es necesidad nacional y la pondrá en práctica, de llegar a la Presidencia[3]

El doctor Antonio Parra Velasco, candidato popular de “Unión Democrática Nacional Anticonservadora”, reiteradamente se ha negado a conceder una entrevista a los periodistas. En muchas de las ocasiones, ha sido parco, mesurado en sus contestaciones. Por otra parte, sus respuesta, son siempre por escrito para evitar torcidas interpretaciones. Nos propusimos ayer entrevistar al candidato, en vísperas de su proclamación que se hará hoy, y lo hemos hecho, justamente cuando existe un interés por conocer sus valiosas opiniones frente al torneo electoral.

El doctor Antonio Parra Velasco, actual Rector de la Universidad de Guayaquil, es un ciudadano de prestigio intelectual; de erudita cultura, sobre todo, en el campo del Derecho Internacional Público.

Las fuerzas populares integradas por un valioso sector del Socialismo, el Comunismo y Cefepismo, auspiciaron su candidatura para la Presidencia de la República, conjuntamente con el doctor Manuel Benjamín Carrión, con quien forma el binomio.
Al comienzo, el doctor Parra Velasco se abstuvo de dar su consentimiento cuando Concentración de Fuerzas Populares, Socialismo y Comunismo le formularon su proposición para ser candidatizado a la Presidencia de la República. Fue menester varias entrevistas y conferencias.

Nos encontramos ahora en el despacho del Rectorado de la Universidad, dispuestos a obtener contestaciones a nuestras preguntas.

El doctor Parra Velasco, tranquilamente y en forma escueta respondió:


¿Qué opinión tiene usted de los otros candidatos a la Presidencia de la República?

– Son todos ellos ciudadanos eminentes, que justifican plenamente el respaldo de que son objeto por parte de importantes sectores de la opinión nacional.

¿Estima que existe ambiente favorable para los candidatos que auspicia “Unión Democrática Nacional Anti conservadora?

– Ese ambiente favorable existe, y tengo la impresión de que se hace cada vez más notorio.

¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes de su programa de gestión administrativa en caso de llegar al solio presidencial?

– Expondré, ampliamente ese programa en el discurso que debo pronunciar en el acto público de mañana (hoy). Podría sintetizarlo así: Atención preferente a las premiosas necesidades populares: defensa de los intereses territoriales, económicos y culturales de la República.

¿Cree usted que hay madurez política en el Ecuador para aceptar y respaldar un Gobierno de Izquierda?

– Claro que sí! Hasta los conservadores enuncian en sus programas principios de libertad y justicia social.

¿En caso de llegar a la Presidencia de la República, su Gobierno plantearía la revisión del Protocolo de Río de Janeiro?

– Propondría al Perú negociar un nuevo tratado de límite que sea justo para ambos países y esté libre de los vicios fundamentales de que adolece el Protocolo de Río.

¿Qué tipo de relaciones cree usted debe el Gobierno del Ecuador mantener con el de los Estados Unidos?

– Esas relaciones deben ser de amistad, a la vez que de independencia.

En caso que fuera electo ¿estaría usted dispuesto en ayudar a que los campesinos reciban los beneficios de la Reforma Agraria?

– La reforma agraria es una necesidad nacional. De triunfar en las próximas elecciones, mi gobierno tendrá que realizarla.

En esta forma y por primera ocasión hemos logrado una respuesta terminante del candidato a la Presidencia de la República por Unión Democrática Nacional Anticonservadora y que gustosamente la entregamos a nuestros lectores. 

Merece la pena reproducir este informe del Dr. Jorge Zavala Baquerizo, para resaltar la moralidad y meticulosidad con que se llevaban los gastos electorales de antaño, y tener una idea de cómo fue decayendo la forma de hacer política, algo tan importante y necesario para la Patria.

Guayaquil, 28 de marzo de 1960

Señor Doctor Don
Rigoberto Ortiz Bermeo,
Director de Turno de U.D.N.A
Ciudad

Señor Director:

La Dirección Ejecutiva Nacional de la Unidad Democrática Nacional Anticonservadora ha creído de su deber informar a usted, y por su digno intermedio a los demás miembros del Buró Nacional, de los diferentes aspectos que, con carácter urgentísimo, deben ser atendidos a fin de que pueda coronarse con el éxito deseado los próximos comicios nacionales.

La Dirección Ejecutiva considera que la primera gira realizada por nuestros candidatos a la Provincia del Chimborazo, no sólo resultó un éxito sin precedentes por lo que significó la recepción en Riobamba – magníficamente preparada y brillantemente realizada – sino por lo que de espontáneo y emocional tuvo la llegada de nuestro candidato en las estaciones intermedias, donde, sin preparación alguna, el pueblo expresó en forma mayoritaria su anhelo por el triunfo de los candidatos de la Unidad. Esto ratifica al criterio de la Dirección Ejecutiva que consideraba – y así lo expuso en una de las últimas sesiones – que era necesario canalizar en forma efectiva esta espontaneidad, ese fervor emocional del pueblo, a base de una campaña de denuncias, y, principalmente, de explicación altiva, combativa y a la altura de la mentalidad popular, del programa de la Unidad.
Esto último, señor Director, nos lleva a tratar del primer punto que, con el carácter de urgentísimo, debe ser considerado y resuelto por el alto organismo que usted, actualmente y con suma inteligencia, dirige en esto momentos:

La Dirección Ejecutiva considera necesario que se ponga a su orden la cantidad de QUINIENTOS MIL SUCRES que tienen que ser destinados para fomentar, incrementar y orientar la campaña de la Unidad en la República, a base de los siguientes datos generales.

La Provincia del Guayas debe ser atendida con la cantidad de CIEN MIL SUCRES, de los cuales CINCUENTA MIL se destinarían al cantón Guayaquil, pues, como es sabido, es el cantón que más votos ofrece en la Provincia. A nadie se le escapa que, por falta de recursos económicos, la ciudad de Guayaquil y el resto de la Provincia se encuentran totalmente descuidados con grave posibilidad de que muchos votos que, con trabajo de propaganda pudieran ser de la Unidad, se vuelquen a otros sectores reaccionarios que, con mucho dinero, tratan de desorientar la opinión de la gente sencilla de nuestro pueblo.
La Provincia de Manabí, por su importancia, también debe ser atendida con la suma de CIEN MIL SUCRES, que deberán ser repartidos en proporción a la importancia electoral de cada uno de sus cantones. Si bien es verdad que esta provincia tiene un electorado inferior a la del Guayas, no se escapa a usted que por la extensión de su territorio y la dificultad de los transportes, los gastos de propaganda y de movilización suben en proporción mayor a los de la del Guayas. En estos momentos en Manabí podemos estar alcanzando un electorado que fluctúa entre los quince y los veinte mil votos, pero considera la Dirección Ejecutiva que, si se incrementa la campaña, podemos obtener una votación de treinta a cuarenta mil votos.

La provincia de Pichincha merece una atención similar a la de las provincias antes enunciadas. La capacidad de trabajo del Buró Regional de Quito es digna de todo encomio, amén de que está dirigida por un hombre de mucho talento y prestigio como el Dr. Telmo Hidalgo, que cuenta con la asesoría y ayuda inmediata de nuestro candidato a la Vicepresidencia y por los distinguidísimos miembros del Buró Regional y Provincial. Debido a que en esta provincia se encuentra la Capital de la República, la atención debe ser inmediata y directa, y este dinero debería ser entregado en la siguiente forma: S/. 35.000,oo para la Provincia de Pichincha, y el saldo al Buró Regional a fin de que atienda en forma preferente a las Provincias del Carchi y del Cotopaxi que según informes recibidos por esta Dirección Ejecutiva se encuentra, por falta de recursos económicos, sin mayor atención, pese a la buena voluntad y espíritu de sacrificio de los hombres que forman el Buró Regional que, en forma insistente, reclaman la atención económica para el mejor éxito de sus labores.

El saldo de los quinientos mil sucres debe ser destinado al resto de la República en las siguientes proporciones:

Chimborazo (cantón Alausí)………. S/. 5.000,oo
Tungurahua……………………………… 20.000,oo
Imbabura……………………………….. 20.000,oo
Bolívar………………………………….. 20.000,oo
Esmeraldas……………………………… 10.000,oo
El Oro……………………………………. 15.000,oo
Los Ríos…………………………………. 20.000,oo
Loja………………………………………. 30.000,oo
Azuay……………………………………. 15.000,oo
Cañar……………………………………. 10.000,oo
Oriente………………………………….. 5.000,oo
——————–
S/. 170.000,oo

El saldo de treinta mil sucres debe ser reservado para cuestiones de carácter imprevisto, con trascendencia nacional, como publicaciones de manifiestos en diarios, en hojas volantes, etc.

La cantidad de QUINIENTOS MIL SUCRES que la Dirección Ejecutiva considera urgentísima para los fines antes indicados, no contempla el gasto de carácter urgente también, que constituye la impresión de cuarenta millones de votos en papel Bond de 6 gramos, y que según la oferta hecha por la Imprenta “Rocafuerte” costaría, a razón de nueve sucres el millar, la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL SUCRES.

La Dirección Ejecutiva considera urgentísimo que se contrate inmediatamente la impresión de la fórmula electoral para evitar que las imprentas a última hora se nieguen a hacer el trabajo. La Dirección Ejecutiva conoce que la Imprenta “Senefelder” ha sido contratada ya para imprimir los votos de la candidatura del señor Galo Plaza en cuanto se nomine el candidato a la Vicepresidencia.

De acuerdo con la comunicación adjunta, el día de hoy deberán llegar los delegados del Buró Provincial de Manabí a fin de conferenciar con el Buró Nacional sobre la jira de los candidatos a la mencionada Provincia que, como se sabe, está programada para el nueve de abril. Los detalles nos los darán los susodichos delegados.

En Pichincha se considera que los candidatos deberán viajar el viernes 22 de abril para que pernocten en una hacienda ubicada en la zona de Machachi, a fin de que el sábado 23, por tierra, hagan su ingreso a la ciudad de Quito en donde permanecerán cuatro días, incluyendo en el itinerario la visita urgente a los cantones de Cayambe y Mejía.

La Dirección Ejecutiva cree conveniente sugerir que aprovechándose el viaje de los candidatos a la provincia de Pichincha se visiten también las de Imbabura, Carchi, Cotopaxi y Tungurahua, por lo cual se considera que la jira para esas cinco provincias debe ser calculada en diez días a fin de aprovechar el regreso y el viaje inmediato para las demás provincias del Litoral, y del Austro de la Sierra, especialmente a Loja.

En la ciudad de Ambato el día viernes 1o de abril, a las 8 de la noche, se va a efectuar una magnífica Asamblea de la Unidad, por lo cual la Dirección Ejecutiva considera necesario que se envíe por los menos dos delegados del Buró Nacional, y se permite sugerir que fueran el Director de Turno y el Coordinador Nacional, salvo la mejor opinión de los señores miembros del Buró Nacional.

Los miembros de la Directiva Provincial de la Unidad en Bolívar creen conveniente que los candidatos viajen a dicha provincia a partir del 15 de mayo, pues si se los atiende en sus necesidades de carácter económico, estarían preparados para un recibimiento digno a partir de la fecha indicada. Es necesario dejar constancia de que en la indicada provincia el gestor del movimiento de la Unidad y el que ha atendido los gastos que demandan la propaganda y las movilizaciones ha sido el actual director, Dr. Oswaldo Vásconez, de Guaranda, quien es un elemento relativamente joven que ha inspirado fe y convicción en las juventudes bolivarenses en favor de la Unidad. La Dirección Ejecutiva se permite sugerir que se le envíe por parte del Buró Nacional un oficio de agradecimiento que significaría a la vez un gran estimulo para un hombre de la Democracia que es un ejemplo en la lucha empeñada.

Asimismo, la Dirección Ejecutiva considera necesario que se envíen telegramas de agradecimiento por parte de la Dirección Nacional al Sr. Ing. Bolívar Chiriboga, Alcalde Riobamba, al Sr. Dr. Virgilio Machuca, Jefe de la Campaña en el Chimborazo, al Sr. Presidente del Concejo Cantonal de Alausí, en los que conste la gratitud del Buró Nacional de la Unidad por la forma brillante y magnífica con que se recibió y atendió a los candidatos y a su comitiva. En la misma forma debería hacerlo el Dr. Antonio Parra Velasco.

Sírvase usted recibir las muestras de mi consideración más especial.

Muy atentamente,
Dr. Jorge Zavala Baquerizo
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD


ANEXO
Detalle de gastos para la Provincia del Guayas.
Guayaquil y Movilización S/ 10.000
Samborondón Propaganda 40.000 S/ 50.000
Milagro Propaganda 5.000
Movilización 10.000 15.000
Santa Elena Propaganda 5.000
y Salinas Movilización 10.000 15.000
Yaguachi Propaganda 2.000
Movilización 3.000 5.000
Daule y Propaganda 5.000
Urbina Jado Movilización 5.000 10.000
Balzar Propaganda 2.000
Movilización 3.000 5.000
—————
S/. 100.000
Nota: En el rubro de “movilización” están comprendidos los gastos de transporte para las inscripciones preelectorales y para el día de las elecciones. 

Señor Doctor:

Se ha permitido Ud. mencionar mi nombre en el artículo publicado en El Universo de hoy, insinuando la posibilidad de que yo “había sido un buen candidato “para ser “nuestro Dorticos”.

Ello me mueve a pedir a Ud. formalmente que se abstenga de mencionar mi nombre en los jocosos escritos en los que le ha dado a Ud. por dar rienda suelta a su fantasía, para deleitación de la ciudadanía.

Ningún derecho tiene Ud. para mezclarme en sus preocupaciones “araistas”, ni en sus elucubraciones y fantasías de reformador social, ni en sus temores anticastristas.

¿En qué se funda Ud. para considerarme “buen candidato” a Dorticos ecuatoriano?

¿Será quizás por haber sido Ud. uno de los primeros ciudadanos en pedirme que autorizará la presentación de mi candidatura?

¿Quizás el haber sido amigo de Ud. durante muchos años, y haber tenido para con Ud. consideración y aprecio?

¿Tal vez por el hecho de haber participado como candidato presidencial, en la contienda política de 1960?

Si tal es la razón, bien vale la pena refrescarle la memoria en ciertos aspectos.

El primero es el relativo al nacimiento de esa candidatura. Tuvo su iniciación cuando Ud., en compañía de otros ciudadanos, se sirvió visitarme en el Rectorado de la Universidad, allá por el mes de……….. de 1959, para expresarme con suma bondad de parte de Uds., que consideraban que los merecimientos que, en conceptos de Uds. me adornaban, era conveniente para el país.

Es verdad que, con posterioridad, se apartó Ud. del grupo que mantenía mi candidatura, lo cual, Ud. lo sabe bien, no fué óbice para guardar por Ud. todas las consideraciones y amistad, como hasta entonces las había demostrado.

El segundo, que, varios meses después, se formó una coalición política entre los partidos socialistas, por entonces unificado, cefepista y comunista, con el propósito primordial de oponerse al avance conservador; coalición que me propuso apoyar mi candidatura, lo que fué aceptado por mí luego de consultar la opinión favorable de mis amigos políticos, entre los que se contaba todavía Ud. y sobre la base de un programa de acción gubernativa, que nada tenía de extremista y reflejaba una política de nacionalismo de izquierda equilibrado y efectivo, basado en el cumplimiento de la justicia social, sobre puntos concretos que a poco han sido proclamados por la llamada “Alianza para el Progreso”, dos años mas tarde, cuando recibieron el apoyo unánime, en la conferencia de Punta del Este: reforma agraria, viviendas, lucha contra el tugurio, el desempleo y desnutrición.

Pero, en 1959 y 1960, antes del “visto bueno”, esas ideas parecían crímenes contra la estabilidad social, crímenes del “comunismo internacional”, crímenes del “fidelismo”.
Esas ideas, esos propósitos, esa política, fueron los que expuse en mi campaña política, de la que no me arrepiento, sino que me ufano de ello, a lo largo y a lo ancho del país, sin insultar a nadie, sin amenazar a nadie, sin hacer demagogia, sin incurrir en fantasías ni en “araismos” de nueva invención.

Esos antecedentes son los que han dado a Ud. margen a escribir que yo “habría sido buen candidato a Dorticos ecuatoriano”.

Cierto, que la campaña política resultó, por diversos factores que no es del caso reseñar, una derrota para el candidato. Mas no para las ideas por él proclamadas.

Terminó la campaña, y no se levantó voz alguna para insultarme ni calumniarme.
Fue menester que ocurrieran nuevos acontecimientos para que se iniciara esa campaña de vileza de que he sido víctima.

Pero, con el correr del tiempo, ocurrieron nuevos hechos políticos, que cambiaron las cosas.

Los abusos del Alcalde Menéndez culminaron en el asalto de la Universidad de Guayaquil, cuyos autores debieron ser sancionados.

Y ello trajo aparejado que el Alcalde Menéndez salió en defensa de sus “muchachos”? y no encontró arma mejor que la que es de moda esgrimir en estos tiempos obscuros en que vivimos. Me estampó el epíteto de comunista, con que, por sarcasmo extraño de nuestra época, se suele estampar a los hombres libres.

Y se inició en mi contra una campaña de calumnias, a las que se sumaron, clérigos pseudo católicos, reaccionarios de todo cuño, y “amigos” de los Estados Unidos y esbirros de los Yanquis, que no aceptan las ideas sino cuando sus amos las han aceptado primero, le han dado pase libre.

A esta campaña quiere Ud. sumarse, con su frase de “buen candidato a Dorticos ecuatoriano” que se la rechazo, como he rechazado todas las demás calumnias en mi contra.

Soy nacionalista, no de los que doblega la cerviz ante el extranjero poderoso, mientras quieren seguir estrangulando al pueblo ecuatoriano, sino de los nacionalistas de verdad, que quieren que el Ecuador y el Mundo Hispanoamericano, hagan su propia política, de manera independiente y soberano y realicen su revolución social, a su propia manera, en forma ordenada y justa, pero de manera efectiva, que reclama para nuestros países, el derecho a adoptar libremente la política que les venga en gana, sin tener que consultar al poderoso vecino, que proclaman consecuentemente la autodeterminación de nuestros pueblos y repudia, consecuentemente, toda intervención.

Siga escribiendo, Señor Doctor, para entretener a sus lectores. Pero trate de no alejarse de la verdad.

Diviértalos con su “araismo”…. pero no mezcle mi nombre en sus antojadizas divagaciones.

Atentamente,

Antonio Parra Velasco 

© Copyright 2019 Simon Parra Gil - All Rights Reserved